EN HOMENAJE A HUGO CORES
“Si olvido y memoria, al decir de Borges, son como cara y ceca de una misma moneda ¿Cuál es la relación entre olvido y omisión?
El olvido es del orden del inconsciente, la omisión es racional e intencional.
Si bien el olvido no es ingenuo, menos lo es la omisión”.
(Tomado de “Docencia y Memoria”, del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina, CETERA-CTA).
Las organizaciones gremiales de nuestro país, son algo más que la actividad que realizan en el presente. Son una construcción donde se deposita la cultura obrera, los aportes de nuestros antecesores. Por esa razón, además de la preservación de ellas - en tanto parte de nuestro patrimonio y herramienta imprescindible de lucha-, es importante no perder en la dinámica de las urgencias del momento los aportes de quienes, como José D´Elia y Hugo Cores, forman parte de nuestro mejor pasado. No es un simple ritual, el hecho de que en el pasado 1º de mayo, el PIT/CNT, los haya homenajeado.
En este espacio hoy queremos, a la vez que rendir homenaje a Hugo Cores quien fuera vicepresidente de la CNT, referirnos al tema de la memoria y los desafíos actuales. Para ello, nada más adecuado que rescatar el propio pensamiento de Cores al respecto.
La memoria, que es imprescindible para vincularnos al pasado, era para Cores un elemento que nos ponía en mejores condiciones para no perder de vista los “orígenes” de los temas del “presente”. Al respecto, cuando reflexionaba, refiriéndose por ejemplo, a los reclamos que dieron origen a la ley 18.033 , decía: “Algunos temas presentes en el debate de hoy requieren no perder de vista sus orígenes (…) tiene que ver con un aspecto de fondo del pasado de nuestra sociedad sobre el que existen opiniones encontradas (…) En este como en otros terrenos, la memoria es un campo de batalla. Se enfrentan hombres, partidos y siempre, por encima y por debajo, todopoderosas, las clases sociales”.
Para Cores, los que poseían el poder económico, el de los medios de comunicación y que controlan el aparato estatal “trazan y reproducen una visión del curso histórico”. Seguramente por eso, la iniciativa que desde el aparato estatal (Poder Ejecutivo ejercido por integrantes de la izquierda) se impulso de reparar conjuntamente a las victimas del terrorismo de Estado y a las supuestas víctimas de la “sedición”, causó tanto desconcierto en filas de la izquierda y el movimiento popular.
De esos tres elementos –poder económico, de los medios de comunicación y el aparato estatal-, se supone que el último, cambio radicalmente de manos. Por esa razón es impensable que desde el aparato estatal con su actual conformación, se sostenga una visión, que como bien lo han señalado las organizaciones defensoras de los derechos humanos, fortalece las manida “teoría de los dos demonios”.
Ese periodo que se intenta explicar a partir de esa teoría, era muy bien registrada por Cores, cuando reclamaba que en ese tema “sería importante, al menos entre nosotros, ponerse de acuerdo”.
En ese registro minucioso, Cores anotaba:”En los 60 y 70, miles de hombres y mujeres se rebelaron contra las injusticias y los despojos que los gobiernos colorados de la época imponían a los trabajadores. (...) en el principio fue la congelación salarial. Y la represión para quienes rechazaban el despojo. Los cuarteles y las cárceles se abrieron para alojar a los que protestaban contra eso. Así ingresaron la policía y el ejército, con un rol bien preciso, en la dinámica de las luchas sociales. Y lo hicieron, durante decenios, para volcar la balanza a favor de los empresarios, de los banqueros y de los estancieros. En defensa del orden. Del orden conservador, claro”.
Cores preguntaba y respondía: “¿Cómo fueron presentados por el Estado los luchadores sociales y políticos de la década del 60 y 70? ¿Cómo se formuló por parte del Estado el ingreso de las Fuerzas Armadas a posiciones de gobierno antes y después del golpe de Estado?”.
Entre 1972 y marzo de 1985 desde el Estado se sostuvo que en Uruguay no existían lo presos políticos. Había sí delincuentes subversivos. Se prohibió a texto expreso llamarlos de otra manera que no fuera esa. Cerraban una emisora o clausuraban un diario si se los nombraba usando otras palabras.
Los obreros y los sindicalistas, los luchadores de las organizaciones guerrilleras, esos subversivos eran, para el Estado, agentes de una conspiración mundial con centro en Moscú y La Habana; se proponían construir un Imperio Rojo. “El Planisferio Rojo” publicado por El País fue la expresión gráfica más espectacular de estos postulados. (…) Las fuerzas defensoras del orden conservador, eran, como expresamente lo dicen los textos de la Junta de Comandantes, “el último bastión de defensa de la patria ante la agresión externa”. Habían salido de los cuarteles para salvar al país. (…) Para ese pensamiento, los hombres y mujeres que estuvieron presos, lejos de ser víctimas de la represión del terrorismo de Estado, son “enemigos” a los que se derrotó, sobrevivientes de una agresión a la patria oportunamente conjurada por la acción sacrificada de las Fuerzas Armadas”.
Cores en esas reflexiones de pocos meses antes de su muerte, pronosticaba que “con el advenimiento del gobierno popular retoma vigencia la cuestión de la reparación a las víctimas de la dictadura”, y al referirse a ella decía que “debe ser completa y empieza por el restablecimiento de la verdad”.
Si como Hugo Cores analizaba, la realidad en la que se encontraba el gobierno progresista era “el resultado de una hermética política a favor de la impunidad llevada adelante durante más de veinte años por blancos y colorados”, no se entiende que el Uruguay siga “postergando su actualización en relación a la vigencia en el país de los Tratados Internacionales” y para ello declare la nulidad de la ley de caducidad. Menos puede entenderse aún, que se propicien iniciativas que extienden el ocultamiento de la verdad, al contexto histórico en que se cometieron tantas violaciones a los derechos humanos.
Para finalizar estas reflexiones sobre algunos problemas del presente, rescatando –como homenaje-, el pensamiento de Hugo Cores, trascribimos esto: “Una comunidad desinformada acerca de su pasado inmediato no está en condiciones de tomar el presente en sus manos. Actúa por inercia o por las órdenes de jefes, tecnócratas o profetas, amplificados de acuerdo a la voluntad de los medios de comunicación que reproducen siempre el poder de unos pocos. Conocer el pasado libera, provee de herramientas racionales con las que, asumiendo la realidad de lo pasado, enfrentar lo porvenir”.
En esa tarea, es imprescindible poner todos nuestros esfuerzos y desvelos.
Raúl Olivera Alfaro.
Integrante de la Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales del PIT/CNT.
Artículo publicado en la revista de AFCASMU “Internos”.
viernes, 29 de diciembre de 2006
viernes, 22 de diciembre de 2006
1986-22 de diciembre-2006. A 20 AÑOS DE LA INSTALACION DE LA IMPUNIDAD EN EL URUGUAY.
El pasado 21 de noviembre, un conjunto de ciudadanos llamaron a la constitución de una Coordinadora Nacional por la anulación de la ley de caducidad.
Desde aquel 22 de diciembre de hace 20 años, el Poder Ejecutivo de los gobiernos blancos y colorados se pararon ante la puerta de los tribunales de justicia, impidiendo que el reclamo del derecho a la justicia se hiciera efectivo.
Los cambios que instalaron en el país los ciudadanos el pasado octubre de 2004, hicieron posible lo único que puede hacer un gobierno sin violentar el derecho interno vigente: permitir a partir de una aplicación no arbitraria ni antojadiza de la ley de caducidad que los ciudadanos pudieran presentarse ante los magistrados reclamando justicia.
Sin embargo ese avance sustancial que se produjo con relación a las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar, no garantiza la vigencia del precepto democrático fundamental de que todos debemos ser iguales ante la ley.
Algunos de los responsables de los asesinatos de Michelini, Gitierrez Ruiz, Barredo y Withelau, pudieron ser enjuiciados, pero los responsables del asesinato de Hugo de los Santos, no.
Algunos de los responsables de la desaparición de Adalberto Soba, pudieron ser enjuiciados, pero los responsables de la desaparición de Gerardo Gatti y otros desaparecidos en Argentina, no.
Alguno co autor de la desaparición de Elena Quinteros pudo ser enjuiciado, pero los autores materiales del secuestro, no.
Pese a que el Poder Ejecutivo actual, no es el perro guardián de la impunidad instalado a las puertas de los tribunales, los ciudadanos que acuden a los juzgados no tienen la seguridad jurídica de que sus derechos serán atendidos. Ese triste y lamentable suerte para sus familiares y para la sociedad uruguaya, es la que sufrió el caso de María Claudia García del Gelman.
El mantenimiento en nuestro ordenamiento jurídico interno de una norma como la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, no solo expone al país ante la comunidad internacional. También obliga al gobierno progresista a sujetarse a esa ley y trasladar esa desigualdad ante la ley, a las victimas.
No es este el modelo de convivencia social que las generaciones actuales reclaman con plena vigencia de los derechos humanos, sin miedos, sin impunidad y sin obstáculos para juzgar a quienes amparados en el poder de la dictadura, cometieron las más crueles violaciones de los derechos humanos.
A 20 años de instalada la impunidad, llamamos a los ciudadanos a suscribir el llamamiento de constitución de la Coordinadora Nacional por la anulación de la ley de caducidad y a sumarse a las actividades que conduzcan a ese fin.
Para ello, el 22 de diciembre se instalaran cientos de mesas en todo el pais, para que se adhieran a la misma.
Desde aquel 22 de diciembre de hace 20 años, el Poder Ejecutivo de los gobiernos blancos y colorados se pararon ante la puerta de los tribunales de justicia, impidiendo que el reclamo del derecho a la justicia se hiciera efectivo.
Los cambios que instalaron en el país los ciudadanos el pasado octubre de 2004, hicieron posible lo único que puede hacer un gobierno sin violentar el derecho interno vigente: permitir a partir de una aplicación no arbitraria ni antojadiza de la ley de caducidad que los ciudadanos pudieran presentarse ante los magistrados reclamando justicia.
Sin embargo ese avance sustancial que se produjo con relación a las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar, no garantiza la vigencia del precepto democrático fundamental de que todos debemos ser iguales ante la ley.
Algunos de los responsables de los asesinatos de Michelini, Gitierrez Ruiz, Barredo y Withelau, pudieron ser enjuiciados, pero los responsables del asesinato de Hugo de los Santos, no.
Algunos de los responsables de la desaparición de Adalberto Soba, pudieron ser enjuiciados, pero los responsables de la desaparición de Gerardo Gatti y otros desaparecidos en Argentina, no.
Alguno co autor de la desaparición de Elena Quinteros pudo ser enjuiciado, pero los autores materiales del secuestro, no.
Pese a que el Poder Ejecutivo actual, no es el perro guardián de la impunidad instalado a las puertas de los tribunales, los ciudadanos que acuden a los juzgados no tienen la seguridad jurídica de que sus derechos serán atendidos. Ese triste y lamentable suerte para sus familiares y para la sociedad uruguaya, es la que sufrió el caso de María Claudia García del Gelman.
El mantenimiento en nuestro ordenamiento jurídico interno de una norma como la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, no solo expone al país ante la comunidad internacional. También obliga al gobierno progresista a sujetarse a esa ley y trasladar esa desigualdad ante la ley, a las victimas.
No es este el modelo de convivencia social que las generaciones actuales reclaman con plena vigencia de los derechos humanos, sin miedos, sin impunidad y sin obstáculos para juzgar a quienes amparados en el poder de la dictadura, cometieron las más crueles violaciones de los derechos humanos.
A 20 años de instalada la impunidad, llamamos a los ciudadanos a suscribir el llamamiento de constitución de la Coordinadora Nacional por la anulación de la ley de caducidad y a sumarse a las actividades que conduzcan a ese fin.
Para ello, el 22 de diciembre se instalaran cientos de mesas en todo el pais, para que se adhieran a la misma.
viernes, 8 de diciembre de 2006
UN TIEMPO DE MEMORIA
EN MEMORIA DE HUGO CORES.
Articulo firmado por Raul Olivera y Sara Néndez, publicado en Brecha del 8/12/06
El miércoles cuando terminaba el día, se termino un tiempo. No el de Hugo, aunque es cierto que culminó su presencia física entre nosotros- si, un tiempo de la memoria.
Hugo debió ser el portador durante sus últimos 30 años de vida, con una parte importante de nuestra memoria. También debió cargar con la responsabilidad de que una parte de esa memoria, fuera una memoria organizada y combatiente.
Era hasta esa noche, el único sobreviviente de la primera dirección del Partido por la Victoria del Pueblo, por eso con él se fue un tiempo de la memoria. También nos secuestraron un tiempo de la memoria, con Gerardo, con León, con Alberto. Mauricio, al igual que Hugo anoche, se le paró el corazón en una calle de Montevideo y otro tiempo de la memoria se fue con él
La memoria puede ser para las personas, una pesada e insoportable carga. Para las personas que optan por organizarse para la acción política, es un insumo insustituible. Tanto para fortalecer los lazos personales con los compañeros de lucha, como para no olvidar de donde venimos y hacia donde nos propusimos ir.
Quizás, nunca tengamos la capacidad de sopesar la carga que significó a él, tener que ser desde su exilio obligado en Europa un testigo impotente del genocidio, la tortura, el robo de sus hijos y la cárcel de sus más entrañables compañeros. Y también con los naufragios personales del exilio de los sobrevivientes, rearmarse para seguir la lucha.
Hugo era un polemista, un discutidor, con una profundidad y una sabiduría que iba enseñando. Sabía ser filoso en sus razonamientos, sin herir más que lo que era su preocupación fundamental: las ideas que guían la acción política. Sus razonamientos, no descartaban, un fino humor.
Supo representar en su persona y en sus opiniones una corriente de la izquierda. Esa no es una tarea fácil. Sobre sus editoriales o las contratapas de los lunes en La república; sobre sus discursos encendidos y hasta sus libros, solía consultar a sus compañeros. Sabía prestar especial atención a las críticas de sus adversarios políticos.
Dije y me corrijo, que sus discursos eran encendidos. Era un orador de barricada, de esos que soplan la llama ya encendida de sus oyentes. No buscaba la llama, sino la braza, más perdurable.
Fue uno de los primeros objetivos de la patota de represores uruguayos que actuaron en Argentina. Fue uno de los artífices de la denuncia a la dictadura, del trabajo en el exilio que evitó la tentación de “desensillar hasta que aclare”.
Luego de su obligado exilio en Paris, se fue acercando a la región radicándose en Brasil. Donde nuevamente la patota de represores uruguayos lo intenta secuestrar en 1978.
En 1984, fue uno de los impulsores del habeas corpus colectivo presentado por todos desaparecidos uruguayos en la Argentina, en el que se documenta y fundamenta la coordinación represiva en ambas márgenes del Plata.
Ya en Uruguay, en una oportunidad atentaron contra su vida, poniéndole una bomba en su auto.
Fue diputado y cuando debió hacerlo, renunció a su banca. Supo poner su prestigio y su batallador discurso, para que un Congreso del Frente Amplio se volcara a extender sus políticas de alianzas en el marco del Encuentro Progresista.
Su compromiso con la verdad y la justicia, lo encontró en esa última reunión del Secretariado del PVP, preocupado por la marcha de la nueva causa que se presentaría reclamando verdad y justicia para Gustavo y Nelson, los compañeros desaparecidos en 1977, en Paraguay. Y porque lenta pero inexorablemente se terminara con la impunidad en el país.
Conocí y milite junto a él, hace casi 40 años. Lo conocí buscando empecinadamente la justicia, cuando éramos simples, puros, rigurosos. El tiempo y sus cambios convirtieron la simpleza en complejidad, la pureza en complicidad y el rigor en un abanico inabarcable de matices. En ese mundo Hugo siguió buscando la justicia, porque siguió siendo simple, puro y riguroso.
Se termino, es cierto, un tiempo de la memoria. Habrá que encontrar nuevos hilos, que en el viejo telar del socialismo y la libertad, se mezclen con la vieja e indestructible urdimbre de nuestro pasado. Que así, sea.
Raúl Olivera – Sara Méndez
Articulo firmado por Raul Olivera y Sara Néndez, publicado en Brecha del 8/12/06
El miércoles cuando terminaba el día, se termino un tiempo. No el de Hugo, aunque es cierto que culminó su presencia física entre nosotros- si, un tiempo de la memoria.
Hugo debió ser el portador durante sus últimos 30 años de vida, con una parte importante de nuestra memoria. También debió cargar con la responsabilidad de que una parte de esa memoria, fuera una memoria organizada y combatiente.
Era hasta esa noche, el único sobreviviente de la primera dirección del Partido por la Victoria del Pueblo, por eso con él se fue un tiempo de la memoria. También nos secuestraron un tiempo de la memoria, con Gerardo, con León, con Alberto. Mauricio, al igual que Hugo anoche, se le paró el corazón en una calle de Montevideo y otro tiempo de la memoria se fue con él
La memoria puede ser para las personas, una pesada e insoportable carga. Para las personas que optan por organizarse para la acción política, es un insumo insustituible. Tanto para fortalecer los lazos personales con los compañeros de lucha, como para no olvidar de donde venimos y hacia donde nos propusimos ir.
Quizás, nunca tengamos la capacidad de sopesar la carga que significó a él, tener que ser desde su exilio obligado en Europa un testigo impotente del genocidio, la tortura, el robo de sus hijos y la cárcel de sus más entrañables compañeros. Y también con los naufragios personales del exilio de los sobrevivientes, rearmarse para seguir la lucha.
Hugo era un polemista, un discutidor, con una profundidad y una sabiduría que iba enseñando. Sabía ser filoso en sus razonamientos, sin herir más que lo que era su preocupación fundamental: las ideas que guían la acción política. Sus razonamientos, no descartaban, un fino humor.
Supo representar en su persona y en sus opiniones una corriente de la izquierda. Esa no es una tarea fácil. Sobre sus editoriales o las contratapas de los lunes en La república; sobre sus discursos encendidos y hasta sus libros, solía consultar a sus compañeros. Sabía prestar especial atención a las críticas de sus adversarios políticos.
Dije y me corrijo, que sus discursos eran encendidos. Era un orador de barricada, de esos que soplan la llama ya encendida de sus oyentes. No buscaba la llama, sino la braza, más perdurable.
Fue uno de los primeros objetivos de la patota de represores uruguayos que actuaron en Argentina. Fue uno de los artífices de la denuncia a la dictadura, del trabajo en el exilio que evitó la tentación de “desensillar hasta que aclare”.
Luego de su obligado exilio en Paris, se fue acercando a la región radicándose en Brasil. Donde nuevamente la patota de represores uruguayos lo intenta secuestrar en 1978.
En 1984, fue uno de los impulsores del habeas corpus colectivo presentado por todos desaparecidos uruguayos en la Argentina, en el que se documenta y fundamenta la coordinación represiva en ambas márgenes del Plata.
Ya en Uruguay, en una oportunidad atentaron contra su vida, poniéndole una bomba en su auto.
Fue diputado y cuando debió hacerlo, renunció a su banca. Supo poner su prestigio y su batallador discurso, para que un Congreso del Frente Amplio se volcara a extender sus políticas de alianzas en el marco del Encuentro Progresista.
Su compromiso con la verdad y la justicia, lo encontró en esa última reunión del Secretariado del PVP, preocupado por la marcha de la nueva causa que se presentaría reclamando verdad y justicia para Gustavo y Nelson, los compañeros desaparecidos en 1977, en Paraguay. Y porque lenta pero inexorablemente se terminara con la impunidad en el país.
Conocí y milite junto a él, hace casi 40 años. Lo conocí buscando empecinadamente la justicia, cuando éramos simples, puros, rigurosos. El tiempo y sus cambios convirtieron la simpleza en complejidad, la pureza en complicidad y el rigor en un abanico inabarcable de matices. En ese mundo Hugo siguió buscando la justicia, porque siguió siendo simple, puro y riguroso.
Se termino, es cierto, un tiempo de la memoria. Habrá que encontrar nuevos hilos, que en el viejo telar del socialismo y la libertad, se mezclen con la vieja e indestructible urdimbre de nuestro pasado. Que así, sea.
Raúl Olivera – Sara Méndez
domingo, 26 de noviembre de 2006
LAS PISTAS DEL SEGUNDO VUELO.
UNA.
El diario brasileño del Estado de San Pablo “O Estado” publicaba en enero de 1983 una entrevista a un integrante de los servicios de seguridad de la Argentina, cuya identidad no era revelada. En el curso de la nota, ese represor manifestaba que una niña hija de una pareja de uruguayos secuestrados en Buenos Aires en el año 1976, había sido adoptada por otro integrante de las fuerzas de seguridad que actuaba con el entrevistado en la misma base de operaciones.
De los menores que habían quedado desaparecidos a partir de la acción coordinada de las dictaduras de ambos lados del Plata contra el Partido por la Victoria del Pueblo, sólo dos eran niñas: Mariana Zaffaroni y Eva Lucia Julién Grisonas. Esta última había sido ubicada en la ciudad chilena de Valparaíso, por lo que de ser verdad lo dicho en el reportaje, sólo podía tratarse de la hija de María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni Castilla desaparecidos el 23 de setiembre de 1976.
Integrantes de la familia Zaffaroni, que se encontraban radicadas en Brasil, leyeron la nota periodística se entrevistaron de inmediato con el periodista que había realizado la nota con el ex militar con el objetivo de saber algo más sobre la niña hija de uruguayos apropiada por un integrante de los servicios argentinos. Pese a que no logran que el periodista revele la identidad del represor, logran sí, el compromiso de que investigaría sobre el relato de la niña adoptada. Tres meses después el periodista brasileño concertó una entrevista entre Marta Castilla de Zaffaroni la madre de Jorge Zaffaroni y el ex militar argentino.
Los periodistas chilenos Marisol Santelices Altamirano y Hernán Dinamarca en el libro “¿Dónde Están? La historia de los 13 niños desaparecidos”, publicado por el diario LA REPÚBLICA en las páginas 50 y 51, dan una exacta versión de la entrevista entre Marta Castilla y el ex represor.
“-Yo salí de Argentina en 1979 por saber demasiadas cosas y en algún momento alguien iba a tener que cargar con las culpas. Pero no estoy arrepentido de nada porque aquello era una guerra.
-Pero ¿qué sabe de mi hijo?
-Yo sólo interrogaba, otros torturaban. A los uruguayos se los llevaron a su país, por lo que tiene que reclamarlo allá y no en Argentina.
- mi hijo? -preguntó la mujer con insistencia.
-Sobre su hijo no estoy bien informado. El y su esposa no eran terroristas, eran idealistas que vivían casi en la miseria..;:
- qué ocurrió con la niña adoptada que usted menciona en la entrevista?
-La adoptó un amigo.
En ese momento Marta Castilla le mostró una foto de Mariana. El ex militar cambió de actitud.
-Puede ser la niña. Pero no sé si quien la adoptó continúa viviendo en Argentina.
-Dígame el nombre de esa persona.
-No se preocupe señora porque si su nieta está en otras manos debe estar igual o mejor que con usted.
-Dígame el nombre de esa persona -insistió con rabia.
-Quien tiene la niña es un amigo y a él no lo traicionare.
Y dio por terminada la entrevista.”
Las acciones emprendidas para ubicar a Mariana en la Argentina a partir de la información brindada por este represor, finalmente dio resultados. La publicación de un aviso pago en el diario “‘Clarín” de Buenos Aires el 20 de mayo de 1983 con la foto de Mariana, sus señas personales y el relato del secuestro acompañado de las direcciones de Abuelas en Buenos Aires y CLAMOR en San Pablo para que se enviaran datos o informaciones, permitió que meses después se obtuvieran pistas firmes que culminarían con la ubicación de Mariana Zaffaroni en manos del agente de la SIDE Miguel Ángel Furci.
Pero lo que nos interesaba de estos hechos, era otra información brindada por el ex represor hace ya 23 años: A los uruguayos se los llevaron a su país, por lo que tiene que reclamarlo allá y no en Argentina. Si era cierto que Mariana había sido apropiada por un integrante del SIDE argentino, también debía ser cierto que a los secuestrados del PVP de setiembre y octubre de 1976, los habían llevado al Uruguay.
23 años después y habiéndose finalmente logrado la confirmación de esos hechos denunciados incansablemente durante todos estos años por parte de las fuerzas armadas, no sabemos quienes integraban ese vuelo, y dónde están.
¿Cuánto deberemos esperar?
¿Es construyéndoles confortables cárceles que el Estado contribuirá para que los criminales sigan guardándose el secreto de sus aberrante crímenes?
¿Es manteniendo la impunidad de la ley de caducidad, que alumbraremos los cambios con verdad y justicia?.
El diario brasileño del Estado de San Pablo “O Estado” publicaba en enero de 1983 una entrevista a un integrante de los servicios de seguridad de la Argentina, cuya identidad no era revelada. En el curso de la nota, ese represor manifestaba que una niña hija de una pareja de uruguayos secuestrados en Buenos Aires en el año 1976, había sido adoptada por otro integrante de las fuerzas de seguridad que actuaba con el entrevistado en la misma base de operaciones.
De los menores que habían quedado desaparecidos a partir de la acción coordinada de las dictaduras de ambos lados del Plata contra el Partido por la Victoria del Pueblo, sólo dos eran niñas: Mariana Zaffaroni y Eva Lucia Julién Grisonas. Esta última había sido ubicada en la ciudad chilena de Valparaíso, por lo que de ser verdad lo dicho en el reportaje, sólo podía tratarse de la hija de María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni Castilla desaparecidos el 23 de setiembre de 1976.
Integrantes de la familia Zaffaroni, que se encontraban radicadas en Brasil, leyeron la nota periodística se entrevistaron de inmediato con el periodista que había realizado la nota con el ex militar con el objetivo de saber algo más sobre la niña hija de uruguayos apropiada por un integrante de los servicios argentinos. Pese a que no logran que el periodista revele la identidad del represor, logran sí, el compromiso de que investigaría sobre el relato de la niña adoptada. Tres meses después el periodista brasileño concertó una entrevista entre Marta Castilla de Zaffaroni la madre de Jorge Zaffaroni y el ex militar argentino.
Los periodistas chilenos Marisol Santelices Altamirano y Hernán Dinamarca en el libro “¿Dónde Están? La historia de los 13 niños desaparecidos”, publicado por el diario LA REPÚBLICA en las páginas 50 y 51, dan una exacta versión de la entrevista entre Marta Castilla y el ex represor.
“-Yo salí de Argentina en 1979 por saber demasiadas cosas y en algún momento alguien iba a tener que cargar con las culpas. Pero no estoy arrepentido de nada porque aquello era una guerra.
-Pero ¿qué sabe de mi hijo?
-Yo sólo interrogaba, otros torturaban. A los uruguayos se los llevaron a su país, por lo que tiene que reclamarlo allá y no en Argentina.
- mi hijo? -preguntó la mujer con insistencia.
-Sobre su hijo no estoy bien informado. El y su esposa no eran terroristas, eran idealistas que vivían casi en la miseria..;:
- qué ocurrió con la niña adoptada que usted menciona en la entrevista?
-La adoptó un amigo.
En ese momento Marta Castilla le mostró una foto de Mariana. El ex militar cambió de actitud.
-Puede ser la niña. Pero no sé si quien la adoptó continúa viviendo en Argentina.
-Dígame el nombre de esa persona.
-No se preocupe señora porque si su nieta está en otras manos debe estar igual o mejor que con usted.
-Dígame el nombre de esa persona -insistió con rabia.
-Quien tiene la niña es un amigo y a él no lo traicionare.
Y dio por terminada la entrevista.”
Las acciones emprendidas para ubicar a Mariana en la Argentina a partir de la información brindada por este represor, finalmente dio resultados. La publicación de un aviso pago en el diario “‘Clarín” de Buenos Aires el 20 de mayo de 1983 con la foto de Mariana, sus señas personales y el relato del secuestro acompañado de las direcciones de Abuelas en Buenos Aires y CLAMOR en San Pablo para que se enviaran datos o informaciones, permitió que meses después se obtuvieran pistas firmes que culminarían con la ubicación de Mariana Zaffaroni en manos del agente de la SIDE Miguel Ángel Furci.
Pero lo que nos interesaba de estos hechos, era otra información brindada por el ex represor hace ya 23 años: A los uruguayos se los llevaron a su país, por lo que tiene que reclamarlo allá y no en Argentina. Si era cierto que Mariana había sido apropiada por un integrante del SIDE argentino, también debía ser cierto que a los secuestrados del PVP de setiembre y octubre de 1976, los habían llevado al Uruguay.
23 años después y habiéndose finalmente logrado la confirmación de esos hechos denunciados incansablemente durante todos estos años por parte de las fuerzas armadas, no sabemos quienes integraban ese vuelo, y dónde están.
¿Cuánto deberemos esperar?
¿Es construyéndoles confortables cárceles que el Estado contribuirá para que los criminales sigan guardándose el secreto de sus aberrante crímenes?
¿Es manteniendo la impunidad de la ley de caducidad, que alumbraremos los cambios con verdad y justicia?.
jueves, 26 de octubre de 2006
LA DESCENTRALIZACION EN EL GOBIERNO CANARIO
Publicado en La República 26/10/06
El 24 de setiembre culminó formalmente con las instalaciones de las Juntas Locales de La Paz y Las Piedras un proceso que se había iniciado el 18 de julio en la ciudad de Pando. De esta forma se cumplió con la letra del programa que llevó a la izquierda al gobierno de Canelones y al Dr. Marcos Carámbula a ejercer la titularidad del gobierno departamental.
Pese la importancia que la materialización de ese proceso tiene, para muchos niveles de la sociedad paso desapercibida o no fue debidamente jerarquizada.
Los medios de información de carácter nacional, poco o ningún nivel de importancia le otorgaron al hecho de que mediante la instalación de 27 Juntas Locales y dos Comisiones Especiales Honorarias en 29 localidades del Departamento, 580 ciudadanos se incorporen efectivamente a la gestión de un gobierno departamental.
Es de honestidad admitirlo, que a nivel de la fuerza política que ejerce la conducción del gobierno canario, hay aspectos que evidencian una poco cabal comprensión de lo que implica para una política de cambio, ese proceso que como bien lo ha definido el Intendente “es una etapa bien importante en la construcción del modelo canario de participación y de descentralización”.
Esos 580 ciudadanos que inician esta primera etapa de la construcción de la participación de los vecinos en la definición y orientación de la gestión municipal, se suman a la actuación de los anteriormente designados Secretarios de las juntas locales y sus equipos de trabajo. Si a ello le agregamos el papel que deberán cumplir los trabajadores municipales y las organizaciones sociales existentes en el departamento, tendremos un mapa de múltiples y complejos mecanismos de relacionamiento entre la administración comunal y la sociedad.
Esto es algo demasiado importante, para dejarlo exclusivamente en manos de una dinámica “administrativa” o burocrática, de un problema de gestión. Los cambios que propuso y se propone llevar a cabo este gobierno, no son solo de gestión. Son cambios políticos en el sentido estricto del término. En ese marco es también acertada la definición del Intendente, cuando afirma que “debe ser una tarea sin precipitaciones pero permanente y sin pausas”.
La fuerza que detenta el gobierno canario, tiene de acuerdo a sus logros electorales últimos, una amplia mayoría en esos 580 Ediles Locales designados. De ahí que sea imprescindible que todo el elenco de gobierno supere algunas dificultades para visualizar un plan de gestión y a partir de ello pueda desarrollar una política de desarticulación de formas de gestión burocrática que aún perduran en muchas áreas. Resolver ese desafió, sin duda contribuirá a desarrollar otros niveles de involucramiento de la sociedad civil en el proceso de descentralización.
De ahí que el proceso de descentralización que establece nuestro programa de gobierno, necesite un conjunto de iniciativas a todos los niveles que aseguren la coherencia de esta instalación de las Juntas Locales con el programa transformador de la realidad canaria. En ese marco, tanto la puesta en marcha de ese proceso por parte del Ejecutivo Municipal con otras iniciativas complementarias (nueva reglamentación, creación y/o transformación de oficinas recaudadoras en Juntas Locales y cumplimiento estricto de las normas constitucionales que establecieron la forma de integración por los partidos políticos), debe ser acompañada de definiciones que estrictamente le competen a la fuerza política de la izquierda.
El proceso de descentralización culminó una de sus etapas y ahora corresponde – más vale tarde que nunca-, tomar definiciones políticas, teniendo en cuenta la importancia de la labor educativa que desarrolla una fuerza política a través de todas y cada una de sus conductas. Esa es una de las más importantes labores educativas para la participación, que nos compete como fuerza política.
Una gestión municipal que apunte a desarrollar mediante la descentralización, una creciente participación de los vecinos, se plantea, por cierto, un gran desafió al que deberá responder atendiendo aquellos aspectos básicos implícitos en la cultura ciudadana de los vecinos de Canelones. Resolverlo bien, será sin duda el mayor y más fecundo aporte al impulso y el desarrollo una nueva cultura de la participación.
En la fundamentación del presupuesto aprobado se habla de la “creación de instrumentos que permitan la apertura del gobierno municipal a los ciudadanos e instituciones dándoles un espacio en el diseño de políticas y en el control creciente sobre el gobierno para garantizar el pluralismo y la transparencia de la gestión”. Ahora de lo que se trata, es que esos instrumentos sean efectivos, y eso no solo depende de resoluciones que emerjan de la administración.
Desde hace bastante tiempo esta a consideración a nivel parlamentario y del Congreso de Intendentes la modificación de la ley 9.515 del 28-X-35. Esta normativa que regula la actividad de los gobiernos municipales, no debería ser analizada de manera tal que sólo fuera objeto de algunas modificaciones que dejen intactas una “lógica” con la que fue concebida y llevada a cabo la gestión en aspectos tan sensibles a los derechos de todos los ciudadanos. Cuando las instituciones del Estado tienen la voluntad política, ya sea de establecer nuevas normas o corregir las ya existentes, que regirán una actividad específica como lo es la de los gobiernos municipales deberían cumplir con dos requisitos imprescindibles: verlas en función de los cambios a los que se aspira llevar a cabo a nivel de la estructura jurídico-política, y para ello ser encaradas a partir de un gran debate político que las libere de las lógicas conservadoras que reproduce inevitablemente el Estado. Ojalá, que las conducciones políticas que surjan de las internas de noviembre próximo a nivel de la fuerza política que se encuentra en el gobierno, ayuden a ese proceso tan necesario para los cambios.
Raúl Olivera Alfaro.
Integrante de la Deptal del Frente Amplio de Canelones por el Partido Por la Victoria del Pueblo (Lista 567).
(Publicado en La República el 26/10/06)
Pese la importancia que la materialización de ese proceso tiene, para muchos niveles de la sociedad paso desapercibida o no fue debidamente jerarquizada.
Los medios de información de carácter nacional, poco o ningún nivel de importancia le otorgaron al hecho de que mediante la instalación de 27 Juntas Locales y dos Comisiones Especiales Honorarias en 29 localidades del Departamento, 580 ciudadanos se incorporen efectivamente a la gestión de un gobierno departamental.
Es de honestidad admitirlo, que a nivel de la fuerza política que ejerce la conducción del gobierno canario, hay aspectos que evidencian una poco cabal comprensión de lo que implica para una política de cambio, ese proceso que como bien lo ha definido el Intendente “es una etapa bien importante en la construcción del modelo canario de participación y de descentralización”.
Esos 580 ciudadanos que inician esta primera etapa de la construcción de la participación de los vecinos en la definición y orientación de la gestión municipal, se suman a la actuación de los anteriormente designados Secretarios de las juntas locales y sus equipos de trabajo. Si a ello le agregamos el papel que deberán cumplir los trabajadores municipales y las organizaciones sociales existentes en el departamento, tendremos un mapa de múltiples y complejos mecanismos de relacionamiento entre la administración comunal y la sociedad.
Esto es algo demasiado importante, para dejarlo exclusivamente en manos de una dinámica “administrativa” o burocrática, de un problema de gestión. Los cambios que propuso y se propone llevar a cabo este gobierno, no son solo de gestión. Son cambios políticos en el sentido estricto del término. En ese marco es también acertada la definición del Intendente, cuando afirma que “debe ser una tarea sin precipitaciones pero permanente y sin pausas”.
La fuerza que detenta el gobierno canario, tiene de acuerdo a sus logros electorales últimos, una amplia mayoría en esos 580 Ediles Locales designados. De ahí que sea imprescindible que todo el elenco de gobierno supere algunas dificultades para visualizar un plan de gestión y a partir de ello pueda desarrollar una política de desarticulación de formas de gestión burocrática que aún perduran en muchas áreas. Resolver ese desafió, sin duda contribuirá a desarrollar otros niveles de involucramiento de la sociedad civil en el proceso de descentralización.
De ahí que el proceso de descentralización que establece nuestro programa de gobierno, necesite un conjunto de iniciativas a todos los niveles que aseguren la coherencia de esta instalación de las Juntas Locales con el programa transformador de la realidad canaria. En ese marco, tanto la puesta en marcha de ese proceso por parte del Ejecutivo Municipal con otras iniciativas complementarias (nueva reglamentación, creación y/o transformación de oficinas recaudadoras en Juntas Locales y cumplimiento estricto de las normas constitucionales que establecieron la forma de integración por los partidos políticos), debe ser acompañada de definiciones que estrictamente le competen a la fuerza política de la izquierda.
El proceso de descentralización culminó una de sus etapas y ahora corresponde – más vale tarde que nunca-, tomar definiciones políticas, teniendo en cuenta la importancia de la labor educativa que desarrolla una fuerza política a través de todas y cada una de sus conductas. Esa es una de las más importantes labores educativas para la participación, que nos compete como fuerza política.
Una gestión municipal que apunte a desarrollar mediante la descentralización, una creciente participación de los vecinos, se plantea, por cierto, un gran desafió al que deberá responder atendiendo aquellos aspectos básicos implícitos en la cultura ciudadana de los vecinos de Canelones. Resolverlo bien, será sin duda el mayor y más fecundo aporte al impulso y el desarrollo una nueva cultura de la participación.
En la fundamentación del presupuesto aprobado se habla de la “creación de instrumentos que permitan la apertura del gobierno municipal a los ciudadanos e instituciones dándoles un espacio en el diseño de políticas y en el control creciente sobre el gobierno para garantizar el pluralismo y la transparencia de la gestión”. Ahora de lo que se trata, es que esos instrumentos sean efectivos, y eso no solo depende de resoluciones que emerjan de la administración.
Desde hace bastante tiempo esta a consideración a nivel parlamentario y del Congreso de Intendentes la modificación de la ley 9.515 del 28-X-35. Esta normativa que regula la actividad de los gobiernos municipales, no debería ser analizada de manera tal que sólo fuera objeto de algunas modificaciones que dejen intactas una “lógica” con la que fue concebida y llevada a cabo la gestión en aspectos tan sensibles a los derechos de todos los ciudadanos. Cuando las instituciones del Estado tienen la voluntad política, ya sea de establecer nuevas normas o corregir las ya existentes, que regirán una actividad específica como lo es la de los gobiernos municipales deberían cumplir con dos requisitos imprescindibles: verlas en función de los cambios a los que se aspira llevar a cabo a nivel de la estructura jurídico-política, y para ello ser encaradas a partir de un gran debate político que las libere de las lógicas conservadoras que reproduce inevitablemente el Estado. Ojalá, que las conducciones políticas que surjan de las internas de noviembre próximo a nivel de la fuerza política que se encuentra en el gobierno, ayuden a ese proceso tan necesario para los cambios.
Raúl Olivera Alfaro.
Integrante de la Deptal del Frente Amplio de Canelones por el Partido Por la Victoria del Pueblo (Lista 567).
(Publicado en La República el 26/10/06)
RESPONSABILIDADES DE OTROS DOS MILITARES Y UN POLICÍA URUGUAYOS EN LOS HECHOS OCURRIDOS EN AUTOIMOTORES ORLETTI
RESPONSABILIDADES DE OTROS DOS MILITARES Y UN POLICÍA URUGUAYOS EN LOS HECHOS OCURRIDOS EN
AUTOIMOTORES ORLETTI
EN JUNIO- JULIO DE 1976
Casi inmediatamente de llegado a Suecia el sindicalista del sindicato de FUNSA Washington Pérez, se preocupa de realizar su testimonio sobre lo vivido en la Argentina. Más precisamente en automotoras Orletti, donde militares uruguayos y argentinos lo habían usado como intermediario en una operación extorsión con otros dos sindicalistas fundadores de la CNT: Gerardo Gatti y León Duarte.
Trascribimos a continuación la versión literal de las páginas 3 y 4 de las declaraciones de Washington Pérez realizadas en la ciudad de Alvesta, grabadas el 1º de setiembre de 1976 y que posteriormente los días 3 y 4 de setiembre de ese mismo año fueron desgrabados en Londres.
“Ahí me sacaron la venda; me encuentro frente al grupo de gente con él que había estado, menos uno o dos, pero me encuentro además con dos o tres personas nuevas.
Dentro de ese grupo de personas...uno de ellos en mi domicilio me había planteado: “Miré perro, quédate tranquilo porque no hay problema contigo aparte de que vos me conoces y conoces a algunas de las persona que están acá. La verdad que después cuando entro en ese cuarto, ahí sí lo identifico y tengo la absoluta certeza de que era un comisario de Inteligencia uruguaya, de la policía uruguaya, Comisario Campos Hermida. También ahí hay otra persona que le hablan de jefe y de coronel, y es uruguayo. A través de las gestiones que nosotros hacíamos en el Alto comando de las Fuerzas Armadas en el Uruguay... puedo identificar un Coronel Barrios. También un Capitán, un militar uruguayo, Bermúdez... otra persona que yo había identificado en una oportunidad en la Estación Once, en Buenos Aires el Inspector Castiglioni de Inteligencia uruguaya de la policía. Un policía de Investigaciones pero que no recuerdo bien el nombre.
Bueno, a todo esto esta persona que se identifica como el Coronel uruguayo me dice... mire, nosotros tenemos conocimiento de toda su actividad en el Uruguay... le reitero lo que ha dicho esta gente que fue a buscarlo, de que con usted no tenemos ningún tipo de problemas.
A posterior salta una persona que es un Coronel argentino y dice: Nosotros acá.., en lo que se refiere a la Argentina no tenemos ningún tipo de problema ni con usted ni con la familia, por lo cual le podemos asegurar que el problema de que usted va a ver a una persona ahora y acá el señor le va a explicar.., cuál es digamos el propósito nuestro de haberlo elegido a usted,., dadas esas características, dado el grupo familiar que usted tiene, dado que no está metido en nada, que si bien tuvo su militancia en el Uruguay acá no podemos decirle nada y el hecho que señalaba él era de que había sido requerido en Uruguay pero que era por lo que yo señale anteriormente, problemas de rutinas.
A posterior me dice esta persona que tenía ese cargo de Coronel (argentino) me dice: Mire, nosotros acá.., la realidad de las cosas es la siguiente. Tenemos a una persona amiga suya, queremos que usted hable con él. Felizmente a esa persona la logramos arrancar de un lugar que había sido detenido. Y no es problema dijéramos de echarle el fardo a otro, si no que él había sido detenido por la Policía federal Argentina... y durante el lapso de tiempo que estuvo, la verdad es que no queremos que se sorprenda...pero...felizmente en el momento actual va a hablar con usted dado de que está con nosotros y que nosotros no actuamos en la forma que actúa esa gente, A posterior me dice que van a traer a la persona esa. La verdad que seguía estando en una situaci6n bastante nerviosa, ahí pido un vaso de agua, me dice: Tome, pida lo que usted desee.
Ahí había contradicciones entre la gente que estaba, porque uno le recriminaba al otro de que le habían tomado mucho el wisky argentino y habían traído poca yerba uruguaya y cigarrillos “Nevada”. A posterior de eso me dice: Bueno, vamos a traerle la persona.
Tremenda sorpresa me llevo cuando aparece el compañero Gerardo Gatti. Bueno, la verdad es que me quedé bastante sorprendido, nos abrazamos con el compañero, un compañero que lo conozco desde el año 52, viejo militante de la Federación de Estudiantes Uruguaya, también fue fundador de la Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay, integrante de la resistencia obrera-estudiantil. Cuando pido ese vaso de agua y me lo traen hay algo que me llama la atención: es una persona de mocasines negros, pantalán azul, buzo blanco y un gorrito, lo cual me daba la demostración que podía ser un marinero”.
Nueve años después el Acta Nº 14 de la Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la motivaron, de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay del 8 de julio de 1985, vuelve a recoger el testimonio de Pérez. Con relación al episodio que nos interesa hoy, decía la declaración:
“A uno de mis hijos se le ocurre decir: “Si usted dice que no hay problema, que no va a suceder nada, ¿cuál es el inconveniente de que uno de nosotros lo podamos acompañar? Esta gente accede entonces a que uno de mis hijos me acompañe. Lo suben en otro coche utilizando para taparlo una bufanda. Yo estaba en la calle Paz Oldán 364, en Morón, República Argentina. En ese lugar estaba desarrollando una actividad como vendedor de diarios que realicé durante dos años. Cuando me introducen en ese coche, demoramos aproximadamente entre veinte y veinticinco minutos en llegar a un lugar -el año pasado tuve la posibilidad de reconocer el lugar en cinco oportunidades frente a una doctora y una jueza, cuya causa está radicada en la República Argentina, en la calle Venancio Flores, que es identificado como Automotora Orletti. Esto fue reconocido en la denuncia que está radicada en Buenos Aires, por el señor Enrique Rodríguez Larreta Piera, y también a través de mi testimonio en esa misma causa. Cuando llegamos a ese lugar, entramos a un local donde se levanta una cortina metálica y soy trasladado por una escalera hacia una parte alta, por lo menos hacia un primer piso. Cuando logro entrar ahí me acompaña una persona para subir, porque en ese lugar hay dos escaleras. La jueza cuando me entrevistó el año pasado, me pidió que precisara bien por dónde me habían subido, logro identificar esa escalera del lado derecho; aquí tengo una foto que puedo mostrarla si ustedes lo consideran conveniente y oportuno. Introducido en ese lugar aparece la persona que me había dicho: “Mirá “Perro”, vos me conocés a mí y a algún otro que está aquí”. Esa persona que logro identificar es el comisario Campos Hermida, que conocí a través de una detención mía ocurrida en 1971 en el 4° piso de la Dirección de Inteligencia y Enlace de la Jefatura de Policía de Montevideo. Luego me dijo: “Vamos a traer a una persona amiga, conocida tuya. En ese momento aparece junto con Campos Hermida, otra persona a quien identifico como el mayor Gavazzo. También aparece un hombre que reconozco como Aníbal Gordon, responsable de todo lo que ha sido la desaparición y muerte de centenares de personas en Argentina y donde también están involucrados una cantidad de uruguayos militantes y dirigentes del movimiento obrero y de la lucha de nuestro pueblo. En ese momento también logro identificar al mayor Silveira. Identifico también a un coronel Barrios, del Servicio de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército Uruguayo, a través de gestiones que hacíamos por compañeros dirigentes sindicales detenidos en los años 1970 y 1971 en el cuartel de San Ramón, por ejemplo. Nosotros hacíamos gestiones con un hermano que también es Coronel y que estaba en el Estado Mayor del Ejército, en la época del general Chiappe Pose, Comandante de las Fuerzas Armadas en nuestro país.
Estando en ese cuarto, me dicen: “La persona que vamos a traer vos la conocés y es un viejo compañero y amigo tuyo”. La verdad que recordar todas estas situaciones desde el 13 de junio de 1976 a la fecha de hoy, me causa un tremendo problema interno por lo que significa la persona que vi en ese momento. Esto me ocurre cada vez que lo traigo a relación para tratar de aportar datos que permitan llevar a feliz término estas investigaciones a fin de determinar quiénes eran los responsables en la connivencia entre las Fuerzas Armadas uruguayas y las argentinas, durante la represión desatada a partir de los años 1975 y 1976 y todo lo que ello significó en el marco de esa larga noche que le tocó vivir a nuestro pueblo uruguayo”.
Como se desprende de estos dos testimonios realizados, uno en setiembre de 1976 y el otro en julio de 1985, en el intento de extorsión llevado a cabo por integrantes de los servicios de seguridad uruguayos y argentinos, Washington Pérez identifica además de los ya conocido e identificados (Hugo Campos Hermida, José Nino Gavazzo y Jorge Silveira) a otros tres uruguayos el Inspector Víctor Castiglioni, y dos militares de apellidos Barrios uno y Bermúdez.
El primero de ellos, ya fallecido Castiglioni es uno de los denunciados ya en 1975 como uno de los uruguayos que dieron nacimiento a la coordinación represiva.
Bajo el título “Historia de la Triple A: aniquilar a los asilados”, el semanario “El Auténtico” que se editaba en Buenos Aires, en su edición del 10 de diciembre de 1975 denunciaba los términos de una reunión celebrada por el Subjefe de la Policía Federal Argentina, Comisario Alberto Villar, que luego sería Jefe de la Policía Federal, realizada el año anterior con los enviados policiales de chile, de Bolivia y de Uruguay “para sentar los fundamentos doctrinarios y operativos de la persecución a los millares de chilenos, uruguayos y bolivianos que se habían refugiado en nuestro país”.
La nota de “EL AUTENTICO”, trascribía la versión taquigráfica de aquella reunión siniestra, comentando que esa información “servirá quizás algún día de cabeza del proceso pendiente contra la AAA (Alianza Anticomunista Argentina, grupo parapolicial que se ha atribuido miles de asesinatos de opositores o simples ciudadanos en Argentina). En todo caso explica por qué iban a morir el Gral. Prats y el medio centenar de exiliados que le siguieron hasta la masacre de la semana pasada en Córdoba”.
Extracto de la versión taquigráfica de la mencionada reunión:
“Representante de Chile (general de Carabineros): La delegación de Chile somete a consideración de ustedes las siguientes ponencias. Primera, acreditar en cada embajada Agregado de Seguridad, que puede ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía... cuyas funciones básicas serían la coordinación con la Policía o el Encargado de Seguridad de cada país o de los varios organismos locales. Segunda ponencia, en forma similar a lo que tiene INTERPOL en París, tener también nosotros una Central de Informaciones, donde podamos requerir datos de individuos que son marxistas. Tercera ponencia, intercambios programados e imprevistos de personas: que nosotros podamos venir, ir a Bolivia y Bolivia pueda ir a Chile, y que podamos venir a la Argentina nuevamente, que podamos llegar directamente con toda confianza a cualquiera de los organismos de Seguridad de cualquiera de los países, exponer a qué venimos, que no necesitemos previamente invitación formal. Cuarta ponencia, la necesidad de establecer un canal de comunicación. A manera de ejemplo sugiero dos canales, uno formal que podría ser el Agregado de Seguridad y uno directo entre los servicios de Seguridad, para lo cual podríamos ocupar la red de ENTEL de teléfonos con el sistema de inversores. Quinta ponencia, la necesidad de establecer un intercambio de becas para entrenamiento de personal en base a cursos formales, que también puede ser entrenamiento en el trabajo sin necesidad de cursos. Sexta ponencia, un álbum (de fotos)...”
“Indudablemente –comenta EL AUTÉNTICO- el enviado de Pinochet, que ya cargaba con varios millares de muertos a la espalda, sabía aun mejor que Villar de qué estaba hablando, y la suya iba a ser la voz rectora en este congreso secreto de policías que se celebraba en Buenos Aires –recordémoslo- a principios de 1974. Lo interesante es que a ninguno de estos expertos de “penetrante” se le ocurriera que introducir en la red de ENTEL un sistema norteamericano de codificación de voz, al servicio de Pinochet, fuese algo así como el modelo de la intervención extranjera en Argentina”.
“Representante de Uruguay (Inspector General Castiglioni): Lo que yo iba a proponer, ya está comprendido en lo que ha expuesto el señor general de Carabineros (representante por Chile). Particularmente, reiteraríamos el ofrecimiento que ya hemos hecho de mantener acá en forma permanente uno o más funcionarios, sobre todo en zonas críticas, como el Litoral, colaborando con la policía argentina a efectos de identificar gente.”
“Señor Subjefe de la Policía Federal (Crio. Villar): No hay ningún problema. El jefe del DAE (Departamento de Asuntos Extranjeros de Superintendencia de Seguridad Federal) luego va a tomar contacto con el Inspector General Castiglioni, para coordinar bien esos enlaces. Lo mismo Chile si necesita tener gente en la zona de Mendoza, San Juan o la zona que se determine, como asimismo Bolivia en el caso de Salta, Jujuy”.
“Las palabras de Villar dejan en claro que a él le parecía correcto que policías de Chile, Bolivia y Uruguay operaran libremente en territorio argentino” –señala EL AUTÉNTICO - “siempre que eso se realizara a espaldas del Congreso o del periodismo (que no se enteraron siquiera de esa reunión) y sobre todo a espaldas del pueblo argentino”.
“Sr. Subjefe de la Policía Federal (Crio. Villar) La ponencia que vamos a hacer al gobierno nacional es la fijación del lugar de residencia de los asilados, así como también la vigilancia semanal de éstos. Con respecto a las becas, cuente con ellas. Los álbumes se están confeccionando. En la embajada, lo más seguro van a ser los Agregados Militares, dado que dentro del personal civil de las embajadas puede haber alguien que tenga ideas un poco distintas de las nuestras. Cuando el problema sea urgente, pueden establecer contacto con la Jefatura o podemos decir que viene una comisión de narcóticos. ¿Qué les parece? y así ya sabemos nosotros de qué se trata.”
“Villar había prometido que el DAE se iba a ocupar de los extranjeros que molestaban a Pinochet, a Banzer, a Bordaberry y –afirma EL AUTÉNTICO - efectivamente se ocupó. En agosto empezaron a aparecer en los basurales de Lugano los primeros cadáveres de villeros bolivianos. En setiembre una bomba destrozaba al general Pratts, ex comandante en Jefe del Ejército chileno. El mismo mes la policía argentina secuestraba a los uruguayos Daniel Banfi, Luis Latrónica y Guillermo Jabif. Presentado recurso de Hábeas corpus, se admite que están detenidos. Pero después se niega. A fines de octubre los cadáveres de los tres uruguayos aparecen en un pozo de San Antonio de Areco. La AAA se atribuyó esas muertes”.
Sobre los otros dos sobre los cuales sólo se da su apellido y que uno de ellos, según Washington Pérez “Identifico también a un coronel Barrios, del Servicio de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército Uruguayo, a través de gestiones que hacíamos por compañeros dirigentes sindicales detenidos en los años 1970 y 1971 en el cuartel de San Ramón, por ejemplo. Nosotros hacíamos gestiones con un hermano que también es Coronel y que estaba en el Estado Mayor del Ejército, en la época del general Chiappe Pose, Comandante de las Fuerzas Armadas en nuestro país”.
En el libro “15 días que estremecieron al Uruguay” de Álvaro Rico, Carlos Demasi, Rosario Radakovich, Isabel Wschebor y Vanesa Sanguinetti editado por la Editorial Fin de Siglo, en junio de 2005, página 230 Luis Romero un gremialista uruguayo que integraba junto a Washington Pérez y León Duarte la dirección del sindicato de la empresa FUNSA en Uruguay, realiza las siguientes declaraciones que nos permiten identificar al militar Barrios nombrado reiteradamente por Pérez.
“Luis Romero. Una de las áreas era tener que discutir con las Fuerzas Armadas reclamando por la institucionalización de la CNT es decir, volver a que la Central funcionara libremente. Permitir que los locales sindicales fueran frecuentados por los trabajadores afiliados al sindicato y sus dirigentes; Plena libertad para la prensa, llena libertad para el Parlamento Esas discusiones se daban en el marco de una...
Eso significaba con quién había que ir a dialogar y el dialogar con las Fuerzas Aunadas, ya que en ese momento eran los que tenían la sartén por el mango en este país ¿verdad? Había que ir a discutir con ellos. Y en esa instancia yo... yo digo lo que hizo el Sindicato de FUNSA, porque había otros sindicatos que fueron a dialogar por otros lados, tuvieron distintos contactos, lo que a nosotros nos parece bien. Y entonces, nuestras reuniones eran fundamentalmente en el ámbito..., en el ámbito del Comando General de Ejército, en Soriano y Paraguay. Fundamentalmente nuestro interlocutor allí era el Coronel Barrios, Ángel Barrios. Y los compañeros que íbamos allí eran diversos. Iba el compañero Miguel Gromas, el compañero Aquino, el compañero Erardo Velázquez, quien les habla, Márquez. Es decir, había un conjunto de compañeros que eran los que estaban indicados para todas esas discusiones y que conocían todas esas conversaciones que se iban desarrollando. De todas estas conversaciones nunca estuvo al margen la CNT. TESTIMONIO 2002”.
Identificación de los dos militares nombrados:
General ® ANGEL D BARRIOS, nació el 10/05/29
OSCAR R BERMUDEZ, nació el 01/09/59.
La justicia de la Argentina y la de nuestro país, que pareen dispuestas ambas a recabar información sobre determinados hechos y aplicar el consiguiente castigo, tiene dos nuevos nombres para engrosar las hasta ahora flacas listas de represores.
Raúl Olivera.
AUTOIMOTORES ORLETTI
EN JUNIO- JULIO DE 1976
Casi inmediatamente de llegado a Suecia el sindicalista del sindicato de FUNSA Washington Pérez, se preocupa de realizar su testimonio sobre lo vivido en la Argentina. Más precisamente en automotoras Orletti, donde militares uruguayos y argentinos lo habían usado como intermediario en una operación extorsión con otros dos sindicalistas fundadores de la CNT: Gerardo Gatti y León Duarte.
Trascribimos a continuación la versión literal de las páginas 3 y 4 de las declaraciones de Washington Pérez realizadas en la ciudad de Alvesta, grabadas el 1º de setiembre de 1976 y que posteriormente los días 3 y 4 de setiembre de ese mismo año fueron desgrabados en Londres.
“Ahí me sacaron la venda; me encuentro frente al grupo de gente con él que había estado, menos uno o dos, pero me encuentro además con dos o tres personas nuevas.
Dentro de ese grupo de personas...uno de ellos en mi domicilio me había planteado: “Miré perro, quédate tranquilo porque no hay problema contigo aparte de que vos me conoces y conoces a algunas de las persona que están acá. La verdad que después cuando entro en ese cuarto, ahí sí lo identifico y tengo la absoluta certeza de que era un comisario de Inteligencia uruguaya, de la policía uruguaya, Comisario Campos Hermida. También ahí hay otra persona que le hablan de jefe y de coronel, y es uruguayo. A través de las gestiones que nosotros hacíamos en el Alto comando de las Fuerzas Armadas en el Uruguay... puedo identificar un Coronel Barrios. También un Capitán, un militar uruguayo, Bermúdez... otra persona que yo había identificado en una oportunidad en la Estación Once, en Buenos Aires el Inspector Castiglioni de Inteligencia uruguaya de la policía. Un policía de Investigaciones pero que no recuerdo bien el nombre.
Bueno, a todo esto esta persona que se identifica como el Coronel uruguayo me dice... mire, nosotros tenemos conocimiento de toda su actividad en el Uruguay... le reitero lo que ha dicho esta gente que fue a buscarlo, de que con usted no tenemos ningún tipo de problemas.
A posterior salta una persona que es un Coronel argentino y dice: Nosotros acá.., en lo que se refiere a la Argentina no tenemos ningún tipo de problema ni con usted ni con la familia, por lo cual le podemos asegurar que el problema de que usted va a ver a una persona ahora y acá el señor le va a explicar.., cuál es digamos el propósito nuestro de haberlo elegido a usted,., dadas esas características, dado el grupo familiar que usted tiene, dado que no está metido en nada, que si bien tuvo su militancia en el Uruguay acá no podemos decirle nada y el hecho que señalaba él era de que había sido requerido en Uruguay pero que era por lo que yo señale anteriormente, problemas de rutinas.
A posterior me dice esta persona que tenía ese cargo de Coronel (argentino) me dice: Mire, nosotros acá.., la realidad de las cosas es la siguiente. Tenemos a una persona amiga suya, queremos que usted hable con él. Felizmente a esa persona la logramos arrancar de un lugar que había sido detenido. Y no es problema dijéramos de echarle el fardo a otro, si no que él había sido detenido por la Policía federal Argentina... y durante el lapso de tiempo que estuvo, la verdad es que no queremos que se sorprenda...pero...felizmente en el momento actual va a hablar con usted dado de que está con nosotros y que nosotros no actuamos en la forma que actúa esa gente, A posterior me dice que van a traer a la persona esa. La verdad que seguía estando en una situaci6n bastante nerviosa, ahí pido un vaso de agua, me dice: Tome, pida lo que usted desee.
Ahí había contradicciones entre la gente que estaba, porque uno le recriminaba al otro de que le habían tomado mucho el wisky argentino y habían traído poca yerba uruguaya y cigarrillos “Nevada”. A posterior de eso me dice: Bueno, vamos a traerle la persona.
Tremenda sorpresa me llevo cuando aparece el compañero Gerardo Gatti. Bueno, la verdad es que me quedé bastante sorprendido, nos abrazamos con el compañero, un compañero que lo conozco desde el año 52, viejo militante de la Federación de Estudiantes Uruguaya, también fue fundador de la Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay, integrante de la resistencia obrera-estudiantil. Cuando pido ese vaso de agua y me lo traen hay algo que me llama la atención: es una persona de mocasines negros, pantalán azul, buzo blanco y un gorrito, lo cual me daba la demostración que podía ser un marinero”.
Nueve años después el Acta Nº 14 de la Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la motivaron, de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay del 8 de julio de 1985, vuelve a recoger el testimonio de Pérez. Con relación al episodio que nos interesa hoy, decía la declaración:
“A uno de mis hijos se le ocurre decir: “Si usted dice que no hay problema, que no va a suceder nada, ¿cuál es el inconveniente de que uno de nosotros lo podamos acompañar? Esta gente accede entonces a que uno de mis hijos me acompañe. Lo suben en otro coche utilizando para taparlo una bufanda. Yo estaba en la calle Paz Oldán 364, en Morón, República Argentina. En ese lugar estaba desarrollando una actividad como vendedor de diarios que realicé durante dos años. Cuando me introducen en ese coche, demoramos aproximadamente entre veinte y veinticinco minutos en llegar a un lugar -el año pasado tuve la posibilidad de reconocer el lugar en cinco oportunidades frente a una doctora y una jueza, cuya causa está radicada en la República Argentina, en la calle Venancio Flores, que es identificado como Automotora Orletti. Esto fue reconocido en la denuncia que está radicada en Buenos Aires, por el señor Enrique Rodríguez Larreta Piera, y también a través de mi testimonio en esa misma causa. Cuando llegamos a ese lugar, entramos a un local donde se levanta una cortina metálica y soy trasladado por una escalera hacia una parte alta, por lo menos hacia un primer piso. Cuando logro entrar ahí me acompaña una persona para subir, porque en ese lugar hay dos escaleras. La jueza cuando me entrevistó el año pasado, me pidió que precisara bien por dónde me habían subido, logro identificar esa escalera del lado derecho; aquí tengo una foto que puedo mostrarla si ustedes lo consideran conveniente y oportuno. Introducido en ese lugar aparece la persona que me había dicho: “Mirá “Perro”, vos me conocés a mí y a algún otro que está aquí”. Esa persona que logro identificar es el comisario Campos Hermida, que conocí a través de una detención mía ocurrida en 1971 en el 4° piso de la Dirección de Inteligencia y Enlace de la Jefatura de Policía de Montevideo. Luego me dijo: “Vamos a traer a una persona amiga, conocida tuya. En ese momento aparece junto con Campos Hermida, otra persona a quien identifico como el mayor Gavazzo. También aparece un hombre que reconozco como Aníbal Gordon, responsable de todo lo que ha sido la desaparición y muerte de centenares de personas en Argentina y donde también están involucrados una cantidad de uruguayos militantes y dirigentes del movimiento obrero y de la lucha de nuestro pueblo. En ese momento también logro identificar al mayor Silveira. Identifico también a un coronel Barrios, del Servicio de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército Uruguayo, a través de gestiones que hacíamos por compañeros dirigentes sindicales detenidos en los años 1970 y 1971 en el cuartel de San Ramón, por ejemplo. Nosotros hacíamos gestiones con un hermano que también es Coronel y que estaba en el Estado Mayor del Ejército, en la época del general Chiappe Pose, Comandante de las Fuerzas Armadas en nuestro país.
Estando en ese cuarto, me dicen: “La persona que vamos a traer vos la conocés y es un viejo compañero y amigo tuyo”. La verdad que recordar todas estas situaciones desde el 13 de junio de 1976 a la fecha de hoy, me causa un tremendo problema interno por lo que significa la persona que vi en ese momento. Esto me ocurre cada vez que lo traigo a relación para tratar de aportar datos que permitan llevar a feliz término estas investigaciones a fin de determinar quiénes eran los responsables en la connivencia entre las Fuerzas Armadas uruguayas y las argentinas, durante la represión desatada a partir de los años 1975 y 1976 y todo lo que ello significó en el marco de esa larga noche que le tocó vivir a nuestro pueblo uruguayo”.
Como se desprende de estos dos testimonios realizados, uno en setiembre de 1976 y el otro en julio de 1985, en el intento de extorsión llevado a cabo por integrantes de los servicios de seguridad uruguayos y argentinos, Washington Pérez identifica además de los ya conocido e identificados (Hugo Campos Hermida, José Nino Gavazzo y Jorge Silveira) a otros tres uruguayos el Inspector Víctor Castiglioni, y dos militares de apellidos Barrios uno y Bermúdez.
El primero de ellos, ya fallecido Castiglioni es uno de los denunciados ya en 1975 como uno de los uruguayos que dieron nacimiento a la coordinación represiva.
Bajo el título “Historia de la Triple A: aniquilar a los asilados”, el semanario “El Auténtico” que se editaba en Buenos Aires, en su edición del 10 de diciembre de 1975 denunciaba los términos de una reunión celebrada por el Subjefe de la Policía Federal Argentina, Comisario Alberto Villar, que luego sería Jefe de la Policía Federal, realizada el año anterior con los enviados policiales de chile, de Bolivia y de Uruguay “para sentar los fundamentos doctrinarios y operativos de la persecución a los millares de chilenos, uruguayos y bolivianos que se habían refugiado en nuestro país”.
La nota de “EL AUTENTICO”, trascribía la versión taquigráfica de aquella reunión siniestra, comentando que esa información “servirá quizás algún día de cabeza del proceso pendiente contra la AAA (Alianza Anticomunista Argentina, grupo parapolicial que se ha atribuido miles de asesinatos de opositores o simples ciudadanos en Argentina). En todo caso explica por qué iban a morir el Gral. Prats y el medio centenar de exiliados que le siguieron hasta la masacre de la semana pasada en Córdoba”.
Extracto de la versión taquigráfica de la mencionada reunión:
“Representante de Chile (general de Carabineros): La delegación de Chile somete a consideración de ustedes las siguientes ponencias. Primera, acreditar en cada embajada Agregado de Seguridad, que puede ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía... cuyas funciones básicas serían la coordinación con la Policía o el Encargado de Seguridad de cada país o de los varios organismos locales. Segunda ponencia, en forma similar a lo que tiene INTERPOL en París, tener también nosotros una Central de Informaciones, donde podamos requerir datos de individuos que son marxistas. Tercera ponencia, intercambios programados e imprevistos de personas: que nosotros podamos venir, ir a Bolivia y Bolivia pueda ir a Chile, y que podamos venir a la Argentina nuevamente, que podamos llegar directamente con toda confianza a cualquiera de los organismos de Seguridad de cualquiera de los países, exponer a qué venimos, que no necesitemos previamente invitación formal. Cuarta ponencia, la necesidad de establecer un canal de comunicación. A manera de ejemplo sugiero dos canales, uno formal que podría ser el Agregado de Seguridad y uno directo entre los servicios de Seguridad, para lo cual podríamos ocupar la red de ENTEL de teléfonos con el sistema de inversores. Quinta ponencia, la necesidad de establecer un intercambio de becas para entrenamiento de personal en base a cursos formales, que también puede ser entrenamiento en el trabajo sin necesidad de cursos. Sexta ponencia, un álbum (de fotos)...”
“Indudablemente –comenta EL AUTÉNTICO- el enviado de Pinochet, que ya cargaba con varios millares de muertos a la espalda, sabía aun mejor que Villar de qué estaba hablando, y la suya iba a ser la voz rectora en este congreso secreto de policías que se celebraba en Buenos Aires –recordémoslo- a principios de 1974. Lo interesante es que a ninguno de estos expertos de “penetrante” se le ocurriera que introducir en la red de ENTEL un sistema norteamericano de codificación de voz, al servicio de Pinochet, fuese algo así como el modelo de la intervención extranjera en Argentina”.
“Representante de Uruguay (Inspector General Castiglioni): Lo que yo iba a proponer, ya está comprendido en lo que ha expuesto el señor general de Carabineros (representante por Chile). Particularmente, reiteraríamos el ofrecimiento que ya hemos hecho de mantener acá en forma permanente uno o más funcionarios, sobre todo en zonas críticas, como el Litoral, colaborando con la policía argentina a efectos de identificar gente.”
“Señor Subjefe de la Policía Federal (Crio. Villar): No hay ningún problema. El jefe del DAE (Departamento de Asuntos Extranjeros de Superintendencia de Seguridad Federal) luego va a tomar contacto con el Inspector General Castiglioni, para coordinar bien esos enlaces. Lo mismo Chile si necesita tener gente en la zona de Mendoza, San Juan o la zona que se determine, como asimismo Bolivia en el caso de Salta, Jujuy”.
“Las palabras de Villar dejan en claro que a él le parecía correcto que policías de Chile, Bolivia y Uruguay operaran libremente en territorio argentino” –señala EL AUTÉNTICO - “siempre que eso se realizara a espaldas del Congreso o del periodismo (que no se enteraron siquiera de esa reunión) y sobre todo a espaldas del pueblo argentino”.
“Sr. Subjefe de la Policía Federal (Crio. Villar) La ponencia que vamos a hacer al gobierno nacional es la fijación del lugar de residencia de los asilados, así como también la vigilancia semanal de éstos. Con respecto a las becas, cuente con ellas. Los álbumes se están confeccionando. En la embajada, lo más seguro van a ser los Agregados Militares, dado que dentro del personal civil de las embajadas puede haber alguien que tenga ideas un poco distintas de las nuestras. Cuando el problema sea urgente, pueden establecer contacto con la Jefatura o podemos decir que viene una comisión de narcóticos. ¿Qué les parece? y así ya sabemos nosotros de qué se trata.”
“Villar había prometido que el DAE se iba a ocupar de los extranjeros que molestaban a Pinochet, a Banzer, a Bordaberry y –afirma EL AUTÉNTICO - efectivamente se ocupó. En agosto empezaron a aparecer en los basurales de Lugano los primeros cadáveres de villeros bolivianos. En setiembre una bomba destrozaba al general Pratts, ex comandante en Jefe del Ejército chileno. El mismo mes la policía argentina secuestraba a los uruguayos Daniel Banfi, Luis Latrónica y Guillermo Jabif. Presentado recurso de Hábeas corpus, se admite que están detenidos. Pero después se niega. A fines de octubre los cadáveres de los tres uruguayos aparecen en un pozo de San Antonio de Areco. La AAA se atribuyó esas muertes”.
Sobre los otros dos sobre los cuales sólo se da su apellido y que uno de ellos, según Washington Pérez “Identifico también a un coronel Barrios, del Servicio de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército Uruguayo, a través de gestiones que hacíamos por compañeros dirigentes sindicales detenidos en los años 1970 y 1971 en el cuartel de San Ramón, por ejemplo. Nosotros hacíamos gestiones con un hermano que también es Coronel y que estaba en el Estado Mayor del Ejército, en la época del general Chiappe Pose, Comandante de las Fuerzas Armadas en nuestro país”.
En el libro “15 días que estremecieron al Uruguay” de Álvaro Rico, Carlos Demasi, Rosario Radakovich, Isabel Wschebor y Vanesa Sanguinetti editado por la Editorial Fin de Siglo, en junio de 2005, página 230 Luis Romero un gremialista uruguayo que integraba junto a Washington Pérez y León Duarte la dirección del sindicato de la empresa FUNSA en Uruguay, realiza las siguientes declaraciones que nos permiten identificar al militar Barrios nombrado reiteradamente por Pérez.
“Luis Romero. Una de las áreas era tener que discutir con las Fuerzas Armadas reclamando por la institucionalización de la CNT es decir, volver a que la Central funcionara libremente. Permitir que los locales sindicales fueran frecuentados por los trabajadores afiliados al sindicato y sus dirigentes; Plena libertad para la prensa, llena libertad para el Parlamento Esas discusiones se daban en el marco de una...
Eso significaba con quién había que ir a dialogar y el dialogar con las Fuerzas Aunadas, ya que en ese momento eran los que tenían la sartén por el mango en este país ¿verdad? Había que ir a discutir con ellos. Y en esa instancia yo... yo digo lo que hizo el Sindicato de FUNSA, porque había otros sindicatos que fueron a dialogar por otros lados, tuvieron distintos contactos, lo que a nosotros nos parece bien. Y entonces, nuestras reuniones eran fundamentalmente en el ámbito..., en el ámbito del Comando General de Ejército, en Soriano y Paraguay. Fundamentalmente nuestro interlocutor allí era el Coronel Barrios, Ángel Barrios. Y los compañeros que íbamos allí eran diversos. Iba el compañero Miguel Gromas, el compañero Aquino, el compañero Erardo Velázquez, quien les habla, Márquez. Es decir, había un conjunto de compañeros que eran los que estaban indicados para todas esas discusiones y que conocían todas esas conversaciones que se iban desarrollando. De todas estas conversaciones nunca estuvo al margen la CNT. TESTIMONIO 2002”.
Identificación de los dos militares nombrados:
General ® ANGEL D BARRIOS, nació el 10/05/29
OSCAR R BERMUDEZ, nació el 01/09/59.
La justicia de la Argentina y la de nuestro país, que pareen dispuestas ambas a recabar información sobre determinados hechos y aplicar el consiguiente castigo, tiene dos nuevos nombres para engrosar las hasta ahora flacas listas de represores.
Raúl Olivera.
viernes, 13 de octubre de 2006
La anulacion de la ley de caducidad
LA ANULACIÓN DE LA LEY DE IMPUNIDAD.
Publicado conjuntamente con Sara Méndez en Revista INTERNOS de AFCASMU.
En este artículo nos proponemos, plantear un tema que está presente en el país, pero no resuelta aún la forma de abordarlo. Nos referimos a la ley de impunidad que rige en nuestro país, la llamada, también, ley de”la caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Ley 15.848). Cuando decimos que está presente, no sólo nos referimos a sus efectos, la impunidad a las violaciones de los delitos de lesa humanidad, sino a la iniciativa y definición de organizaciones y sectores de nuestra población, para promover la anulación de la misma.
A esta definición por la nulidad, le han seguido movilizaciones en distintas ciudades del país, promovida por la Plataforma Contra la Impunidad y el PIT/CNT - que integra la misma-, con el objetivo de lograr la sensibilización de los más amplios sectores de la población . Ahora, cabe ir configurando un programa que logre no sólo la sensibilización, sino un trabajo de convencimiento, para enfrentar argumentos que provienen de personas y sectores que defienden este orden de derechos conculcados, y otros que simplemente, ven como solución simple, el dar vuelta la página de ese capítulo.
Y la pregunta es: ¿cómo nos preparamos los cientos y miles de personas, que no somos juristas, para desarrollar una batería de argumentos que demuestren y convenzan, ya que también esta vez, dependerá del trabajo que cada uno de nosotros desempeñe, el logro de anular la ley.
En primer término tenemos que convencernos que una ley no sólo tiene que ver con lo jurídico, sino con situaciones políticas que la promueven. Por lo tanto esa argumentación tiene esos dos aspectos: lo jurídico propiamente y lo político. Demostrado está en los hechos más recientes, que un cambio de gobierno, el operado en el 2005, tocó una serie de resortes que provocaron algunos cambios a pesar de la vigencia y el cumplimiento de la ley. También, sabemos que por razones políticas, no esta claro, aún para los seguidores de este tema, hasta dónde está dispuesto el gobierno a seguir avanzando en la defensa de los derechos violados durante la dictadura que se arrastran hasta hoy.
Dependerá en éste, como en otros tantos temas, de la voluntad y la gestión de la población en luchar por ese objetivo perenne que es la Justicia. Acá y en este momento particularizado en una ley violatoria que anula la acción del Poder Judicial estamos definiendo el modelo de sociedad que queremos. Y más claramente con las palabras de un hombres de leyes: "desde el punto de vista ético y político, el valor Justicia para este tipo de crímenes debe ser un elemento innegociable del modelo cultural que queremos para el país", por lo cual, "la sociedad debe discutir el modelo de convivencia social y los valores sobre los cuales asentarlo". Oscar López Goldaracena.
Discutir y definir el modelo de convivencia social y de valores, es una tarea que nos cabe y por lo tanto todos debemos y podemos argumentar y definir sin haber pisado nunca los claustros universitarios.
Así como, la ley de caducidad fue el resultado de la presión y la amenaza de las fuerzas dictatoriales que subsistían en nuestra recién conquistada democracia, su nulidad deberá ser el resultado de las reservas democráticas de la sociedad civil
implantando un debate en el seno de la misma para que de él salgan fortalecidos los anhelos de verdad y justicia.
Entonces primero, no dudar que todos podemos argumentar e incidir en este tema. Conocer la ley 15.848 es quizás un requisito nunca agotado. Leer los argumentos con los cuales demuestran los abogados, juristas y estudiosos del campo de los derechos humanos que es una ley anticonstitucional y violatoria del derecho internacional, así tengamos que volver una y otra vez a esa lectura, es necesario. Organizar y participar en debates a los efectos del intercambio, esclarecedor, lo debemos hacer.
Sabemos que dirigentes y adherentes de la fuerza política que gobierna a pesar de reconocer las causas y los efectos aberrantes de esta ley, valoran como elemento esencial para su permanencia, el hecho de que fue ratificada por un referéndum. Es tan fuerte el peso de la concepción formada en años de liberalismo, que convenció y dio como producto que el acto electoral es más importante que la fórmula, el contenido de lo que se está votando. Lo fundamental es tener el derecho de expresarse cada 4 ó 5 años sobre los candidatos a gobernar, que los mismos programas que estos proponen. Así se sostienen las democracias formales de estos países.
Hoy, cuando nuestra correlación de fuerzas a cambiado, como consecuencia de la larga y sostenida lucha en esta materia de los derechos humanos, y hay fundamentación sostenida en lo nacional e internacional que demuestran la aberración jurídica de la ley, se sostiene su validez por una decisión electoral anterior. Pero más, la historia política de nuestro país está colmada de modificaciones u anulaciones que se han hecho, y otras que se pretenden hacer, recurriendo a la consulta popular pues así lo exigía la constitución.
Cito un argumento escrito en Trabajo y Utopía:
“Hoy se habla de la posibilidad de la reelección del Presidente, hecho que no es posible actualmente en razón de disposiciones constitucionales. De ahí que quienes promueven la citada reelección, están por la vía de los hechos, promoviendo la derogación de la actual Constitución, para reemplazarla por otra, que permita esa reelección. Sabido es que la Constitución actual, es el resultado de un referéndum, que la implantó sustituyendo la anterior, sin embargo a nadie se le ocurre, decir que ya sea por el ejemplo de la reelección presidencial o cualquier otro que pueda ameritar la necesidad de cambiar la constitución, se está violentado la voluntad popular que en determinado momento se pronunció por la Constitución vigente.”
También López Goldaracena dice que “El referéndum otorgó a la ley de caducidad sustento político en un momento determinado, en circunstancias muy especiales, pero no validó la ley desde el punto de vista jurídico, ni la convirtió en una súper ley”.
Considero importante desarrollar este argumento de la validez de la ley a partir del referendum, pues lo encontramos en quienes no comparten la ley, en quienes votaron verde, el voto por la derogación.
Otro aspecto que me parece fundamental que abarquemos, en estas asambleas que tenemos que promover, es el desarrollo de conceptos y teorías en derechos humanos que se han promovido a nivel internacional. Muchas de ellas ahora como tratados ratificados por los gobiernos de las naciones.
La conjunción de esfuerzos para mejorar la situación, de las poblaciones más débiles en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos, es un beneficio que debemos reconocer. Quién puede negar hoy día, que la actuación que se llevó a cabo desde la justicia española, en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada, no significó para estos países del cono sur un importante revulsivo que permitió el avance en la lucha contra la impunidad.
Cuando la fuerza de gobierno voto en su Congreso casi por unanimidad que debería, en caso de llegar al gobierno, adecuar su legislación interna a la normativa internacional no ignoraba que la ley de caducidad era nula desde el derecho internacional y que esa adecuación implicaba dos únicas opciones: hacerla nula también o separarse de la comunidad internacional, precio que no está dispuesto a pagar.
Este tema complejo sin duda, tiene varias formas de abordaje, este es un intento de colaboración para que ese muro que antes tratábamos de fisurar, ahora lo derribemos finalmente.
Publicado conjuntamente con Sara Méndez en Revista INTERNOS de AFCASMU.
En este artículo nos proponemos, plantear un tema que está presente en el país, pero no resuelta aún la forma de abordarlo. Nos referimos a la ley de impunidad que rige en nuestro país, la llamada, también, ley de”la caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Ley 15.848). Cuando decimos que está presente, no sólo nos referimos a sus efectos, la impunidad a las violaciones de los delitos de lesa humanidad, sino a la iniciativa y definición de organizaciones y sectores de nuestra población, para promover la anulación de la misma.
A esta definición por la nulidad, le han seguido movilizaciones en distintas ciudades del país, promovida por la Plataforma Contra la Impunidad y el PIT/CNT - que integra la misma-, con el objetivo de lograr la sensibilización de los más amplios sectores de la población . Ahora, cabe ir configurando un programa que logre no sólo la sensibilización, sino un trabajo de convencimiento, para enfrentar argumentos que provienen de personas y sectores que defienden este orden de derechos conculcados, y otros que simplemente, ven como solución simple, el dar vuelta la página de ese capítulo.
Y la pregunta es: ¿cómo nos preparamos los cientos y miles de personas, que no somos juristas, para desarrollar una batería de argumentos que demuestren y convenzan, ya que también esta vez, dependerá del trabajo que cada uno de nosotros desempeñe, el logro de anular la ley.
En primer término tenemos que convencernos que una ley no sólo tiene que ver con lo jurídico, sino con situaciones políticas que la promueven. Por lo tanto esa argumentación tiene esos dos aspectos: lo jurídico propiamente y lo político. Demostrado está en los hechos más recientes, que un cambio de gobierno, el operado en el 2005, tocó una serie de resortes que provocaron algunos cambios a pesar de la vigencia y el cumplimiento de la ley. También, sabemos que por razones políticas, no esta claro, aún para los seguidores de este tema, hasta dónde está dispuesto el gobierno a seguir avanzando en la defensa de los derechos violados durante la dictadura que se arrastran hasta hoy.
Dependerá en éste, como en otros tantos temas, de la voluntad y la gestión de la población en luchar por ese objetivo perenne que es la Justicia. Acá y en este momento particularizado en una ley violatoria que anula la acción del Poder Judicial estamos definiendo el modelo de sociedad que queremos. Y más claramente con las palabras de un hombres de leyes: "desde el punto de vista ético y político, el valor Justicia para este tipo de crímenes debe ser un elemento innegociable del modelo cultural que queremos para el país", por lo cual, "la sociedad debe discutir el modelo de convivencia social y los valores sobre los cuales asentarlo". Oscar López Goldaracena.
Discutir y definir el modelo de convivencia social y de valores, es una tarea que nos cabe y por lo tanto todos debemos y podemos argumentar y definir sin haber pisado nunca los claustros universitarios.
Así como, la ley de caducidad fue el resultado de la presión y la amenaza de las fuerzas dictatoriales que subsistían en nuestra recién conquistada democracia, su nulidad deberá ser el resultado de las reservas democráticas de la sociedad civil
implantando un debate en el seno de la misma para que de él salgan fortalecidos los anhelos de verdad y justicia.
Entonces primero, no dudar que todos podemos argumentar e incidir en este tema. Conocer la ley 15.848 es quizás un requisito nunca agotado. Leer los argumentos con los cuales demuestran los abogados, juristas y estudiosos del campo de los derechos humanos que es una ley anticonstitucional y violatoria del derecho internacional, así tengamos que volver una y otra vez a esa lectura, es necesario. Organizar y participar en debates a los efectos del intercambio, esclarecedor, lo debemos hacer.
Sabemos que dirigentes y adherentes de la fuerza política que gobierna a pesar de reconocer las causas y los efectos aberrantes de esta ley, valoran como elemento esencial para su permanencia, el hecho de que fue ratificada por un referéndum. Es tan fuerte el peso de la concepción formada en años de liberalismo, que convenció y dio como producto que el acto electoral es más importante que la fórmula, el contenido de lo que se está votando. Lo fundamental es tener el derecho de expresarse cada 4 ó 5 años sobre los candidatos a gobernar, que los mismos programas que estos proponen. Así se sostienen las democracias formales de estos países.
Hoy, cuando nuestra correlación de fuerzas a cambiado, como consecuencia de la larga y sostenida lucha en esta materia de los derechos humanos, y hay fundamentación sostenida en lo nacional e internacional que demuestran la aberración jurídica de la ley, se sostiene su validez por una decisión electoral anterior. Pero más, la historia política de nuestro país está colmada de modificaciones u anulaciones que se han hecho, y otras que se pretenden hacer, recurriendo a la consulta popular pues así lo exigía la constitución.
Cito un argumento escrito en Trabajo y Utopía:
“Hoy se habla de la posibilidad de la reelección del Presidente, hecho que no es posible actualmente en razón de disposiciones constitucionales. De ahí que quienes promueven la citada reelección, están por la vía de los hechos, promoviendo la derogación de la actual Constitución, para reemplazarla por otra, que permita esa reelección. Sabido es que la Constitución actual, es el resultado de un referéndum, que la implantó sustituyendo la anterior, sin embargo a nadie se le ocurre, decir que ya sea por el ejemplo de la reelección presidencial o cualquier otro que pueda ameritar la necesidad de cambiar la constitución, se está violentado la voluntad popular que en determinado momento se pronunció por la Constitución vigente.”
También López Goldaracena dice que “El referéndum otorgó a la ley de caducidad sustento político en un momento determinado, en circunstancias muy especiales, pero no validó la ley desde el punto de vista jurídico, ni la convirtió en una súper ley”.
Considero importante desarrollar este argumento de la validez de la ley a partir del referendum, pues lo encontramos en quienes no comparten la ley, en quienes votaron verde, el voto por la derogación.
Otro aspecto que me parece fundamental que abarquemos, en estas asambleas que tenemos que promover, es el desarrollo de conceptos y teorías en derechos humanos que se han promovido a nivel internacional. Muchas de ellas ahora como tratados ratificados por los gobiernos de las naciones.
La conjunción de esfuerzos para mejorar la situación, de las poblaciones más débiles en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos, es un beneficio que debemos reconocer. Quién puede negar hoy día, que la actuación que se llevó a cabo desde la justicia española, en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada, no significó para estos países del cono sur un importante revulsivo que permitió el avance en la lucha contra la impunidad.
Cuando la fuerza de gobierno voto en su Congreso casi por unanimidad que debería, en caso de llegar al gobierno, adecuar su legislación interna a la normativa internacional no ignoraba que la ley de caducidad era nula desde el derecho internacional y que esa adecuación implicaba dos únicas opciones: hacerla nula también o separarse de la comunidad internacional, precio que no está dispuesto a pagar.
Este tema complejo sin duda, tiene varias formas de abordaje, este es un intento de colaboración para que ese muro que antes tratábamos de fisurar, ahora lo derribemos finalmente.
sábado, 26 de agosto de 2006
ALGO MÁS SOBRE IMPUNIDAD
ALGO MÁS SOBRE IMPUNIDAD
Este es un resumen del trabajo escrito por la ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia Jacinta Balbela para el Centro de Investigación y Estudios Judiciales de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, y que fuera publicado en la revista ESPACIO ABIERTO correspondiente al mes de mayo del 2006.
Ese artículo titulado ALGO MÁS SOBRE IMPUNIDAD, da respuesta a una interrogante que la sociedad uruguaya deberá responder seguramente en los próximos meses, sobre la Ley 15.848, su vigencia actual y su futuro. Si bien, la reconocida jurista emite en el citado artículo su opinión jurídica, ella es fundamental a la hora de determinar los comportamientos éticos y políticos.
A partir de advertir que no realizaría una exposición académica, la Dra Balbela adelanta que enfocaría el tema “desde el punto de vista pragmático, seducida por la concepción de William James que fundaba la verdad de cualquier proposición filosófica o política en sus efectos o resultados prácticos”.
La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, según Balbela “condensa una compleja realidad como causa de su formulación”, un conjunto de conductas ilícitas cometidas por la dictadura que se “pretendió mantener impune”.
Recuerda la ex magistrada que la citada ley fue promulgada el 22 de diciembre de 1986 y que ante ello se había planteado desde la Sede de un Juzgado Penal su inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. El 2 de mayo de 1988, la Suprema Corte de Justicia rechazo por mayoría la inconstitucionalidad planteada con el voto a favor de los Ministros Rafael Addiego, Armando Tommasino y Nelson Nicohelio, y con el voto en contra de los ministros Nelson García Otero y la autora del artículo. Finalmente el 16 de abril de 1989, la ley de caducidad fue ratificada en un referéndum con el 56,95% de los sufragios.
A continuación la magistrada admite que la ley de caducidad es “una ley especial por esa aprobación de los habilitados para votar”, pero deja sentado que “no existe norma jurídica que la ponga a cubierto de nuevos planteamientos, o de carácter interpretativo, o de inconstitucionalidad”. Es decir que existe la posibilidad de que sea “derogada, modificada o anulada por el Parlamento”.
Frente al argumento sostenido por algunos juristas de que es una ley “más robusta” o que tiene más jerarquía jurídica y política”, u otros que sostienen que que tratándose de una ley confirmada por un referéndum, no es constitucionalmente válido que sea posteriormente derogada o modificada, la Dra Balbela manifiesta que discrepa con esta posición; “Entiendo que no obstante el referéndum ratificatorio por esa mayoría especial o cualquiera fuere el número de votantes, nada impide nuevos planteamientos en las condiciones requeridas por el Art. 259 de la Constitución, o su modificación por una ley sustitutiva, o su anulación lisa y llana. Ni impide, en los dos últimos casos que el Parlamento vuelva a legislar sobre la materia y sus supuestos jurídicos”.
En su opinión “el Estado ha estado omiso. Su pasividad ha suscitado una cadena de conflictos y graves repercusiones en la vida ciudadana”.
Sobre esa omisión del Estado uruguayo dice que “es ilustrativa la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a las posibilidades de nuevo análisis de una ley que ha sido sometida a un referéndum ratificatorio. En opinión consultiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciado por la afirmativa, en el sentido que lo que interesa en la perspectiva de la afirmación de los derechos humanos es analizar la compatibilidad de la norma con los derechos que se pretende proteger”. Otro jurista de amplio prestigio sostiene una tesis similar al afirmar que no importa si una ley fue ratificada por un referéndum, ni el porcentaje con que fue avalada “Una ley no se valida desde el punto de vista jurídico con un referéndum. Si tiene un vicio intrínseco que la vuelve nula, la ley continúa siendo nula siempre aunque tenga un respaldo mayoritariamente popular”.
Al referirse la Dra Balbela a los argumentos que en 1988 estuvieron presentes cuando la mayoría de la Suprema Corte de Justicia consideró constitucional la citada ley, dice que mantiene a casi 20 años de su expresión el voto discrepante con la mayoría de la Corte, ratifica sus consecuencias y propone la anulación de la ley de caducidad.
Con relación a los argumentos de quienes consideraron en aquella oportunidad que la Ley era constitucional, en base a que la caducidad era una amnistía, un perdón otorgado “a la luz de la doctrina nacional y extranjera más recibida”, la ex Ministra afirma que “Es obvio que no se trata de un perdón, sino de hipótesis de caducidad en fórmula que puede ser regulada libremente como manifestación del decaimiento del poder punitivo del Estado. No es lo mismo consagrar el decaimiento del poder punitivo del Estado, que ejercer un acto positivo de perdón”.
Cuando la citada Ley reconoce que como consecuencia de la lógica de los hechos, originados en un acuerdo político no institucional ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, no significa que se les perdona el delito sino que perdió su validez la acción que habilita su juzgamiento. Se le impone al Juez la obligación de no investigar.
Sobre lo que se ha llamado “la lógica de los hechos”, la Dra Balbela dice que esa situación fue explicada con claridad en el curso de la discusión legislativa de la ley de caducidad por el Dr. Gonzalo Aguirre cuando aquel decía “en el Articulo 1° de este proyecto no hemos empleado por casualidad el verbo “reconocer”. Hemos tenido plena conciencia de que tenemos que iniciar este proyecto con una disposición que no es, como se dice por quienes saben de Derecho, una norma constitutiva, es decir, una disposición que crea una situación jurídica, sino una disposición declarativa No crea una situación jurídica nueva, sino que reconoce o declara una preexistente. ¿Y cuál es ella? Una situación de vigencia limitada de la Constitución que ha impedido hacer justicia y que ha determinado la impunidad de hecho que por dos años hemos tenido que tolerar. Solo significa reconocer que las normas constitucionales y legales que sujetan a todos los ciudadanos al Poder Judicial no funcionan respecto a los militares, por virtud de un hecho anterior”.
Recuerda la Dra Balbela que al votar a favor de la inconstitucionalidad de la ley de caducidad en 1988, admitió que ”pueden ser válidas del punto de vista sustancial las motivaciones, las razones invocadas, realidad política, social, etc. para reconocer una voluntad ajena como determinante de una norma jurídica, pero formalmente hay que convenir que ese mismo reconocimiento de una fuente de derecho no reconocida por la Constitución, engendra una ley viciada de inconstitucionalidad en cuanto no es expresión de la soberanía de la Nación”.
Al referirse al cercenamiento de las potestades jurisdiccionales de los jueces en el juzgamiento de los delitos cometidos durante la dictadura, la opinión de la Dra Balbela sostiene que “el juez ha perdido su independencia, se ha transformado en un mero funcionario de homologación. Es el Poder Ejecutivo a quien el magistrado instructor está obligado a requerir informes, quien determina la suerte del proceso y, por ello mismo, la suerte del sujeto imputado”. Balbela admite que es posible que se otorgue al Poder Ejecutivo el ejercicio de determinadas diligencias, comprobaciones, opiniones o pruebas, “que no deciden en definitiva, no dirimen situaciones reservadas por la Constitución a la función jurisdiccional, cuyo titular es exclusiva mente el Poder Judicial”. La Constitución “no ha asignado de manen alguna al Poder Ejecutivo funciones jurisdiccionales y por tanto, el Parlamento no puede asignárselas”.
Al referirse a lo que ocurrió en país luego del referéndum del 89, la Magistrada concluye “Un silencio cómplice; pretender saber la verdad y poner en funcionamiento resortes jurídicos tendientes al enjuiciamiento de los culpables fue una utopía para quienes aspiraban a la verdad y la justicia. Veinte años de dolor y espera.
El cambio devino por la perseverante, valiente e inteligente lucha de las organizaciones no gubernamentales que agruparon a las victimas de los delitos cometidos, destruyeron jurídicamente la mítica de la prescripción e iniciaron la revisión crítica de tan compleja realidad.
El revivir la vigencia de los documentos de derechos humanos en el orden jurídico nacional introducidos ‘formalmente” desde hacía varios años, operó como llave de oro que abrió las puertas a la sociedad civil para el análisis de las conductas lesivas.
Pero el mantenimiento de la Ley de Caducidad constituye un obstáculo insalvable”.
Al referirse a la iniciativa que en su momento impulsaron los Senadores del Encuentro Progresista para se interpretaran determinados artículos de la referida Ley 15.848, la Dra Balbela expresa que la interpretación “adolece de la misma inconstitucionalidad de la ley que se pretende interpretar, sencillamente porque como meta de la interpretación atribuye la responsabilidad de la decisión jurisdiccional al Poder Ejecutivo, bajo la forma de “acto reglado”.
Raúl Olivera
Secretaría DD.HH y Políticas Sociales PIT/CNT.
Este es un resumen del trabajo escrito por la ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia Jacinta Balbela para el Centro de Investigación y Estudios Judiciales de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, y que fuera publicado en la revista ESPACIO ABIERTO correspondiente al mes de mayo del 2006.
Ese artículo titulado ALGO MÁS SOBRE IMPUNIDAD, da respuesta a una interrogante que la sociedad uruguaya deberá responder seguramente en los próximos meses, sobre la Ley 15.848, su vigencia actual y su futuro. Si bien, la reconocida jurista emite en el citado artículo su opinión jurídica, ella es fundamental a la hora de determinar los comportamientos éticos y políticos.
A partir de advertir que no realizaría una exposición académica, la Dra Balbela adelanta que enfocaría el tema “desde el punto de vista pragmático, seducida por la concepción de William James que fundaba la verdad de cualquier proposición filosófica o política en sus efectos o resultados prácticos”.
La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, según Balbela “condensa una compleja realidad como causa de su formulación”, un conjunto de conductas ilícitas cometidas por la dictadura que se “pretendió mantener impune”.
Recuerda la ex magistrada que la citada ley fue promulgada el 22 de diciembre de 1986 y que ante ello se había planteado desde la Sede de un Juzgado Penal su inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. El 2 de mayo de 1988, la Suprema Corte de Justicia rechazo por mayoría la inconstitucionalidad planteada con el voto a favor de los Ministros Rafael Addiego, Armando Tommasino y Nelson Nicohelio, y con el voto en contra de los ministros Nelson García Otero y la autora del artículo. Finalmente el 16 de abril de 1989, la ley de caducidad fue ratificada en un referéndum con el 56,95% de los sufragios.
A continuación la magistrada admite que la ley de caducidad es “una ley especial por esa aprobación de los habilitados para votar”, pero deja sentado que “no existe norma jurídica que la ponga a cubierto de nuevos planteamientos, o de carácter interpretativo, o de inconstitucionalidad”. Es decir que existe la posibilidad de que sea “derogada, modificada o anulada por el Parlamento”.
Frente al argumento sostenido por algunos juristas de que es una ley “más robusta” o que tiene más jerarquía jurídica y política”, u otros que sostienen que que tratándose de una ley confirmada por un referéndum, no es constitucionalmente válido que sea posteriormente derogada o modificada, la Dra Balbela manifiesta que discrepa con esta posición; “Entiendo que no obstante el referéndum ratificatorio por esa mayoría especial o cualquiera fuere el número de votantes, nada impide nuevos planteamientos en las condiciones requeridas por el Art. 259 de la Constitución, o su modificación por una ley sustitutiva, o su anulación lisa y llana. Ni impide, en los dos últimos casos que el Parlamento vuelva a legislar sobre la materia y sus supuestos jurídicos”.
En su opinión “el Estado ha estado omiso. Su pasividad ha suscitado una cadena de conflictos y graves repercusiones en la vida ciudadana”.
Sobre esa omisión del Estado uruguayo dice que “es ilustrativa la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a las posibilidades de nuevo análisis de una ley que ha sido sometida a un referéndum ratificatorio. En opinión consultiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciado por la afirmativa, en el sentido que lo que interesa en la perspectiva de la afirmación de los derechos humanos es analizar la compatibilidad de la norma con los derechos que se pretende proteger”. Otro jurista de amplio prestigio sostiene una tesis similar al afirmar que no importa si una ley fue ratificada por un referéndum, ni el porcentaje con que fue avalada “Una ley no se valida desde el punto de vista jurídico con un referéndum. Si tiene un vicio intrínseco que la vuelve nula, la ley continúa siendo nula siempre aunque tenga un respaldo mayoritariamente popular”.
Al referirse la Dra Balbela a los argumentos que en 1988 estuvieron presentes cuando la mayoría de la Suprema Corte de Justicia consideró constitucional la citada ley, dice que mantiene a casi 20 años de su expresión el voto discrepante con la mayoría de la Corte, ratifica sus consecuencias y propone la anulación de la ley de caducidad.
Con relación a los argumentos de quienes consideraron en aquella oportunidad que la Ley era constitucional, en base a que la caducidad era una amnistía, un perdón otorgado “a la luz de la doctrina nacional y extranjera más recibida”, la ex Ministra afirma que “Es obvio que no se trata de un perdón, sino de hipótesis de caducidad en fórmula que puede ser regulada libremente como manifestación del decaimiento del poder punitivo del Estado. No es lo mismo consagrar el decaimiento del poder punitivo del Estado, que ejercer un acto positivo de perdón”.
Cuando la citada Ley reconoce que como consecuencia de la lógica de los hechos, originados en un acuerdo político no institucional ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, no significa que se les perdona el delito sino que perdió su validez la acción que habilita su juzgamiento. Se le impone al Juez la obligación de no investigar.
Sobre lo que se ha llamado “la lógica de los hechos”, la Dra Balbela dice que esa situación fue explicada con claridad en el curso de la discusión legislativa de la ley de caducidad por el Dr. Gonzalo Aguirre cuando aquel decía “en el Articulo 1° de este proyecto no hemos empleado por casualidad el verbo “reconocer”. Hemos tenido plena conciencia de que tenemos que iniciar este proyecto con una disposición que no es, como se dice por quienes saben de Derecho, una norma constitutiva, es decir, una disposición que crea una situación jurídica, sino una disposición declarativa No crea una situación jurídica nueva, sino que reconoce o declara una preexistente. ¿Y cuál es ella? Una situación de vigencia limitada de la Constitución que ha impedido hacer justicia y que ha determinado la impunidad de hecho que por dos años hemos tenido que tolerar. Solo significa reconocer que las normas constitucionales y legales que sujetan a todos los ciudadanos al Poder Judicial no funcionan respecto a los militares, por virtud de un hecho anterior”.
Recuerda la Dra Balbela que al votar a favor de la inconstitucionalidad de la ley de caducidad en 1988, admitió que ”pueden ser válidas del punto de vista sustancial las motivaciones, las razones invocadas, realidad política, social, etc. para reconocer una voluntad ajena como determinante de una norma jurídica, pero formalmente hay que convenir que ese mismo reconocimiento de una fuente de derecho no reconocida por la Constitución, engendra una ley viciada de inconstitucionalidad en cuanto no es expresión de la soberanía de la Nación”.
Al referirse al cercenamiento de las potestades jurisdiccionales de los jueces en el juzgamiento de los delitos cometidos durante la dictadura, la opinión de la Dra Balbela sostiene que “el juez ha perdido su independencia, se ha transformado en un mero funcionario de homologación. Es el Poder Ejecutivo a quien el magistrado instructor está obligado a requerir informes, quien determina la suerte del proceso y, por ello mismo, la suerte del sujeto imputado”. Balbela admite que es posible que se otorgue al Poder Ejecutivo el ejercicio de determinadas diligencias, comprobaciones, opiniones o pruebas, “que no deciden en definitiva, no dirimen situaciones reservadas por la Constitución a la función jurisdiccional, cuyo titular es exclusiva mente el Poder Judicial”. La Constitución “no ha asignado de manen alguna al Poder Ejecutivo funciones jurisdiccionales y por tanto, el Parlamento no puede asignárselas”.
Al referirse a lo que ocurrió en país luego del referéndum del 89, la Magistrada concluye “Un silencio cómplice; pretender saber la verdad y poner en funcionamiento resortes jurídicos tendientes al enjuiciamiento de los culpables fue una utopía para quienes aspiraban a la verdad y la justicia. Veinte años de dolor y espera.
El cambio devino por la perseverante, valiente e inteligente lucha de las organizaciones no gubernamentales que agruparon a las victimas de los delitos cometidos, destruyeron jurídicamente la mítica de la prescripción e iniciaron la revisión crítica de tan compleja realidad.
El revivir la vigencia de los documentos de derechos humanos en el orden jurídico nacional introducidos ‘formalmente” desde hacía varios años, operó como llave de oro que abrió las puertas a la sociedad civil para el análisis de las conductas lesivas.
Pero el mantenimiento de la Ley de Caducidad constituye un obstáculo insalvable”.
Al referirse a la iniciativa que en su momento impulsaron los Senadores del Encuentro Progresista para se interpretaran determinados artículos de la referida Ley 15.848, la Dra Balbela expresa que la interpretación “adolece de la misma inconstitucionalidad de la ley que se pretende interpretar, sencillamente porque como meta de la interpretación atribuye la responsabilidad de la decisión jurisdiccional al Poder Ejecutivo, bajo la forma de “acto reglado”.
Raúl Olivera
Secretaría DD.HH y Políticas Sociales PIT/CNT.
domingo, 13 de agosto de 2006
EL CAPITULO URUGUAYO DEL CÓNDOR
EL CAPITULO URUGUAYO DEL CONDOR.
Publicado en Trabajo y Utopía agosto 2006.
Un conjunto de causas radicadas en distintos juzgados penales uruguayos y otras en la república Argentina, están originando por primera vez en 20 años importantes actuaciones en Uruguay a nivel judicial. Detenciones, indagatorias y trámites de extradición giran en torno a hechos ocurridos hace 30 años. Lo que actualmente esta ocurriendo en sedes judiciales, con las dificultades del caso, puede ser seguido actualmente mediante los medios de difusión. Sobre lo que ocurrió en 1976, trataremos de hacer una síntesis, que seguramente nos llevará más que el espacio del que disponemos en este número.
Al asumir en febrero del 76, como Jefe de la side de Argentina el general Otto Paladino, se intensificaran las acciones clandestinas de los servicios de seguridad de otros países vecinos en la Argentina y de los servicios argentinos en otros países.
El 5 de abril empiezan a desarrollarse acciones represivas de la dictadura uruguaya sobre los exiliados uruguayos del PVP en Argentina. En ese marco es secuestrado Ary Cabrera.[1]
En ese mes, Ricardo Gil,[2] que había sido detenido en Colonia el 28 de marzo, durante los interrogatorios a que es sometido en Uruguay le preguntan sobre Ary Cabrera. “me mostraron pertenencias de él, se me interrogó acerca de actividades comunes realizadas con él (...) Las personas que me interrogaron a mí me dijeron que también lo habían interrogado a él en la Argentina".[3]
El 17 de abril son secuestrados en Buenos Aires Telba Juárez y Eduardo Chizzola. [4] Dos días después, Telba aparece muerta a balazos. Ricardo Gil es también interrogado acerca de Eduardo Chizzola.[5] "Se me mostraron sus pertenencias y en particular, su libreta de conductor, expedida en Buenos Aires, que tenía su foto. Se me dijo que estaba detenido en la Argentina”.[6]
En los días 22 y 23 de abril y el 1º de mayo, aparecen en las costas de Rocha cuatro cadáveres con muestras de brutales torturas.[7]
El 4 de mayo es secuestrado y desaparece en Buenos Aires José Enrique Caitano Malgor. Aparece otro cadáver en las costas de Rocha, con las mismas características de los anteriores.
El 4 de mayo Zelmar Michelini recibe información de que se preparan acciones contra uruguayos. Al otro día, entrega una carta a un periodista amigo, advirtiendo que pueden producirse acciones contra él.[8] El 8 de mayo viaja Juan Carlos Blanco, a reunirse con el Contralmirante Cesar Guzzeti para que Michelini fuera alejado de la Argentina.
El 10 de mayo aparee en el Río de la Plata otro cadáver mostrando señales de torturas.
El 11 de mayo es ocupado el inmueble donde comenzará a funcionar Automotoras Orletti.
El 13 de mayo son secuestrados Rosario Barredo, y Williams Whitelaw, junto a sus tres hijos.[9] Ese mismo día es secuestrado y desaparece Hugo Gomensoro Josman.
El 14 de mayo aparece otro cadáver en las aguas del Río de la Plata..
Dos días después, es secuestrada y desaparece en Buenos Aires, Blanca Rodríguez de Bessio.
El 17 de mayo aparece otro cadáver en las costas del Río de la Plata. Al día siguiente son secuestrados Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
El sub Oficial argentino Orestes Vaello, entrega a Rosario Barredo y Williams Whitelaw, al agente del SIDE César Alejandro Enciso y a personas de los servicios de inteligencia de Uruguay.[10]
El 19 de mayo es secuestrado y desaparece en Buenos Aires, Manuel Liberoff. Ese mismo día aparece en Colonia otro cuerpo decapitado, con características similares a los anteriores.
El 20 de mayo son asesinados Michelini y Gutiérrez Ruiz y el matrimonio Whitelaw - Barredo. Al día siguiente, aparecen sus cuerpos dentro de un vehículo. Ante la inminencia de que podían correr suerte la familia de Wilson Ferreira Aldunate se refugia en una embajada.
El 6 de junio desaparece en Argentina, Daniel Goicoechea.
El 9 de junio, es secuestrado y desaparece Gerardo Gatti.[11] También es detenida otra uruguaya María del Pilar Nores. Gatti y Nores fueron trasladados al centro de detención clandestino “Automotores Orletti” o “El Jardín”.[12]
El 13 de junio es secuestrado por un grupo de militares uruguayos y argentinos, Washington Pérez. Es conducido, junto con su hijo hasta “Automotores Orletti”, donde Hugo Campos Hermida, y otros militares uruguayos le obligan a actuar como intermediario ante el pvp, a los efectos de lograr el pago de un rescate a cambio de la vida de Gatti.
El 15 de junio, es secuestrado y desaparece Hugo Méndez Donadio.[13] Su compañera Maria del Carmen Martínez, será detenida posteriormente y conducida junto a Méndez a Automotoras Orletti. María del Carmen Martínez identifica en su detención e interrogatorios a Hugo Campos Hermida y al oficial uruguayo, Maurente.
En Orletti, Hugo Méndez y Gerardo Gatti son brutalmente torturados. María del Carmen Martínez supo que también se encontraba en el lugar María del Pilar Nores Montedónico, quien al día siguiente es sacada de allí. Esa misma tarde del 15 de junio es secuestrado y desaparece Julio Rodríguez Rodríguez y una mujer embarazada de quien no se conoce identidad y destino posterior. También son secuestrados los uruguayos, Jorge González Cardozo y Elizabeth Pérez Lutz. Todos son conducidos a Automotoras Orletti. Dos días después secuestran a Edgardo Candia, otro uruguayo también es llevado a Orletti.
Mientras continúan las gestiones de los militares uruguayos y argentinos en la operación de extorsión por la vida de Gerardo Gatti., llega a la Argentina una misión de la Federación Internacional de Derechos del Hombre y el Movimiento Internacional de Juristas Católicos, para informarse sobre la situación de los refugiados uruguayos en dicho país interesándose sobre Gatti.
El 20 de junio, luego de una larga sesión de torturas, Hugo Méndez y Edgardo Candia fueron sacados de Orletti y a partir de allí desaparecen. Al día siguiente Hugo Campos Hermida, se lleva de Orletti en un automóvil a María del Carmen Martínez, Julio Rodríguez Rodríguez y la mujer embarazada. María del Carmen Martínez es dejada en libertad. De las otras dos personas no se tienen más noticias.
El 25 de junio, Washington Pérez es conducido nuevamente a Automotoras Orletti donde obtiene la foto en la que Pérez aparece con el diario del día y Gatti tendido en una cama, tomada para probar que Gatti aún se hallaba con vida.
El 26 de junio es detenida en Montevideo, Elena Quinteros. Empiezan a producirse detenciones en Montevideo de gente vinculada al pvp.
Dos días después, Elena Quinteros intenta refugiarse en la embajada de Venezuela y es nuevamente capturada.
El 1º de julio, es secuestrado en Argentina y llevado a Orletti el integrante del PVP Enrique Rodríguez Martínez.
El 9 las uruguayas Cecilia Irene Gayoso Jauregui y Mónica Soliño son secuestradas en Buenos Aires. Ambas posteriormente son trasladadas a Orletti.
El 13 son secuestrados Margarita Michelini, Raúl Altuna, Ana Inés Quadros, Eduardo Dean, Víctor Lubian, Marta Petrídes, Sergio López Burgos, León Duarte, Asilú Maceiro, Sara Méndez, Gastón Zina, Elba Rama, Ariel Sotto, Alicia Raquel Cadenas, Ana María Salvo, Laura Anzalone, Félix Díaz, Raquel Nogueira, Enrique Rodríguez Larreta y Edelweis Zhan. Todos son conducidos a Automotores Orletti. Otro uruguayo secuestrado el 13 de julio por efectivos de Policía Federal fue Marcos Arocena, de 35 años. De esa ola de secuestros quedaran desaparecidos dos niños, Simón Riquelo y Ernesto Anzalone.[14]
Con León Duarte, conocido dirigente sindical uruguayo, fundador de la CNT y secretario general del pvp repiten la operación de extorsión que habían intentado con Gatti, utilizando para la intermediación nuevamente a Washington Pérez hasta que, Pérez logra burlar la vigilancia de los represores y se refugia en la embajada de Suecia. "Delante nuestro, se repartían el botín con los argentinos, y una vez arreglados se dedicaban a desarmar y embalar los autos que habían robado, el mobiliario y todas las pertenencias que fueron sacando de nuestras casas a medida que nos secuestraban. Un día, nos subieron a Elba Rama y a mí y un grupo de argentinos nos preguntó por separado se habíamos escuchado algún comentario a los uruguayos sobre un rescate a cambio de dólares".[15]
El 16 María del Pilar Nores, es trasladada a Montevideo. El 25 de julio, trasladan a los 24 de uruguayos secuestrados en Orletti a Uruguay y recluidos en la cárcel clandestina de Punta Gorda. No integran dicho traslado, ni Duarte, ni Gatti. El 22 de agosto los detenidos en la cárcel de Punta Gorda son trasladados a la sede del sid ‑en Bulevar Artigas y Palmar.
El 23 de agosto, José Luis Bertazzo, un ciudadano argentino, es detenido y conducido a "Automotoras Orletti".El día siguiente son secuestrados en Argentina y llevados a Orletti, Marcelo Gelman y María Claudia Garcia de Gelman.
El 26 de agosto es secuestrado y desaparece en Argentina Mario Jorge Cruz Bonfiglio.
El 3 de setiembre, es secuestrado y desaparece en Argentina Walner Ademir Bentancourt Garin.
El 6 y 8 de septiembre son inhumados en el cementerio de Colonia cuerpos nn aparecidos en el Río de la Plata.
El 23 de setiembre son secuestrados y desaparecen Juan Miguel Morales Von Pieverling y Josefina Keim Lledo de Morales.
El 26 de setiembre en un violento operativo secuestran y desaparecen en Argentina Roger Julien Cáceres, su esposa Victoria Grisonas de Julien y sus dos hijos Anatole y Victoria.[16] Todos son conducidos a Orletti.
Ese mismo día son secuestrados Alberto Mechosos y Adalberto Soba. Posteriormente secuestran a los integrantes de sus familias y en una imprenta que funcionaba en la casa de Soba, secuestran y desaparecen Pablo Errandonea y Raúl Tejera.
La familia de Mechosos estaba integrada por Beatriz Inés Castellonese Techera, y sus dos hijos Alberto José Mechoso Castellonese y Beatriz Elizabeth Mechoso Castellonese, de 6 y 8 años respectivamente. La de Soba por María Elena Laguna, y sus tres hijos menores, Sandro, Leonardo y Tania.
La familia Soba es trasladada a Orletti. "Aproximadamente a las 14 horas, varios vehículos y personas de particular fuertemente armadas irrumpieron en mi casa por la puerta delantera y por el fondo. En ese momento mi casa estaba también copada. Por el fondo de la casa trajeron un hombre arrollado en una manta, lo tiraron al piso y me dijeron: “ahí está tu esposo”. Yo tiré la frazada y lo desenvolví. Estaba semidesnudo y ensangrentado. Mis hijos me agarraban y lloraban, mientras tanto ellos daban vuelta la casa, tirando y rompiendo todo, hasta que encontraron una caja de madera con dólares, que no pertenecían a mi familia sino al PVP".[17]
En Orletti la esposa de Soba pudo ver ocho o diez personas con los ojos vendados. En una oportunidad el mayor José Nino Gavazzo le dijo que la iban a trasladar a Uruguay con sus hijos, por lo que ella reclamó ver a su compañero. Gavazzo ordenó que trajeran a Adalberto Soba ante su esposa y sus hijos. Lo tiraron en la colchoneta de su familia. Estaba sin vendas pero no podía abrir los ojos que estaban blancos, como cubiertos de pus o quemados con un ácido. Tenía quemados los párpados, los dedos de las manos y de los pies, la espalda a la altura de los riñones. No hablaba, sólo decía: “tengo sed”. Lo dejaron allí unas horas. Su compañera y sus hijos lloraban y él no decía nada. Después lo llevaron otra vez a una pieza y al dejarlo, su compañera oyó a un guardia que decía: “a ése dejalo ahí, que va para traslado”.
A María Elena Laguna y a sus tres hijos los pusieron en un coche y los llevaron al aeropuerto.
En el caso de Alberto Mechoso, también las Fuerzas Armadas uruguayas y argentinas, allanaron su domicilio donde se encontraba el resto del núcleo familiar. Con picos y macetas, destrozaron todo, reunieron el dinero que había y se lo llevaron.
Concluido el operativo dejaron dos guardias en la casa y llevaron a la esposa de Alberto Mechoso y a sus dos hijos, a una casa. "Luego de hacer un viaje de aproximadamente 40 minutos, llegamos a un lugar, era una casa particular. Mi esposo reconoció el lugar donde nos mantenían a mis hijos y a mí, como el domicilio de Mauricio Gatti y Sara Méndez, donde había estado él más de una vez. Mi esposo me dijo que el oficial que lo acompañaba, que estaba en la habitación con nosotros, era el Mayor Gavazzo del ejército uruguayo".[18]
El día 27 de setiembre por la mañana Beatriz Castellonese recibe la información de que ella y sus hijos iban a ser llevado para Uruguay. Ese mismo Alberto Mechoso, quien pudo tener un encuentro con su familia. "El día lunes 27, de mañana, me dijeron que me iban a llevar para Uruguay; (...)cerca de las cuatro de la tarde nos dicen que vamos a tener una visita, y aparece mi marido. Me dice que la persona que lo detuvo fue el mayor Gavazzo, que fue el que realizó el procedimiento en mi casa".[19]
Una hora más tarde se llevaron a Alberto Mechoso y poco después son sacados el resto de los secuestrados de la casa y llevados hasta Aeroparque, para abordar un avión de pasajeros de línea comercial con destino a Montevideo. Gavazzo, simuló ser el esposo de Beatriz Castellonese y padre de los dos menores.
En el mismo avión viajaba también la esposa de Adalberto Soba, Elena Laguna, y sus tres hijos. A la familia Soba la acompañaba otro integrante del sid uruguayo, José Arab Fernández alias "El Turco". Gavazzo traía en su poder el maletín con el dinero que había sacado de la casa de la familia Mechoso y la caja de madera robada en la casa de Adalberto Soba, con dinero. En determinado momento la abrió y empezó a sacar dólares y a guardárselos en los bolsillos. "Los policías de particular hicieron los trámites. Creo que nos trajeron con documentos falsos, ya que en mi cartera tenía mi propia cédula de identidad uruguaya. El mayor Gavazzo dijo que iba a pasar por mi esposo y a los chicos les dijo que lo llamaran de papá. Traía un maletín con dinero que había sacado de mi casa (era del pvp) y quien observara con atención podía ver el contenido, porque estaba mal cerrado. Nos advirtieron que en el viaje no intentáramos hacer nada. Cuando llegamos a Carrasco, en Montevideo, nos esperaban cuatro o cinco coches con policías de particular armados. Hicimos el viaje con otra señora con tres niños; ella me dijo que era la esposa de Adalberto Soba, que su esposo también estaba detenido. También me dijo que mientras estaba en prisión en Buenos Aires había estado en una casa donde también había más niños que los suyos, eran los hijos de Roger Julien, ella los conocía pues las dos familias se conocían".[20]
A la llegada al aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, las familias Soba y Mechoso y sus custodias eran esperados por cuatro o cinco coches con hombres de particular armados. Las dos mujeres y los cinco menores son conducidos a un local clandestino de detención, conocido como Cárcel de "Punta Gorda", donde se les informa que estarían allí hasta que terminaran los procedimientos que continuaban realizando en Buenos Aires.
El 27 de setiembre son secuestrados Jorge Zaffaroni, su esposa María Emilia Islas y la hija de ambos, Mariana Zaffaroni Islas. Mientras que los padres son desaparecidos, Mariana Zaffaroni es apropiada por un agente de la side, Miguel Ángel Furci. Ese mismo día y el siguiente continúan los operativos contra los integrantes del pvp. Cecilia Trías, Washington Cram, son secuestrados y desaparecen.
El 30 de septiembre, es secuestrado y desaparece Rubén Prieto González. Es detenida Beatriz Victoria Barboza Sánchez y su esposo Francisco Javier Peralta Leonor y soin llevados a Orletti. Alli Beatriz puede saber de la presencia de otras cuatro mujeres uruguayas y tres niños, también uruguayos. Los niños eran los hermanos Boris Anatole y Eva Lucia Julien Grissonas, y Mariana Zaffaroni Islas. Mientras que las mujeres, eran María Emilia Islas de Zaffaroni y posiblemente Josefina Kleim Lledo de Morales, la esposa de otro militante del pvp, Juan Miguel Morales Von Pieverlig, secuestrados juntos el 23 de setiembre de su domicilio. Puede saber que allí, en un cuarto contiguo, se encontraba otro ciudadano uruguayo secuestrado, Jorge Zaffaroni Castilla
El 30 de setiembre Beatriz Barboza y su esposo son dejados abandonados, atados y encapuchados en una zona, cercana a Liniers previa amenaza de que debían regresar a Uruguay de inmediato, o serían asesinados. Se dirigen al aeropuerto y previo aviso telefónico a familiares de Montevideo, embarcan rumbo a Uruguay donde son detenidos.
El 1º de octubre son secuestrados y desaparecen Rafael Lezama, Miguel Angel Moreno Malugani, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, Casimira Carretero Cárdenas, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian, todos ellos integrantes del pvp.
El 2 de octubre es secuestrados y desaparecen Bernardo Arnone y Juan Pablo Recagno. Junto a Recargno detienen a Alvaro Nores Montedónico. Ambos fueron conducidos a Orletti, los militares uruguayos que realizaron el operativo eran Gavazzo, Maurente; Vázquez, y un Capitán de Ingenieros. Estaban acompañados por personas de nacionalidad argentina uno de los cuales era un oficial del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina, como también por civiles argentinos al mando de Aníbal Gordon.
Gavazzo le comunica a Nores que a pesar de haberse suspendido los traslados de prisioneros a Montevideo, su caso sería una excepción, ya que los mismos solo se podían hacer con la autorización del General Amaury Prantl, el jefe del sid y su similar del side argentino.
El 4 de octubre terminan las acciones contra el pvp con el secuestro en la vía pública de Washington Queiro Uzal.
El martes 6 de octubre, Alvaro Nores es trasladado a Uruguay, por el teniente uruguayo Maurente en un avión de pluna de vuelo regular. En el aeropuerto de Carrasco, eran esperados por el teniente Felipe Sande Lima, de la Guardia de Coraceros de la Policía de Montevideo, en Comisión en el sid, quien traslada a Nores a la cárcel clandestina de Bulevar Artigas y Palmar.
El 5 de octubre Beatriz Castellonese es puesta en libertad, siendo conducida en un vehículo policial, hasta la casa de sus familiares en Montevideo.
Gavazzo y Pedro Matos le dicen a Enrique Rodríguez Martínez que incluirían a Elena Quinteros entre las personas que harían aparecer como detenidas en Uruguay.
El 14 de octubre en Argentina, Marcelo Gelman es asesinado y su cuerpo, metido en un tanque con cemento, es arrojado a las aguas del canal de San Fernando, junto a otras siete personas. Ese día se el secuestro y desaparición de Félix Rodríguez Liberto.
Entre el 14 y el 21 de octubre son trasladados desde Orletti al sid los menores Anatole y Victoria Julien y María Claudia García de Gelman.
Gavazzo le dice a Enrique Rodríguez Martínez que la intención de incluir a Elena Quinteros entre las personas que harían aparecer como detenidas en Uruguay, no se realizaría.
El 23 de octubre comienza un traslado paulatino a la casa alquilada para simular el operativo de detención, el chalet "Susy", con el objetivo de que sean vistos por algunos vecinos antes de que se produzca un espectacular procedimiento militar en la zona dónde se efectuaría la detención oficial de algunos de los uruguayos traídos desde Argentina. Esa misma noche se produjeron las falsas detenciones en hoteles céntricos pero en este caso fueron los propios militares (con la documentación falsa antes citada) que suplantaron a los detenidos.
El 24 de octubre aparece en los medios de comunicación, a través de un comunicado oficial, una amplia información que detalla las detenciones del día anterior y en el que se presenta a los detenidos como parte de un grupo violento con numerosos planes para atentar contra las autoridades nacionales.
El 26 de octubre fueron trasladados Sara Méndez, Sergio López Burgos, Asilú Maceiro, Ana Inés Quadros, Elba Rama Molla, Gastón Zina, Alicia Cadenas, Marta Petrides, Ana Salvo, Cecilia Gayoso, Mónica Soliño y Ariel Soto a la casa de Shangrilá, donde el Mayor Nino Gavazzo dio una conferencia de prensa.
La semana siguiente los secuestrados en Argentina pasan ante la Justicia Militar con declaraciones redactadas por los mismos militares que estuvieron durante todo este período a su cargo, legalizando así su aparición como presos políticos.
El 1º de noviembre María Claudia García de Gelman da a luz una niña en el Hospital Militar de Montevideo.
A mediados de noviembre empiezan los traslados a los penales de Libertad y Punta de Rieles de los detenidos en Argentina y trasaladados clandestinamente a Uruguay.
A fines de diciembre, María Claudia García es sacada del sid con rumbo desconocido y desaparece. Su hija es entregada a un integrante de las fuerzas de seguridad.
El 22 de diciembre es liberado del sid, Enrique Rodríguez Larreta. El mismo día también son liberados, María del Pilar Nores, su hermano Alvaro Nores, José Felix Díaz y su compañera Laura Anzalone. El 23 de diciembre son trasladados desde Montevideo a Santiago de Chile en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, acompañados por una persona llamada Mónica, los hermanos Julien quienes son abandonados en una plaza de Valparaiso, Chile.
[1] Sindicalista del gremio bancario e integrante del pvp, que en 1973 pasa a residir en Argentina., viajando regularmente a Uruguay hasta noviembre de 1975.
[2] Fue detenido junto a Luis Ferreira y Elida Álvarez, cuando ingresaban al Uruguay, intentando introducir propaganda antidictatorial.
[3] Testimonio ante Comisión Investigadora Parlamentaria de 1985.
[4] Telba, maestra de 29 años. Eduardo, estudiante de Educación Física de 25 años ambos radicados en Argentina.
[5] Testimonio ante Comisión Investigadora Parlamentaria de 1985
[6] Idem.
[7] La dictadura uruguaya, informa que los cuerpos son de nacionalidad asiática.
[8] Testimonio de Nelson Alonso a la Comisión Investigadora de Diputados.
[9] A fines de mayo, son rescatados por su abuelo de la comisaría de Vicente López, donde los habían dejado.
[10] Testimonio de Orestes Vaello, sub oficial del ejercito Argentino ante la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas de Argentina, el 4/4/1984.
[11] Militante político y sindical de 45 años, casado, con tres hijos. Fundador de la cnt e integrante de su primer Secretariado. Era presidente del pvp. Refugiado en Argentina desde 1973.
[12] Automotoras Orletti fue un centro de operaciones clandestinas e ilegales de los uruguayos integrantes del sid y de la ocoa que actuaban en Argentina.
[13] Méndez, de 31 años, era militante de los gau, y dirigente del Congreso Obrero Textil y del Ejecutivo de la cnt.
[14] Ernesto será recuperado poco después por su familia. Simon reciñe lo será 26 años después, en el 2002.
[15] Testimonio de Alicia Cadenas.
[16] Los niños seran recuperados años después en Valparaíso, Chile.
[17] Testimonio Maria Elena Laguna.
[18] Testimonio de Beatriz Castellonese.
[19] Testimonio de Beatriz Castellonese ante Investigadora Parlamentaria.
[20] Idem.
Publicado en Trabajo y Utopía agosto 2006 Nº 61
Publicado en Trabajo y Utopía agosto 2006.
Un conjunto de causas radicadas en distintos juzgados penales uruguayos y otras en la república Argentina, están originando por primera vez en 20 años importantes actuaciones en Uruguay a nivel judicial. Detenciones, indagatorias y trámites de extradición giran en torno a hechos ocurridos hace 30 años. Lo que actualmente esta ocurriendo en sedes judiciales, con las dificultades del caso, puede ser seguido actualmente mediante los medios de difusión. Sobre lo que ocurrió en 1976, trataremos de hacer una síntesis, que seguramente nos llevará más que el espacio del que disponemos en este número.
Al asumir en febrero del 76, como Jefe de la side de Argentina el general Otto Paladino, se intensificaran las acciones clandestinas de los servicios de seguridad de otros países vecinos en la Argentina y de los servicios argentinos en otros países.
El 5 de abril empiezan a desarrollarse acciones represivas de la dictadura uruguaya sobre los exiliados uruguayos del PVP en Argentina. En ese marco es secuestrado Ary Cabrera.[1]
En ese mes, Ricardo Gil,[2] que había sido detenido en Colonia el 28 de marzo, durante los interrogatorios a que es sometido en Uruguay le preguntan sobre Ary Cabrera. “me mostraron pertenencias de él, se me interrogó acerca de actividades comunes realizadas con él (...) Las personas que me interrogaron a mí me dijeron que también lo habían interrogado a él en la Argentina".[3]
El 17 de abril son secuestrados en Buenos Aires Telba Juárez y Eduardo Chizzola. [4] Dos días después, Telba aparece muerta a balazos. Ricardo Gil es también interrogado acerca de Eduardo Chizzola.[5] "Se me mostraron sus pertenencias y en particular, su libreta de conductor, expedida en Buenos Aires, que tenía su foto. Se me dijo que estaba detenido en la Argentina”.[6]
En los días 22 y 23 de abril y el 1º de mayo, aparecen en las costas de Rocha cuatro cadáveres con muestras de brutales torturas.[7]
El 4 de mayo es secuestrado y desaparece en Buenos Aires José Enrique Caitano Malgor. Aparece otro cadáver en las costas de Rocha, con las mismas características de los anteriores.
El 4 de mayo Zelmar Michelini recibe información de que se preparan acciones contra uruguayos. Al otro día, entrega una carta a un periodista amigo, advirtiendo que pueden producirse acciones contra él.[8] El 8 de mayo viaja Juan Carlos Blanco, a reunirse con el Contralmirante Cesar Guzzeti para que Michelini fuera alejado de la Argentina.
El 10 de mayo aparee en el Río de la Plata otro cadáver mostrando señales de torturas.
El 11 de mayo es ocupado el inmueble donde comenzará a funcionar Automotoras Orletti.
El 13 de mayo son secuestrados Rosario Barredo, y Williams Whitelaw, junto a sus tres hijos.[9] Ese mismo día es secuestrado y desaparece Hugo Gomensoro Josman.
El 14 de mayo aparece otro cadáver en las aguas del Río de la Plata..
Dos días después, es secuestrada y desaparece en Buenos Aires, Blanca Rodríguez de Bessio.
El 17 de mayo aparece otro cadáver en las costas del Río de la Plata. Al día siguiente son secuestrados Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
El sub Oficial argentino Orestes Vaello, entrega a Rosario Barredo y Williams Whitelaw, al agente del SIDE César Alejandro Enciso y a personas de los servicios de inteligencia de Uruguay.[10]
El 19 de mayo es secuestrado y desaparece en Buenos Aires, Manuel Liberoff. Ese mismo día aparece en Colonia otro cuerpo decapitado, con características similares a los anteriores.
El 20 de mayo son asesinados Michelini y Gutiérrez Ruiz y el matrimonio Whitelaw - Barredo. Al día siguiente, aparecen sus cuerpos dentro de un vehículo. Ante la inminencia de que podían correr suerte la familia de Wilson Ferreira Aldunate se refugia en una embajada.
El 6 de junio desaparece en Argentina, Daniel Goicoechea.
El 9 de junio, es secuestrado y desaparece Gerardo Gatti.[11] También es detenida otra uruguaya María del Pilar Nores. Gatti y Nores fueron trasladados al centro de detención clandestino “Automotores Orletti” o “El Jardín”.[12]
El 13 de junio es secuestrado por un grupo de militares uruguayos y argentinos, Washington Pérez. Es conducido, junto con su hijo hasta “Automotores Orletti”, donde Hugo Campos Hermida, y otros militares uruguayos le obligan a actuar como intermediario ante el pvp, a los efectos de lograr el pago de un rescate a cambio de la vida de Gatti.
El 15 de junio, es secuestrado y desaparece Hugo Méndez Donadio.[13] Su compañera Maria del Carmen Martínez, será detenida posteriormente y conducida junto a Méndez a Automotoras Orletti. María del Carmen Martínez identifica en su detención e interrogatorios a Hugo Campos Hermida y al oficial uruguayo, Maurente.
En Orletti, Hugo Méndez y Gerardo Gatti son brutalmente torturados. María del Carmen Martínez supo que también se encontraba en el lugar María del Pilar Nores Montedónico, quien al día siguiente es sacada de allí. Esa misma tarde del 15 de junio es secuestrado y desaparece Julio Rodríguez Rodríguez y una mujer embarazada de quien no se conoce identidad y destino posterior. También son secuestrados los uruguayos, Jorge González Cardozo y Elizabeth Pérez Lutz. Todos son conducidos a Automotoras Orletti. Dos días después secuestran a Edgardo Candia, otro uruguayo también es llevado a Orletti.
Mientras continúan las gestiones de los militares uruguayos y argentinos en la operación de extorsión por la vida de Gerardo Gatti., llega a la Argentina una misión de la Federación Internacional de Derechos del Hombre y el Movimiento Internacional de Juristas Católicos, para informarse sobre la situación de los refugiados uruguayos en dicho país interesándose sobre Gatti.
El 20 de junio, luego de una larga sesión de torturas, Hugo Méndez y Edgardo Candia fueron sacados de Orletti y a partir de allí desaparecen. Al día siguiente Hugo Campos Hermida, se lleva de Orletti en un automóvil a María del Carmen Martínez, Julio Rodríguez Rodríguez y la mujer embarazada. María del Carmen Martínez es dejada en libertad. De las otras dos personas no se tienen más noticias.
El 25 de junio, Washington Pérez es conducido nuevamente a Automotoras Orletti donde obtiene la foto en la que Pérez aparece con el diario del día y Gatti tendido en una cama, tomada para probar que Gatti aún se hallaba con vida.
El 26 de junio es detenida en Montevideo, Elena Quinteros. Empiezan a producirse detenciones en Montevideo de gente vinculada al pvp.
Dos días después, Elena Quinteros intenta refugiarse en la embajada de Venezuela y es nuevamente capturada.
El 1º de julio, es secuestrado en Argentina y llevado a Orletti el integrante del PVP Enrique Rodríguez Martínez.
El 9 las uruguayas Cecilia Irene Gayoso Jauregui y Mónica Soliño son secuestradas en Buenos Aires. Ambas posteriormente son trasladadas a Orletti.
El 13 son secuestrados Margarita Michelini, Raúl Altuna, Ana Inés Quadros, Eduardo Dean, Víctor Lubian, Marta Petrídes, Sergio López Burgos, León Duarte, Asilú Maceiro, Sara Méndez, Gastón Zina, Elba Rama, Ariel Sotto, Alicia Raquel Cadenas, Ana María Salvo, Laura Anzalone, Félix Díaz, Raquel Nogueira, Enrique Rodríguez Larreta y Edelweis Zhan. Todos son conducidos a Automotores Orletti. Otro uruguayo secuestrado el 13 de julio por efectivos de Policía Federal fue Marcos Arocena, de 35 años. De esa ola de secuestros quedaran desaparecidos dos niños, Simón Riquelo y Ernesto Anzalone.[14]
Con León Duarte, conocido dirigente sindical uruguayo, fundador de la CNT y secretario general del pvp repiten la operación de extorsión que habían intentado con Gatti, utilizando para la intermediación nuevamente a Washington Pérez hasta que, Pérez logra burlar la vigilancia de los represores y se refugia en la embajada de Suecia. "Delante nuestro, se repartían el botín con los argentinos, y una vez arreglados se dedicaban a desarmar y embalar los autos que habían robado, el mobiliario y todas las pertenencias que fueron sacando de nuestras casas a medida que nos secuestraban. Un día, nos subieron a Elba Rama y a mí y un grupo de argentinos nos preguntó por separado se habíamos escuchado algún comentario a los uruguayos sobre un rescate a cambio de dólares".[15]
El 16 María del Pilar Nores, es trasladada a Montevideo. El 25 de julio, trasladan a los 24 de uruguayos secuestrados en Orletti a Uruguay y recluidos en la cárcel clandestina de Punta Gorda. No integran dicho traslado, ni Duarte, ni Gatti. El 22 de agosto los detenidos en la cárcel de Punta Gorda son trasladados a la sede del sid ‑en Bulevar Artigas y Palmar.
El 23 de agosto, José Luis Bertazzo, un ciudadano argentino, es detenido y conducido a "Automotoras Orletti".El día siguiente son secuestrados en Argentina y llevados a Orletti, Marcelo Gelman y María Claudia Garcia de Gelman.
El 26 de agosto es secuestrado y desaparece en Argentina Mario Jorge Cruz Bonfiglio.
El 3 de setiembre, es secuestrado y desaparece en Argentina Walner Ademir Bentancourt Garin.
El 6 y 8 de septiembre son inhumados en el cementerio de Colonia cuerpos nn aparecidos en el Río de la Plata.
El 23 de setiembre son secuestrados y desaparecen Juan Miguel Morales Von Pieverling y Josefina Keim Lledo de Morales.
El 26 de setiembre en un violento operativo secuestran y desaparecen en Argentina Roger Julien Cáceres, su esposa Victoria Grisonas de Julien y sus dos hijos Anatole y Victoria.[16] Todos son conducidos a Orletti.
Ese mismo día son secuestrados Alberto Mechosos y Adalberto Soba. Posteriormente secuestran a los integrantes de sus familias y en una imprenta que funcionaba en la casa de Soba, secuestran y desaparecen Pablo Errandonea y Raúl Tejera.
La familia de Mechosos estaba integrada por Beatriz Inés Castellonese Techera, y sus dos hijos Alberto José Mechoso Castellonese y Beatriz Elizabeth Mechoso Castellonese, de 6 y 8 años respectivamente. La de Soba por María Elena Laguna, y sus tres hijos menores, Sandro, Leonardo y Tania.
La familia Soba es trasladada a Orletti. "Aproximadamente a las 14 horas, varios vehículos y personas de particular fuertemente armadas irrumpieron en mi casa por la puerta delantera y por el fondo. En ese momento mi casa estaba también copada. Por el fondo de la casa trajeron un hombre arrollado en una manta, lo tiraron al piso y me dijeron: “ahí está tu esposo”. Yo tiré la frazada y lo desenvolví. Estaba semidesnudo y ensangrentado. Mis hijos me agarraban y lloraban, mientras tanto ellos daban vuelta la casa, tirando y rompiendo todo, hasta que encontraron una caja de madera con dólares, que no pertenecían a mi familia sino al PVP".[17]
En Orletti la esposa de Soba pudo ver ocho o diez personas con los ojos vendados. En una oportunidad el mayor José Nino Gavazzo le dijo que la iban a trasladar a Uruguay con sus hijos, por lo que ella reclamó ver a su compañero. Gavazzo ordenó que trajeran a Adalberto Soba ante su esposa y sus hijos. Lo tiraron en la colchoneta de su familia. Estaba sin vendas pero no podía abrir los ojos que estaban blancos, como cubiertos de pus o quemados con un ácido. Tenía quemados los párpados, los dedos de las manos y de los pies, la espalda a la altura de los riñones. No hablaba, sólo decía: “tengo sed”. Lo dejaron allí unas horas. Su compañera y sus hijos lloraban y él no decía nada. Después lo llevaron otra vez a una pieza y al dejarlo, su compañera oyó a un guardia que decía: “a ése dejalo ahí, que va para traslado”.
A María Elena Laguna y a sus tres hijos los pusieron en un coche y los llevaron al aeropuerto.
En el caso de Alberto Mechoso, también las Fuerzas Armadas uruguayas y argentinas, allanaron su domicilio donde se encontraba el resto del núcleo familiar. Con picos y macetas, destrozaron todo, reunieron el dinero que había y se lo llevaron.
Concluido el operativo dejaron dos guardias en la casa y llevaron a la esposa de Alberto Mechoso y a sus dos hijos, a una casa. "Luego de hacer un viaje de aproximadamente 40 minutos, llegamos a un lugar, era una casa particular. Mi esposo reconoció el lugar donde nos mantenían a mis hijos y a mí, como el domicilio de Mauricio Gatti y Sara Méndez, donde había estado él más de una vez. Mi esposo me dijo que el oficial que lo acompañaba, que estaba en la habitación con nosotros, era el Mayor Gavazzo del ejército uruguayo".[18]
El día 27 de setiembre por la mañana Beatriz Castellonese recibe la información de que ella y sus hijos iban a ser llevado para Uruguay. Ese mismo Alberto Mechoso, quien pudo tener un encuentro con su familia. "El día lunes 27, de mañana, me dijeron que me iban a llevar para Uruguay; (...)cerca de las cuatro de la tarde nos dicen que vamos a tener una visita, y aparece mi marido. Me dice que la persona que lo detuvo fue el mayor Gavazzo, que fue el que realizó el procedimiento en mi casa".[19]
Una hora más tarde se llevaron a Alberto Mechoso y poco después son sacados el resto de los secuestrados de la casa y llevados hasta Aeroparque, para abordar un avión de pasajeros de línea comercial con destino a Montevideo. Gavazzo, simuló ser el esposo de Beatriz Castellonese y padre de los dos menores.
En el mismo avión viajaba también la esposa de Adalberto Soba, Elena Laguna, y sus tres hijos. A la familia Soba la acompañaba otro integrante del sid uruguayo, José Arab Fernández alias "El Turco". Gavazzo traía en su poder el maletín con el dinero que había sacado de la casa de la familia Mechoso y la caja de madera robada en la casa de Adalberto Soba, con dinero. En determinado momento la abrió y empezó a sacar dólares y a guardárselos en los bolsillos. "Los policías de particular hicieron los trámites. Creo que nos trajeron con documentos falsos, ya que en mi cartera tenía mi propia cédula de identidad uruguaya. El mayor Gavazzo dijo que iba a pasar por mi esposo y a los chicos les dijo que lo llamaran de papá. Traía un maletín con dinero que había sacado de mi casa (era del pvp) y quien observara con atención podía ver el contenido, porque estaba mal cerrado. Nos advirtieron que en el viaje no intentáramos hacer nada. Cuando llegamos a Carrasco, en Montevideo, nos esperaban cuatro o cinco coches con policías de particular armados. Hicimos el viaje con otra señora con tres niños; ella me dijo que era la esposa de Adalberto Soba, que su esposo también estaba detenido. También me dijo que mientras estaba en prisión en Buenos Aires había estado en una casa donde también había más niños que los suyos, eran los hijos de Roger Julien, ella los conocía pues las dos familias se conocían".[20]
A la llegada al aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, las familias Soba y Mechoso y sus custodias eran esperados por cuatro o cinco coches con hombres de particular armados. Las dos mujeres y los cinco menores son conducidos a un local clandestino de detención, conocido como Cárcel de "Punta Gorda", donde se les informa que estarían allí hasta que terminaran los procedimientos que continuaban realizando en Buenos Aires.
El 27 de setiembre son secuestrados Jorge Zaffaroni, su esposa María Emilia Islas y la hija de ambos, Mariana Zaffaroni Islas. Mientras que los padres son desaparecidos, Mariana Zaffaroni es apropiada por un agente de la side, Miguel Ángel Furci. Ese mismo día y el siguiente continúan los operativos contra los integrantes del pvp. Cecilia Trías, Washington Cram, son secuestrados y desaparecen.
El 30 de septiembre, es secuestrado y desaparece Rubén Prieto González. Es detenida Beatriz Victoria Barboza Sánchez y su esposo Francisco Javier Peralta Leonor y soin llevados a Orletti. Alli Beatriz puede saber de la presencia de otras cuatro mujeres uruguayas y tres niños, también uruguayos. Los niños eran los hermanos Boris Anatole y Eva Lucia Julien Grissonas, y Mariana Zaffaroni Islas. Mientras que las mujeres, eran María Emilia Islas de Zaffaroni y posiblemente Josefina Kleim Lledo de Morales, la esposa de otro militante del pvp, Juan Miguel Morales Von Pieverlig, secuestrados juntos el 23 de setiembre de su domicilio. Puede saber que allí, en un cuarto contiguo, se encontraba otro ciudadano uruguayo secuestrado, Jorge Zaffaroni Castilla
El 30 de setiembre Beatriz Barboza y su esposo son dejados abandonados, atados y encapuchados en una zona, cercana a Liniers previa amenaza de que debían regresar a Uruguay de inmediato, o serían asesinados. Se dirigen al aeropuerto y previo aviso telefónico a familiares de Montevideo, embarcan rumbo a Uruguay donde son detenidos.
El 1º de octubre son secuestrados y desaparecen Rafael Lezama, Miguel Angel Moreno Malugani, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, Casimira Carretero Cárdenas, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian, todos ellos integrantes del pvp.
El 2 de octubre es secuestrados y desaparecen Bernardo Arnone y Juan Pablo Recagno. Junto a Recargno detienen a Alvaro Nores Montedónico. Ambos fueron conducidos a Orletti, los militares uruguayos que realizaron el operativo eran Gavazzo, Maurente; Vázquez, y un Capitán de Ingenieros. Estaban acompañados por personas de nacionalidad argentina uno de los cuales era un oficial del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina, como también por civiles argentinos al mando de Aníbal Gordon.
Gavazzo le comunica a Nores que a pesar de haberse suspendido los traslados de prisioneros a Montevideo, su caso sería una excepción, ya que los mismos solo se podían hacer con la autorización del General Amaury Prantl, el jefe del sid y su similar del side argentino.
El 4 de octubre terminan las acciones contra el pvp con el secuestro en la vía pública de Washington Queiro Uzal.
El martes 6 de octubre, Alvaro Nores es trasladado a Uruguay, por el teniente uruguayo Maurente en un avión de pluna de vuelo regular. En el aeropuerto de Carrasco, eran esperados por el teniente Felipe Sande Lima, de la Guardia de Coraceros de la Policía de Montevideo, en Comisión en el sid, quien traslada a Nores a la cárcel clandestina de Bulevar Artigas y Palmar.
El 5 de octubre Beatriz Castellonese es puesta en libertad, siendo conducida en un vehículo policial, hasta la casa de sus familiares en Montevideo.
Gavazzo y Pedro Matos le dicen a Enrique Rodríguez Martínez que incluirían a Elena Quinteros entre las personas que harían aparecer como detenidas en Uruguay.
El 14 de octubre en Argentina, Marcelo Gelman es asesinado y su cuerpo, metido en un tanque con cemento, es arrojado a las aguas del canal de San Fernando, junto a otras siete personas. Ese día se el secuestro y desaparición de Félix Rodríguez Liberto.
Entre el 14 y el 21 de octubre son trasladados desde Orletti al sid los menores Anatole y Victoria Julien y María Claudia García de Gelman.
Gavazzo le dice a Enrique Rodríguez Martínez que la intención de incluir a Elena Quinteros entre las personas que harían aparecer como detenidas en Uruguay, no se realizaría.
El 23 de octubre comienza un traslado paulatino a la casa alquilada para simular el operativo de detención, el chalet "Susy", con el objetivo de que sean vistos por algunos vecinos antes de que se produzca un espectacular procedimiento militar en la zona dónde se efectuaría la detención oficial de algunos de los uruguayos traídos desde Argentina. Esa misma noche se produjeron las falsas detenciones en hoteles céntricos pero en este caso fueron los propios militares (con la documentación falsa antes citada) que suplantaron a los detenidos.
El 24 de octubre aparece en los medios de comunicación, a través de un comunicado oficial, una amplia información que detalla las detenciones del día anterior y en el que se presenta a los detenidos como parte de un grupo violento con numerosos planes para atentar contra las autoridades nacionales.
El 26 de octubre fueron trasladados Sara Méndez, Sergio López Burgos, Asilú Maceiro, Ana Inés Quadros, Elba Rama Molla, Gastón Zina, Alicia Cadenas, Marta Petrides, Ana Salvo, Cecilia Gayoso, Mónica Soliño y Ariel Soto a la casa de Shangrilá, donde el Mayor Nino Gavazzo dio una conferencia de prensa.
La semana siguiente los secuestrados en Argentina pasan ante la Justicia Militar con declaraciones redactadas por los mismos militares que estuvieron durante todo este período a su cargo, legalizando así su aparición como presos políticos.
El 1º de noviembre María Claudia García de Gelman da a luz una niña en el Hospital Militar de Montevideo.
A mediados de noviembre empiezan los traslados a los penales de Libertad y Punta de Rieles de los detenidos en Argentina y trasaladados clandestinamente a Uruguay.
A fines de diciembre, María Claudia García es sacada del sid con rumbo desconocido y desaparece. Su hija es entregada a un integrante de las fuerzas de seguridad.
El 22 de diciembre es liberado del sid, Enrique Rodríguez Larreta. El mismo día también son liberados, María del Pilar Nores, su hermano Alvaro Nores, José Felix Díaz y su compañera Laura Anzalone. El 23 de diciembre son trasladados desde Montevideo a Santiago de Chile en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, acompañados por una persona llamada Mónica, los hermanos Julien quienes son abandonados en una plaza de Valparaiso, Chile.
[1] Sindicalista del gremio bancario e integrante del pvp, que en 1973 pasa a residir en Argentina., viajando regularmente a Uruguay hasta noviembre de 1975.
[2] Fue detenido junto a Luis Ferreira y Elida Álvarez, cuando ingresaban al Uruguay, intentando introducir propaganda antidictatorial.
[3] Testimonio ante Comisión Investigadora Parlamentaria de 1985.
[4] Telba, maestra de 29 años. Eduardo, estudiante de Educación Física de 25 años ambos radicados en Argentina.
[5] Testimonio ante Comisión Investigadora Parlamentaria de 1985
[6] Idem.
[7] La dictadura uruguaya, informa que los cuerpos son de nacionalidad asiática.
[8] Testimonio de Nelson Alonso a la Comisión Investigadora de Diputados.
[9] A fines de mayo, son rescatados por su abuelo de la comisaría de Vicente López, donde los habían dejado.
[10] Testimonio de Orestes Vaello, sub oficial del ejercito Argentino ante la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas de Argentina, el 4/4/1984.
[11] Militante político y sindical de 45 años, casado, con tres hijos. Fundador de la cnt e integrante de su primer Secretariado. Era presidente del pvp. Refugiado en Argentina desde 1973.
[12] Automotoras Orletti fue un centro de operaciones clandestinas e ilegales de los uruguayos integrantes del sid y de la ocoa que actuaban en Argentina.
[13] Méndez, de 31 años, era militante de los gau, y dirigente del Congreso Obrero Textil y del Ejecutivo de la cnt.
[14] Ernesto será recuperado poco después por su familia. Simon reciñe lo será 26 años después, en el 2002.
[15] Testimonio de Alicia Cadenas.
[16] Los niños seran recuperados años después en Valparaíso, Chile.
[17] Testimonio Maria Elena Laguna.
[18] Testimonio de Beatriz Castellonese.
[19] Testimonio de Beatriz Castellonese ante Investigadora Parlamentaria.
[20] Idem.
Publicado en Trabajo y Utopía agosto 2006 Nº 61
domingo, 2 de julio de 2006
PARA DESTRUIR LOS HUEVOS DE LA SERPIENTE.
PARA DESTRUIR LOS HUEVOS DE LA SERPIENTE.
Publicado en La República 2/7/06
La aparición de los primeros restos de personas desaparecidas produjo una conmoción profunda. La geografía del terror, apareció graficada en ese trozo de tierra removida en el que aparecieron. Era la manifestación de un fenómeno más global y complejo que el encuentro buscado: era el efecto del Terrorismo de Estado.
Paradójicamente a más de 20 años de terminada la dictadura, la incertidumbre o la falsedad de la información sobre el destino de las personas desaparecidos nos hacia sentir que aun se estaba en manos de nuestros torturadores, bajo su dominio omnipotente. El empezar a encontrarlos, es también empezar a derrotarlos.
A otro nivel, en el de los estrados judiciales se ha hecho presente otra dimensión del horror a partir de que empiezan a llegar las voces de las victimas, algunas veces ante sus victimarios.
Desde hace mucho tiempo psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales, han puesto sus oídos profesionales, para escuchar el horror de las victimas. No sabemos si algún profesional, ha tenido que prestar sus oídos a los victimarios.
La picana, para graficar esos dos lados del terrorismo de Estado, tiene dos extremos: el del torturador y el del torturado. La experiencia clínica, ha sido importante para saber mucha cosa de lo que pasó y pasa aún hoy con las victimas.
Es poco lo que sabemos de lo que pasa del otro extremo. A lo sumo algunas pistas, en las justificaciones gorilas o las reflexiones seudo científicas de Troccoli, el Scilingo oriental. Dos aspectos parecen haber dificultado esa reflexión: la repulsión a esas conductas, y un discurso igualador de los dos extremos de la picana: el de los combatientes de dos bandos.
Como no es una reflexión fácil, es una tentación el acudir a repuestas simplistas: nos encontramos ante individuos paranoicos o sicópatas. De esa manera, los ponemos en la categoría de lo enfermo y lo diferente. De esta manera, nuestra subjetividad expulsa el horror lo más lejos posible. Pero la negación como mecanismo, termina generando estados de animo depresivos. Del no poder hablar, se transita al no querer pensar.
Son reconstrucciones de hechos que por sus características presentan una alta carga emocional de angustia y hasta de confusión. Pero lo vivido, perdura, no se olvida, ni se barre mágicamente bajo la alfombra. Requieren de procesos que conduzcan a una auténtica higiene mental.
Cada vez resulta más insostenible negar que esas conductas aberrantes fueron perpetradas por funcionarios de instituciones del Estado por expresa orden de sus jefes. No nos encontramos ante conductas enfermas. Fueron actos cometidos por gente “normal”.
Esa reflexión sobre ese otro territorio que está del otro lado de la picana, debería explicarnos cómo llega esa gente común al abominable ejercicio de tan terribles y despreciables conductas.
Muchos libros se han escrito sobre las conductas de delincuentes comunes. Sin embargo, estos otros tipos de delincuentes, cuando excepcionalmente purgan sus penas lo hacen en cárceles especiales que los ponen a cubierto de una mirada clínica. De ahí que queden sin respuesta preguntas elementales: ¿como se sobrevive después a la memoria de lo que se perpetró?
La consideración de estas formas de conductas aberrantes por parte de funcionarios del Estado, como una institución que permite a sus ejecutores considerarla como algo normal, cotidiano y obvio, es una respuesta.
De esos dos lados de la picana, no se ha salido igual. Del lado de las victimas se ha quedado peor, pero se ha producido un proceso de recuperación más saludable. Del otro lado, del de los burócratas de la tortura, todo parece indicar que se ha permanecido miserablemente igual.
Las víctimas han aceptado el dolor y emprendieron una lucha que puede prolongarse toda la vida para permanecer concientes y hacer frente a los aspectos más terribles de esa realidad.
La salud de nuestra sociedad, lo que necesita no es el silencio. Necesita reconocer el horror, para que este no tenga el efecto buscado por sus autores. Toda conducta, aun aquella de “no propiciar” la anulación de aquellas normas que contribuyen a la no verdad y a la no justicia, orilla los márgenes de la complicidad.
La consigna del nunca más es para destruir los huevos de la serpiente. No condenar esas conductas, es una forma de tolerarla. Es como alguien dijo, conservar una picana que otro, en algún momento usará.
Raúl Olivera
Integrante del Secretariado Ejecutivo del P.V.P.
Frente Amplio- Encuentro Progresista.
Publicado en La República 2/7/06
La aparición de los primeros restos de personas desaparecidas produjo una conmoción profunda. La geografía del terror, apareció graficada en ese trozo de tierra removida en el que aparecieron. Era la manifestación de un fenómeno más global y complejo que el encuentro buscado: era el efecto del Terrorismo de Estado.
Paradójicamente a más de 20 años de terminada la dictadura, la incertidumbre o la falsedad de la información sobre el destino de las personas desaparecidos nos hacia sentir que aun se estaba en manos de nuestros torturadores, bajo su dominio omnipotente. El empezar a encontrarlos, es también empezar a derrotarlos.
A otro nivel, en el de los estrados judiciales se ha hecho presente otra dimensión del horror a partir de que empiezan a llegar las voces de las victimas, algunas veces ante sus victimarios.
Desde hace mucho tiempo psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales, han puesto sus oídos profesionales, para escuchar el horror de las victimas. No sabemos si algún profesional, ha tenido que prestar sus oídos a los victimarios.
La picana, para graficar esos dos lados del terrorismo de Estado, tiene dos extremos: el del torturador y el del torturado. La experiencia clínica, ha sido importante para saber mucha cosa de lo que pasó y pasa aún hoy con las victimas.
Es poco lo que sabemos de lo que pasa del otro extremo. A lo sumo algunas pistas, en las justificaciones gorilas o las reflexiones seudo científicas de Troccoli, el Scilingo oriental. Dos aspectos parecen haber dificultado esa reflexión: la repulsión a esas conductas, y un discurso igualador de los dos extremos de la picana: el de los combatientes de dos bandos.
Como no es una reflexión fácil, es una tentación el acudir a repuestas simplistas: nos encontramos ante individuos paranoicos o sicópatas. De esa manera, los ponemos en la categoría de lo enfermo y lo diferente. De esta manera, nuestra subjetividad expulsa el horror lo más lejos posible. Pero la negación como mecanismo, termina generando estados de animo depresivos. Del no poder hablar, se transita al no querer pensar.
Son reconstrucciones de hechos que por sus características presentan una alta carga emocional de angustia y hasta de confusión. Pero lo vivido, perdura, no se olvida, ni se barre mágicamente bajo la alfombra. Requieren de procesos que conduzcan a una auténtica higiene mental.
Cada vez resulta más insostenible negar que esas conductas aberrantes fueron perpetradas por funcionarios de instituciones del Estado por expresa orden de sus jefes. No nos encontramos ante conductas enfermas. Fueron actos cometidos por gente “normal”.
Esa reflexión sobre ese otro territorio que está del otro lado de la picana, debería explicarnos cómo llega esa gente común al abominable ejercicio de tan terribles y despreciables conductas.
Muchos libros se han escrito sobre las conductas de delincuentes comunes. Sin embargo, estos otros tipos de delincuentes, cuando excepcionalmente purgan sus penas lo hacen en cárceles especiales que los ponen a cubierto de una mirada clínica. De ahí que queden sin respuesta preguntas elementales: ¿como se sobrevive después a la memoria de lo que se perpetró?
La consideración de estas formas de conductas aberrantes por parte de funcionarios del Estado, como una institución que permite a sus ejecutores considerarla como algo normal, cotidiano y obvio, es una respuesta.
De esos dos lados de la picana, no se ha salido igual. Del lado de las victimas se ha quedado peor, pero se ha producido un proceso de recuperación más saludable. Del otro lado, del de los burócratas de la tortura, todo parece indicar que se ha permanecido miserablemente igual.
Las víctimas han aceptado el dolor y emprendieron una lucha que puede prolongarse toda la vida para permanecer concientes y hacer frente a los aspectos más terribles de esa realidad.
La salud de nuestra sociedad, lo que necesita no es el silencio. Necesita reconocer el horror, para que este no tenga el efecto buscado por sus autores. Toda conducta, aun aquella de “no propiciar” la anulación de aquellas normas que contribuyen a la no verdad y a la no justicia, orilla los márgenes de la complicidad.
La consigna del nunca más es para destruir los huevos de la serpiente. No condenar esas conductas, es una forma de tolerarla. Es como alguien dijo, conservar una picana que otro, en algún momento usará.
Raúl Olivera
Integrante del Secretariado Ejecutivo del P.V.P.
Frente Amplio- Encuentro Progresista.
viernes, 2 de junio de 2006
EL DEBER ETICO DE ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD
El deber ético de anular la ley de caducidad.
“El juzgamiento de los culpables de delito es necesario
para defender en honor y la autoridad de aquel a quien el
delito ha lesionado, para que la ausencia de castigo no le degrade más”.
Hugo Grocio.
Cuando la aparición de los primeros restos de personas desaparecidas era registrada y reproducida en los medios masivos de difusión, sin ninguna duda produjeron efectos diversos a lo largo y ancho de la sociedad uruguaya y su tejido social. Aún a aquellos que empecinadamente creíamos en su existencia y reclamábamos su búsqueda en ese territorio del horror que fueron las unidades militares durante los años de dictadura, no nos dejo de sobrecoger.
La geografía del terror y el horror, apareció graficada en ese trozo de tierra removida en el que aparecieron los primeros restos de personas desaparecidas.
Era también la manifestación de un fenómeno más global y complejo que el encuentro buscado de un desaparecido: era el Terrorismo de Estado sustentado en la Doctrina de Seguridad Nacional que, apuntó a paralizar la lucha contra la dictadura generando inseguridad en todos sus habitantes.
Paradójicamente a más de 20 años de terminada la dictadura, la incertidumbre o la falsedad de la información que se entrega sobre el destino de los desaparecidos nos hace sentir que aun se está en manos de nuestros torturadores, bajo su dominio omnipotente, que busca la disolución psíquica de nosotros.
Si los arqueólogos son los encargados de estudiar aquello que se refiere a las artes y los monumentos de la antigüedad, no estaría mal que algunos de ellos también se encargaran de estos monumentos de la monstruosidad, que constituyen –y por eso también tendrían la categoría de arte-, el conjunto de procedimientos para producir determinados resultados que el terrorismo de Estado construyó como parte de su estrategia de perpetuación y justificación.
Pero, la tarea esta acotada hoy a los antropólogos.
A otro nivel, la justicia en la medida que no ha contado con las barreras de una voluntad política que había cabalgado en ancas de la ley de caducidad para evitar que a los estrados judiciales llegaran las voces de las victimas, también ha tenido que presenciar otra dimensión del horror: la de los testimonios de las victimas.
Desde hace mucho tiempo psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales que trabajan en Uruguay en el Servicio de Rehabilitación Social, han tenido que incursionar con cientos de personas involucradas en experiencias de torturas u otros hechos generados por el terrorismo de Estado. Sus oídos profesionales y no por ello menos solidarios, debieron escuchar el horror de los torturados.
No sabemos si algún psicólogo, psiquiatra o asistente social, en alguna institución o centro militar, ha tenido que prestar sus oídos profesionales y seguramente solidarios, a torturadores, asesinos, violadores y desaparecedores.
La picana, para graficar esos dos lados de las violaciones a los derechos humanos, tiene dos lados. El del torturador que la empuña o manda empuñarla, y la del torturado que recibe la descarga eléctrica.
La experiencia clínica y las continuas reflexiones teóricas que ha desarrollado el SERSOC, ha sido una importantísima contribución para aprender mucha cosa de lo que pasó y pasa aún hoy con las personas que estaban del lado de las victimas de la picana.
Sin embargo, es poco lo que sabemos de lo que pasa del otro extremo de la picana. A lo sumo algunas pistas, en las justificaciones gorilas de los directivos de los centros militares, las reflexiones seudo científicas del Scilingo oriental, Troccoli o las apologías de Cordero o Iván Paulos.
Dos extremos han dificultado una reflexión sobre ese terreno. Por un lado la repulsión y el rechazo viceral a esas conductas, y por otro un discurso igualador de los dos extremos de la picana: el de los combatientes de dos bandos.
Sabemos que no es una reflexión fácil. Y que ante reflexiones difíciles, es una tentación acudir a repuestas simplistas.
Si se acudiera a esos recursos simplificadores, por parte de los jueces que debieron escuchar y carear los testimonios de los familiares de Silvía Reyes y Washington Barrios o la desgarradora odisea de la familia de Adalberto Soba recientemente, bien se podría concluir que nos encontramos ante individuos paranoicos, sicópatas o perversos. De esa forma para los jueces, Gavazzo, Silveira y sus compañeros de fechorías, hasta podrían caer en la categoría de inimputables. Y la sociedad, los podría en la categoría de lo enfermo y lo diferente.
De una y otra manera, nuestra subjetividad expulsaría el horror lo más lejos posible de nosotros recurriendo a fuertes mecanismos de negación, procurando evitar el sufrimiento y actuando como si el problema no existiese.
Pero la negación como mecanismo, termina generando estados de animo depresivos en la sociedad. Del no poder hablar, se transita al no querer pensar.
Son reconstrucciones de hechos que sin duda por sus características presentan una alta carga emocional de angustia y confusión. Pero lo vivido por nuestra sociedad, perdura, no se olvida, ni se barre mágicamente bajo la alfombra con cambios externos. Requieren de complejos procesos que conduzcan a una auténtica higiene mental.
Las versiones machaconamente repetidas durante muchos años por las victimas y la reciente reiteración de una carta de los ex Comandantes en Jefe de las fuerzas armadas, confirman que la tortura, el asesinato, la desaparición y el secreto de las responsabilidades fueron perpetrados por instituciones del Estado por expresa orden de sus jefes.
No nos encontramos ante conductas enfermas. Fueron actos cometidos por gente “normal” de esas instituciones que sostuvieron la usurpación del poder que materializo Juan María Bordaberry el 27 de junio de 1973.
Esa reflexión sobre ese otro territorio psíquico y moral que está del otro lado de la picana, debería explicarnos cómo llega esa gente común al abominable ejercicio de tan terribles y despreciables conductas.
Muchos libros y ensayos se han escrito en el mundo sobre las conductas criminales a partir de la experiencia clínica de los profesionales con los autores de esas conductas en los establecimientos de reclusión. Sin embargo, este tipo de delincuente organizado en esa asociación subversiva en que se transforma el Estado cuando se instalan dictaduras, no parecen haber sido objeto de ese interés científico. Por lo general, cuando excepcionalmente purgan sus penas lo haen en cárceles especiales que los ponen a cubierto de esa mirada clínica que mucho ayudaría a las sociedades. De ahí que queden sin respuesta preguntas elementales: ¿como se sobrevive después a la memoria de lo que se perpetró?
La consideración de la tortura u otras formas de conductas aberrantes por parte de funcionarios del Estado, como una institución que permite a sus ejecutores considerarla como algo normal, cotidiano y obvio, es una respuesta a la anterior interrogante.
De esos dos lados de la picana, no se ha salido igual, eso es cierto. Del lado nuestro se ha quedado peor, pero se ha producido un proceso de recuperación más saludable. Del otro lado, del de los burócratas de la tortura, todo parece indicar que se ha permanecido miserablemente igual.
La antropología forense que interroga a los huesos encontrados en el Batallón 13 de Infantería para recuperar sus identidades y la forma en que fueron muertos, torturados, debería también interrogar a los torturadores y desaparecedores. Parecería que nuestra sociedad no quiere escuchar eso, porque ese relato sin duda será peor que los aullidos de dolor que trasciende de los testimonios de las víctimas.
Bettelheim refiriéndose a las víctimas de los campos de concentración nazis, dice que estos, pueden tener tres conductas posibles: permitir que la experiencia vivida los destruya; intentar negarle cualquier impacto duradero aún cuando íntimamente se esté destruido, o aceptar el dolor y emprender una lucha que puede prolongarse toda la vida para permanecer concientes y hacer frente a los aspectos más terribles de esa realidad.
La salud de nuestra sociedad, lo que necesita no es el silencio. Necesita reconocer el horror, para que este no tenga el efecto buscado por la dictadura del miedo. Toda conducta, aun aquella de “no propiciar” la anulación de aquellas normas que contribuyen a la no verdad y a la no justicia, orilla los márgenes de la complicidad.
La consigna del nunca más y las formas que la humanidad ha establecido para materializarla en realidad, necesita destruir los huevos de la serpiente. No condenar, por todos los medios que debe disponer una sociedad que se precie de democrática esas conductas, es una forma de tolerarla. Es como alguien dijo, encender una picana que otro, en algún momento usará.
La humanidad a instancias de las victimas, de los oprimidos por las políticas de terror de los estados, estableció algunos instrumentos para que esas voces se oigan y no sean acalladas. Serán esos instrumentos y las voces de las victimas, las que no podrán ser obviadas cuando llegue la hora de poner fin a la existencia de una ley oprobiosa, como lo es la de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
“El juzgamiento de los culpables de delito es necesario
para defender en honor y la autoridad de aquel a quien el
delito ha lesionado, para que la ausencia de castigo no le degrade más”.
Hugo Grocio.
Cuando la aparición de los primeros restos de personas desaparecidas era registrada y reproducida en los medios masivos de difusión, sin ninguna duda produjeron efectos diversos a lo largo y ancho de la sociedad uruguaya y su tejido social. Aún a aquellos que empecinadamente creíamos en su existencia y reclamábamos su búsqueda en ese territorio del horror que fueron las unidades militares durante los años de dictadura, no nos dejo de sobrecoger.
La geografía del terror y el horror, apareció graficada en ese trozo de tierra removida en el que aparecieron los primeros restos de personas desaparecidas.
Era también la manifestación de un fenómeno más global y complejo que el encuentro buscado de un desaparecido: era el Terrorismo de Estado sustentado en la Doctrina de Seguridad Nacional que, apuntó a paralizar la lucha contra la dictadura generando inseguridad en todos sus habitantes.
Paradójicamente a más de 20 años de terminada la dictadura, la incertidumbre o la falsedad de la información que se entrega sobre el destino de los desaparecidos nos hace sentir que aun se está en manos de nuestros torturadores, bajo su dominio omnipotente, que busca la disolución psíquica de nosotros.
Si los arqueólogos son los encargados de estudiar aquello que se refiere a las artes y los monumentos de la antigüedad, no estaría mal que algunos de ellos también se encargaran de estos monumentos de la monstruosidad, que constituyen –y por eso también tendrían la categoría de arte-, el conjunto de procedimientos para producir determinados resultados que el terrorismo de Estado construyó como parte de su estrategia de perpetuación y justificación.
Pero, la tarea esta acotada hoy a los antropólogos.
A otro nivel, la justicia en la medida que no ha contado con las barreras de una voluntad política que había cabalgado en ancas de la ley de caducidad para evitar que a los estrados judiciales llegaran las voces de las victimas, también ha tenido que presenciar otra dimensión del horror: la de los testimonios de las victimas.
Desde hace mucho tiempo psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales que trabajan en Uruguay en el Servicio de Rehabilitación Social, han tenido que incursionar con cientos de personas involucradas en experiencias de torturas u otros hechos generados por el terrorismo de Estado. Sus oídos profesionales y no por ello menos solidarios, debieron escuchar el horror de los torturados.
No sabemos si algún psicólogo, psiquiatra o asistente social, en alguna institución o centro militar, ha tenido que prestar sus oídos profesionales y seguramente solidarios, a torturadores, asesinos, violadores y desaparecedores.
La picana, para graficar esos dos lados de las violaciones a los derechos humanos, tiene dos lados. El del torturador que la empuña o manda empuñarla, y la del torturado que recibe la descarga eléctrica.
La experiencia clínica y las continuas reflexiones teóricas que ha desarrollado el SERSOC, ha sido una importantísima contribución para aprender mucha cosa de lo que pasó y pasa aún hoy con las personas que estaban del lado de las victimas de la picana.
Sin embargo, es poco lo que sabemos de lo que pasa del otro extremo de la picana. A lo sumo algunas pistas, en las justificaciones gorilas de los directivos de los centros militares, las reflexiones seudo científicas del Scilingo oriental, Troccoli o las apologías de Cordero o Iván Paulos.
Dos extremos han dificultado una reflexión sobre ese terreno. Por un lado la repulsión y el rechazo viceral a esas conductas, y por otro un discurso igualador de los dos extremos de la picana: el de los combatientes de dos bandos.
Sabemos que no es una reflexión fácil. Y que ante reflexiones difíciles, es una tentación acudir a repuestas simplistas.
Si se acudiera a esos recursos simplificadores, por parte de los jueces que debieron escuchar y carear los testimonios de los familiares de Silvía Reyes y Washington Barrios o la desgarradora odisea de la familia de Adalberto Soba recientemente, bien se podría concluir que nos encontramos ante individuos paranoicos, sicópatas o perversos. De esa forma para los jueces, Gavazzo, Silveira y sus compañeros de fechorías, hasta podrían caer en la categoría de inimputables. Y la sociedad, los podría en la categoría de lo enfermo y lo diferente.
De una y otra manera, nuestra subjetividad expulsaría el horror lo más lejos posible de nosotros recurriendo a fuertes mecanismos de negación, procurando evitar el sufrimiento y actuando como si el problema no existiese.
Pero la negación como mecanismo, termina generando estados de animo depresivos en la sociedad. Del no poder hablar, se transita al no querer pensar.
Son reconstrucciones de hechos que sin duda por sus características presentan una alta carga emocional de angustia y confusión. Pero lo vivido por nuestra sociedad, perdura, no se olvida, ni se barre mágicamente bajo la alfombra con cambios externos. Requieren de complejos procesos que conduzcan a una auténtica higiene mental.
Las versiones machaconamente repetidas durante muchos años por las victimas y la reciente reiteración de una carta de los ex Comandantes en Jefe de las fuerzas armadas, confirman que la tortura, el asesinato, la desaparición y el secreto de las responsabilidades fueron perpetrados por instituciones del Estado por expresa orden de sus jefes.
No nos encontramos ante conductas enfermas. Fueron actos cometidos por gente “normal” de esas instituciones que sostuvieron la usurpación del poder que materializo Juan María Bordaberry el 27 de junio de 1973.
Esa reflexión sobre ese otro territorio psíquico y moral que está del otro lado de la picana, debería explicarnos cómo llega esa gente común al abominable ejercicio de tan terribles y despreciables conductas.
Muchos libros y ensayos se han escrito en el mundo sobre las conductas criminales a partir de la experiencia clínica de los profesionales con los autores de esas conductas en los establecimientos de reclusión. Sin embargo, este tipo de delincuente organizado en esa asociación subversiva en que se transforma el Estado cuando se instalan dictaduras, no parecen haber sido objeto de ese interés científico. Por lo general, cuando excepcionalmente purgan sus penas lo haen en cárceles especiales que los ponen a cubierto de esa mirada clínica que mucho ayudaría a las sociedades. De ahí que queden sin respuesta preguntas elementales: ¿como se sobrevive después a la memoria de lo que se perpetró?
La consideración de la tortura u otras formas de conductas aberrantes por parte de funcionarios del Estado, como una institución que permite a sus ejecutores considerarla como algo normal, cotidiano y obvio, es una respuesta a la anterior interrogante.
De esos dos lados de la picana, no se ha salido igual, eso es cierto. Del lado nuestro se ha quedado peor, pero se ha producido un proceso de recuperación más saludable. Del otro lado, del de los burócratas de la tortura, todo parece indicar que se ha permanecido miserablemente igual.
La antropología forense que interroga a los huesos encontrados en el Batallón 13 de Infantería para recuperar sus identidades y la forma en que fueron muertos, torturados, debería también interrogar a los torturadores y desaparecedores. Parecería que nuestra sociedad no quiere escuchar eso, porque ese relato sin duda será peor que los aullidos de dolor que trasciende de los testimonios de las víctimas.
Bettelheim refiriéndose a las víctimas de los campos de concentración nazis, dice que estos, pueden tener tres conductas posibles: permitir que la experiencia vivida los destruya; intentar negarle cualquier impacto duradero aún cuando íntimamente se esté destruido, o aceptar el dolor y emprender una lucha que puede prolongarse toda la vida para permanecer concientes y hacer frente a los aspectos más terribles de esa realidad.
La salud de nuestra sociedad, lo que necesita no es el silencio. Necesita reconocer el horror, para que este no tenga el efecto buscado por la dictadura del miedo. Toda conducta, aun aquella de “no propiciar” la anulación de aquellas normas que contribuyen a la no verdad y a la no justicia, orilla los márgenes de la complicidad.
La consigna del nunca más y las formas que la humanidad ha establecido para materializarla en realidad, necesita destruir los huevos de la serpiente. No condenar, por todos los medios que debe disponer una sociedad que se precie de democrática esas conductas, es una forma de tolerarla. Es como alguien dijo, encender una picana que otro, en algún momento usará.
La humanidad a instancias de las victimas, de los oprimidos por las políticas de terror de los estados, estableció algunos instrumentos para que esas voces se oigan y no sean acalladas. Serán esos instrumentos y las voces de las victimas, las que no podrán ser obviadas cuando llegue la hora de poner fin a la existencia de una ley oprobiosa, como lo es la de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
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