A 18 años de aprobada la Ley de Caducidad
Publicado en Diario La Repíblica 16/12/04.
El 22 de diciembre, cumplirá mayoría de edad una ley que es la materialización de la cobardía y el oprobio de nuestra democracia. La aprobación por el Parlamento de esa ley nos transformó a los ojos del mundo en el "paraíso de la impunidad".
Pero es algo más. Nos referiremos a ese algo más implícito en la forma en que se materializó esa ley. Es esperable que esa mayoría de edad la haga imputable a los ojos y la voluntad política de estos nuevos tiempos que vivirá el Uruguay a partir del 1º de marzo. Que posteriormente esa norma haya sido refrendada por el voto popular, en nada deberían disminuir los juicios que esos aspectos nos merecen.
El doctor Sanguinetti nos puso en la pista de algunos de esos elementos. Efectivamente dijo días pasados a la Justicia que incluyó los asesinatos de mayo del 76 del caso Michelini - Gutiérrez Ruiz en la Ley de Caducidad, porque en el crimen "había una posible conexión uruguaya", y "era evidente que esta conexión refería a eventuales mandos militares o policiales". Y que "al establecerse públicamente que, si bien los ejecutores eran argentinos, había una posible conexión uruguaya, (y) era evidente que esta conexión refería a eventuales mandos militares o policiales. Fue por esa causa que hicimos esa referencia, que es un concepto amplio, y que no hace ninguna referencia ni alusión personal a alguien". Explicó a la salida del juzgado que "...establecimos el criterio (...) que la Ley de Caducidad es una Ley de Amnistía,(...) con un sentido genérico y amplio...".
Estas explicaciones fueron acompañadas en una nota de prensa, con la versión que él da en un libro, sobre el origen y la motivación de la instrumentación de la citada ley: una manifestación ante el Centro Militar motivó " ... una amnistía general, que extendiera a los militares la misma generosidad tenida para con los guerrilleros". De esta manera, el ex presidente traslada la responsabilidad de aquel vergonzante acto del 22 de diciembre del 86, de los desacatados militares a " ...una manifestación convocada por un irresponsable senador que manejaba una audición radial de mucho impacto en la militancia de izquierda...". Poco importa para la "verdad" que Sanguinetti quiere consignar en su libro, que la generosidad extendida a los militares supera con creces a la concedida a los presos políticos que en caso de estar incursos en delitos de sangre, debieron afrontar causas en juzgados penales civiles luego de pasar largos años en prisiones y otras más ignominiosas formas de reclusión.
Pero la construcción de esta versión de la historia reciente del país tiene además otros ingredientes propios de la manipulación a las que nos tiene acostumbrados don Julio María. No las ubica en el lugar geográfico donde se pudiera oír el ruido de los sables militares, sino a bordo de un avión que surcaba cielos brasileños. Tampoco su "generosa" decisión es tomada ante un ministro de Defensa que en su condición de militar de la dictadura se desacataba guardando las citaciones judiciales en la caja fuerte de su despacho, sino de Zumarán y Seregni que lo acompañaban en ese vuelo.
Pero vayamos a las declaraciones recientes. La Constitución establece que un proyecto de ley desechado no puede ser presentado hasta la siguiente legislatura. En 1986 el Parlamento ya había rechazado una amnistía para los delitos cometidos en la dictadura por los militares, mal pudo entonces -salvo burlándose de la Constitución- aprobar una amnistía mediante el recurso de pasar gato por liebre... y que posteriormente la Suprema Corte de Justicia dictaminara que el gato es liebre.
Admitamos que fuimos objeto de tamaña estafa y que los autores de ella fueron los integrantes de poderes del Estado encargados justamente de legislar y aplicar las leyes.
Si la Caducidad es una generosa amnistía a la que le cambiaron el nombre para burlarse de una disposición constitucional, no se entiende que el gobierno que se instalará el 1º de marzo manifieste que en relación a los desaparecidos se limitará a cumplir el artículo 4º de esa ley como el techo de su acción en ese terreno.
Es importante agregar, por otra parte, que aplicar dicho artículo sólo es posible o consecuencia de otros dos actos: el primero, la radicación de una denuncia penal relativa a una desaparición, y la segunda, de la aplicación correcta de lo establecido en los tres artículos que preceden al 4º.
Actualmente no se podría investigar por imperio del artículo 4º la totalidad de los casos de desaparición, por la simple razón de que sobre todos no se radicó la correspondiente denuncia penal que dispara los mecanismos de la Ley de Caducidad: el requerimiento del juez al Ejecutivo de si ese hecho está comprendido en el artículo 1º de la mencionada normativa y la resolución del Ejecutivo de que efectivamente está comprendido el caso en la Ley de Caducidad.
Sabido es que la aplicación correcta y estricta de lo establecido en la Ley de Caducidad, aun sin tomar en cuenta las obligaciones que emergen de las normas internacionales, no es la que aplicaron las últimas administraciones blancas y coloradas. Estas administraciones han sostenido una política que está claramente explicitada en documentos y pronunciamiento del Poder Ejecutivo. En efecto, han escrito que "Los términos muy amplios del Artículo 1º de la Ley, que declara la caducidad de la pretensión punitiva del Estado en relación a los delitos alcanzados por la misma impide también, como corolario, investigarlos".
Los Familiares en su libro "A todos ellos" detallan en sus más de 500 páginas, hechos delictivos que podrían entrar en la categoría de "nuevos" para la Justicia. Va más allá, incluyen listas de eventuales responsables y lugares donde se cometieron. Entre ellos, dónde estarían los cuerpos de desaparecidas. Tanto por su contenido, como por el marco en que se hizo público el libro -medios de prensa y futuras autoridades de gobierno-, no debería pasar desapercibido. Es más, hasta sería saludable que un juez o un fiscal penal lo pidiera y actuara de oficio.
La nueva administración no puede sentir que "los términos muy amplios" de la caducidad le impide investigarlos. Tampoco podrá usar la caducidad para sustraerlos de la acción judicial. Las decisiones políticas que deberán hacerse, se harán tanto a la luz de las definiciones programáticas, como de obligaciones éticas y morales que justamente se refieren a TODOS ELLOS, los que dieron todo -hasta su vida- para ese logro de la lucha popular que es el gobierno de la izquierda.
