SOBRE DESAPARICIONES Y EXTRADICIONES.
Publicado Conjuntamente con Sara Mendez en Revista INTERNOS de AFCASMU
“Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. Quiénes exactamente los habían secuestrado, por qué, dónde estaban.
No se tenía respuesta a estas interrogantes: las autoridades no habían oído hablar de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas,
La justicia los desconocía y los habeas corpus sólo tenían por contestación el silencio.
Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos.
Así transcurrían días, meses, años de incertidumbre y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores,
debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos a influyentes a oficiales de alguna fuerza armada
que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios.
La respuesta era siempre negativa”.
Ernesto Sábato.
CONADEP. NUNCA MAS, Informe de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas.
Los últimos 30 años, han estado marcados por los efectos que la desaparición forzada de personas, produjo en el Uruguay. Recién 30 años después, pudimos rescatar los restos de Ubagesner Chávez Sosa y Fernando Miranda de los cementerios clandestinos de la dictadura. Con ello nuestra sociedad tomó conciencia de la complejidad y el dramatismo que esas conductas delictivas ejecutadas por el Estado producen aún hoy. En lo afectivo, con el fin de un drama que acompaño a sus familiares y compañeros durante demasiado tiempo, y en los debates jurídicos - políticos, a partir del reclamo creciente de anular la Ley de caducidad.
En nuestro país fueron detenidos y desaparecidos más de 210 ciudadanos uruguayos dentro y fuera de fronteras. Muchos de ellos, fueron secuestrados en países vecinos y hechos desaparecer en Uruguay. Los vuelos de la muerte desde Argentina y los traslados desde Paraguay de opositores uruguayos secuestrados, es un gran capítulo que Uruguay aún esta por escribir y de esa manera reafirmar el NUNCA MÁS castigando a sus autores a todos sus niveles.
Se creía que en nuestro país - a diferencia de Argentina-, la desaparición no había sido una práctica sistemática. Que solo había sido la consecuencia de los intentos de ocultar que prisioneros habían muerto en la tortura. En los casos que tímidamente se admitieron ejecuciones, se dijo que habían sido hechos fortuitos, aislados y que escaparon a las órdenes de los mandos.
La información sobre otros vuelos trayendo opositores que están hoy desparecidos, pone ante los ojos de la sociedad uruguaya que las desapariciones fueron también en Uruguay el resultado del mismo Terrorismo de Estado sustentado en la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional que campeó en todo el Cono Sur.
La Doctrina de Seguridad Nacional partía del supuesto de la existencia de una situación de guerra total entre el mundo Cristiano que Uruguay integraba y el Comunista. Esa guerra no era solo como un enfrentamiento de carácter militar, si no una implacable lucha contra las ideologías y las tradiciones del movimiento popular existente en el seno de los sindicatos, las cooperativas, los estudiantes, los religiosos, los intelectuales, las organizaciones políticas. En ese escenario todo opositor se transformó en un “agente enemigo” al que había que destruir. La dictadura desarrolló una acción sin límites para dominar y controlar la población por medio del terror. Esa acción del Terrorismo de Estado necesitó garantizar la impunidad como un aspecto sustancial de su eficaz funcionamiento.
La Doctrina de la Seguridad Nacional ignoró las fronteras nacionales y por ello secuestró uruguayos en Argentina, Paraguay y Brasil y los trasladó a Uruguay, secuestró argentinos en nuestro país y los trasladó a Argentina. Se actuaba con absoluta impunidad. No tenían ningún efecto los habeas corpus y demás recursos legales que los familiares intentaran para lograr garantizar la integridad física de los prisioneros que sin excepción eran torturados salvajemente. En esas interminables sesiones de tortura, murieron decenas de uruguayos y para ocultar el crimen los “desaparecieron”.
La Doctrina de la Seguridad Nacional ordenaba y justificada las conductas más aberrantes, el opositor político no era una persona con derechos. Tampoco lo tenían sus familiares, cuando se perdían sus rastros para siempre. Y siguen sin derechos aún hoy, manteniendo silencio o mintiendo sobre sus destinos.
Aquellos que murieron en la tortura o aquellos otros que fueron fríamente ejecutados o arrojados al mar, el Estado de Seguridad Nacional les arrebató toda condición humana. Se les negó su calidad de seres humanos. Transformándolos en desaparecidos, se intentó suprimir el último lazo que tenían con la sociedad; se les negó hasta el derecho de estar en un lugar y fecha.
El terrorismo de Estado tenía el objetivo, de marginar a los luchadores sociales y desarticular los grupos de resistencia a la dictadura. La tortura tenía el doble fin de obtener información y quebrar al detenido. Dos elementos constitutivos de una estrategia de amedrentamiento y control de la población.
El prisionero político es mantenido incomunicado haciéndole sentir que está totalmente a merced de sus torturadores y aislado totalmente del mundo exterior. Esa situación, sin embargo, debía ser conocida por la población para que sirviera para amedrentar a los opositores. Por eso la tortura fue saliendo de los “330 Carlos”, de los “Infiernos” y fue ingresando en la vida cotidiana de los uruguayos. Estaba en las calles, se instalaba silenciosamente en las fábricas y oficinas, en los centros de estudio, en los barrios y en el seno de los hogares uruguayos.
En ese mundo que se instaló en el Uruguay dictatorial, todos eran “sospechosos”. Campeaba la inestabilidad laboral, la ausencia total de derechos y garantías en todas las instancias de la vida cotidiana.
Había una “verdad” oficial que legitimaba todas y cada una de las acciones de represión mediante el control absoluto de todo lo que se escribía o se decía en los medios masivos de comunicación. Desde esa fortaleza instalada en todos los aparatos ideológicos del Estado, se propuso un proyecto para la sociedad uruguaya que se fundaba en el principio de autoridad, el valor de las fuerzas armadas como “guardianes de la orientalidad”, la paz, el orden y el progreso.
En ese escenario los Chávez Sosa, los Miranda, las Quinteros, las Sabalsagaray, desarrollaron su labor de resistencia y un compromiso militante que les costo la vida.
En los efectos diferidos que se trasladaron hasta nuestros días, en una transición pautada por la amenaza militar, la complicidad de algunos partidos políticos y la impunidad, se desarrolla hoy la continuidad de esa lucha.
La aparición de los restos de Chavez Sosa y Miranda, parece tender lazos de continuidad entre ese pasado reciente y este presente. Y ello debería ponernos en mejores condiciones para pensar y definir conductas ante los desafíos que en torno a la impunidad están hoy planteados. Seguramente las dificultades que se manifiestan, por ejemplo en distintas posiciones formuladas ante la extradición de tres militares para ser juzgados en Chile por el asesinato de Eugenio Berrios, son el resultado de la ausencia de esa tarea.
Algunas de esas consideraciones sobre las extradiciones de Radaelli, Casella y Sarli expresan que extraditarlos es una revancha, un acto de ensañamiento porque se trata de militares, una suerte de Plan Cóndor contra los militares por lo que ellos serían factibles de ser considerados como “presos políticos”. Y la frutilla de los razonamientos es afirmar que ese episodio configura un quebrantamiento de nuestra soberanía.
Una suerte de argumentación de agravio comparado es lo que se ensaya para defender la impunidad de estos militares. Ya que no existió un proceso judicial que fuera a la raíz sobre las responsabilidades a todos los niveles en el episodio vinculado a Eugenio Berrios, no se puede castigar a estos tres “perejiles”.
No nos cabe ninguna duda, que no alcanza con el juzgamiento a estos tres militares. Sería saludable para nuestra democracia y para nuestro sistema judicial que se avanzara en la investigación de todas las responsabilidades en estos hechos, tanto de políticos como de militares. Pero esto no exime de responsabilidad a quienes se extraditaron a Chile.
No se puede razonar, que ya que hay impunidad los máximos responsables, también la haya para estos tres militares.
El esclarecimiento del caso Berríos debe formar parte, de esa higiene mental que necesita nuestra sociedad y de los distintos pasos y etapas que trabajosamente recorremos en la lucha contra la impunidad.
La denuncia de la impunidad y la lucha por terminar con ella es el gran desafió para la democracia uruguaya que convive con la existencia de una ley de caducidad que impide la actuación de la justicia en los casos de crímenes gravísimos cometidos por la dictadura. Sumarse por los argumentos que sean a una defensa de los oficiales acusados en Chile, es ignorar el hecho concreto que, en razón de la ley de caducidad y del predominio de la Doctrina de la Seguridad Nacional, no ha existido aún justicia por los crímenes de la dictadura, y ellos es lo que se traslada desde aquel pasado de terror al Uruguay de hoy.
Por todas esas razones no podemos más que saludar y congratularnos por la decisión de la justicia sobre estas extradiciones, sobre la continuidad del juzgamiento a Bordaberry, a la búsqueda de responsabilidades en los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Withelau. Y que con la concurrencia a los juzgados penales de connotados asesinos y torturadores, empiece a hacerse realidad de que todos somos iguales ante la ley.
Sara Méndez – Raúl Olivera.
