Intervención de Raúl Olivera en la presentación del libro GRERDO GATTI. REVOLUCONARIO en la Junta Departamental de Maldonado el Miércoles 13 de diciembre de 2012.
Buenas noches. Agradezco a Editorial Trilce, a la Junta Departamental de Maldonado y los organizadores, el privilegio de hablar sobre un libro de dos entrañables compañeros, Ivonne y el Llano y por si fuera poco, un libro sobre otro compañero: Gerardo Gatti.
Voy a ser breve. Ivonne seguramente sabrá decirles otras cosas más interesantes, que complementaran lo que Uds leerán y encontraran en este libro.
En casos de libros como este que hoy se presenta aquí en Maldonado, es difícil inclinarse, elegir, algunos de los aspectos a las que hay que referirse cuando se tiene o se piensa que se tiene, alguna incidencia para definir que algunas personas, se sientan inclinados a leerlo.
Podríamos empezar por uno afirmando que Ivonne Trias y Universindo Rodríguez, supieron resolver muy bien un desafió que siempre esta presente, cuando se asume con seriedad y rigurosidad una tarea como esta. Es decir, no caer en la tentación de ensayar una suerte de folklore histórico. Por el contrario, ellos se esfuerzan en ayudarnos a empezar a mojarnos los pies y dotarnos del valor suficiente para sumergirnos en una etapa muy importante de la historia de nuestro país. Nos llevan a partir de la vida de uno de sus protagonistas – Gerardo Gatti -, y a partir de ello nos ayudan a entender, captar los desafíos de ese periodo histórico. Si sólo eso lograra este libro, valdría también la pena leerlo. Sin embargo, es más que eso; Universindo e Ivonne logran traer esos desafíos de nuestro tiempo pasado, a los desafíos que aun hoy están planteados. Y como yapa, nos dan algunas pistas a partir del patrimonio de una corriente de pensamiento político que hunde sus raíces en las corrientes libertarias y que en plena dictadura toma la determinación de organizarse como un partido para luchar por la victoria del pueblo.
No más uno empieza a leer el libro, se encuentra con un curioso anuncio. Nos alertan sobre un aspecto que está muy relacionado a lo que me refería recién: se habían propuesto escribir una biografía de Gerardo Gatti y nos confiesan que no habían hecho otra cosa que abrir un gran índice de temas al que nos invitan a seguir.
Seguramente, si no fuera por la siempre implacable y voraz tijera de los editores, este libro debió superar por lejos las casi 400 páginas que hoy tiene, a pesar de que la vida de Gerardo, el personaje sobre el que originariamente los autores quisieron escribir su biografía, es una vida breve, muy breve: Gerardo Gatti desaparece con 44 años en manos de la coordinación represiva de las dictaduras del Uruguay y la argentina.
Con otras palabras, los autores nos hablan a propósito de que hay en el devenir histórico, momentos – ellos hablan de tiempos-, donde en las formaciones sociales de un país, de una región, se instalan proyectos políticos y sociales de cuño revolucionario. Gerardo fue un animador de ese momento histórico.
Este no es un libro – y esta es una advertencia que corre por mi exclusiva cuenta-, que busca una reconciliación de los que hoy pueden estar peleados con el pasado. Tampoco es un libro reivindicativo para solaz de aquellos que han optado vivir aún en pasado. Tampoco es un libro que intenta disculparse de los errores del pasado, de las derrotas del pasado. No es eso, a pesar de ser un libro en el que hablan y escriben sobrevivientes sobre los que no sobrevivieron. Que no sobrevivieron al embate de quienes – junto a una generación de hombres y mujeres comprometidas con la revolución-, quisieron hacer desaparecer para siempre esa posibilidad de existencia de esos momentos, esos tiempos de los proyectos políticos de corte revolucionarios.
Pero si es algo de eso para algún lector, estará bien. Pero, es más que eso. Debe ser para nosotros, algo más. Deberíamos leerlo, beberlo, masticarlo, digerirlo, como algo más que eso. Si el devenir de la historia no es aquella rueda que nos decían que inexorablemente giraba como una suerte de ruleta que nos premiaba un día con la realización de las utopías. Ni los tiempos o los momentos históricos son algo mágico que se instala para que una generación realice o malogre sus utopías, según sepa aplicar mecánicamente o no un recetario perfecto e infalible, este libro que recoge y documenta las peripecias y las alegrías de vida y de lucha de Gerardo Gatti, es un recorrido ineludible para nuestra seria y comprometida reflexión del hoy.
De ahí que hablar, escribir sobre hombres y mujeres que como Gerardo Gatti fueron animadores, paridores de esos tiempos, de esos momentos, sea una tarea muy compleja y también dolorosa. Es complejo y reitero también dolorosa, porque se pretende bucear en las aguas de un tiempo pasado, para salir a buscar oxígeno en este presente del hoy.
Es un tema muy bien resulto por los autores, lo difícil que puede resultar escribir sobre un personaje tan fuerte y multifacético, como sin duda lo fue Gerardo Gatti, sin que el objeto del libro quede opacado en los hechos de la historia del Uruguay en los que vivió y actuó. O al revés, que la vida del personaje, opaque el periodo histórico. En este libro, existe el equilibro justo, la articulación adecuada entre esos dos aspectos.
Al igual que decía Sara Méndez, cuando realizo la presentación de este libro en el PIT/CNT, estamos convencidos que la estatura y la importancia política de un luchador social como sin lugar a dudas lo fue Gerardo, es real y autentica cuando para referirnos a él, se hace indispensable vincularlo estrechamente con los hechos y los protagonistas que a su influjo se produjeron y actuaron durante ese periodo histórico.
Termino con esto. Gerardo vivió y desapareció en tiempos en que la voluntad parecía capaz de todo. En esos tiempos y contra el voluntarismo, Gerardo solía decir: Si vamos a convocar a una reunión de brujas a un aquelarre, primero tenemos que averiguar si hay brujas. Desde ese tenebroso lugar desde donde Gerardo nos mira en la ultima foto que registra su presencia en automotoras Orletti o desde esa otra desafiante de su prontuario que es tapa del libro, Gerardo nos llama a convocar un aquelarre, en la que somos nosotros las brujas y los brujos.
Gerardo fue un constructor de herramientas de luchas reivindicativas de los trabajadores, de instrumentos de lucha política revolucionaria. En resumen de herramientas colectivas, de ese tipo de aquelarre, sigue tratándose el desafió del hoy.
jueves, 13 de diciembre de 2012
miércoles, 12 de diciembre de 2012
EL OBSERVATORIO LUZ IBARBURU, EN MARCHA.
EL OBSERVATORIO LUZ IBARBURU, EN MARCHA.
Publicado en Trabajo y Utopía diciembre 2012
1.- LOS PRIMEROS PAZOS.
Luego de la presentación del OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”, el pasado 10 de octubre, las hoy 14 organizaciones que actualmente lo integran lo integran (últimamente se han sumado Educadores por la Paz y la Fundación Zelmar Michelini), han llevado a cabo una nutrida agenda de entrevistas y gestiones con el objetivo de denunciar algunas situaciones detectadas en la implementación del proceso de justicia y plantear algunas propuestas tendientes a intentar solucionarlas.
En dichas entrevistas - de las que damos un detallado informe, más adelante -,se entregó un Memorando en el que se documentó los planteos realizados por las delegaciones. Allí se reiteró la finalidad que tiene el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”: mejorar o perfeccionar la eficacia de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Resaltándose, que tratándose de una herramienta que intenta interactuar, en el nuevo escenario existente en el Uruguay a partir de la Sentencia de la CIDH, era imprescindible la estrecha colaboración entre los distintos actores del proceso de hacer justicia en el Uruguay.
A cada uno de los entrevistados, se les detalló las propuestas que el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”, tiene sobre los distintos problemas y dificultades detectados en el proceso de justicia y los desafíos jurídicos, políticos y éticos, que ellos plantean y en los cuales, el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”, se reservaba el derecho de mantener su independencia frente al Estado, lo que no impediría que bregara para construir los consensos necesarios que permitan enfrentar y resolver adecuadamente los hechos de nuestro pasado reciente, con las herramientas construidas por el derecho internacional.
Si bien, no se puede desconocer que es poco el tiempo trascurrido desde el inicio de las acciones concretas para cumplir con lo dispuesto por la Corte IDH, y ello es una dificultad a la hora de evaluar en forma definitiva el proceso de justicia que se inicio en el Uruguay, se les señaló, que nos encontrábamos ante nuevas complejidades que deberían ser visualizadas por todos los operadores del sistema judicial y el sistema político, para resolverlos adecuada y rápidamente. Esos problemas, los ubicó el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”,, en el entorno de lograr por un lado una organización eficiente de las causas penales y del trabajo judicial y extrajudicial, y por otro lado en superar la falta de coordinación y de acuerdos entre los distintos actores de este proceso, para así hacer posible un proceso eficaz de justicia. Entre otros: Una dispersión de causas en las distintas Sedes Penales de todo el país, que podrían considerarse conexas (en razón de conectividad temporal, de lugar, de responsabilidades), en razón de una distribución de las mismas que no tiene en cuenta la especificidad y particularidad de los delitos cometidos en un proceso de terrorismo de Estado; que esa fragmentación y dispersión de las causas penales, muchas veces dificulta a los operadores del sistema judicial para una adecuada mirada totalizadora del proceso represivo del terrorismo de Estado, tanto a la hora de recopilar los medios de prueba, como a la necesaria evaluación de los contextos históricos en que se desarrollan los hechos; que eso también genera que muchas veces, victimas, testigos o familiares de las víctimas tengan que reiterar en distintas sedes testimonios sobre los mismos hechos; una falta de colaboración por partes de algunos organismos del Estado, a la hora de atender reclamos de información; formas inadecuadas del proceso de citación a victimas, testigos o familiares de las víctimas; instalaciones inadecuadas donde victimas y victimarios comparten lugares comunes; escasas o nulas aperturas para la participación de los denunciantes en los procesos; una excesiva compartimentación de la información existente en diversas instituciones del Estado; limitaciones para acceder a archivos existentes; un proceso judicial, donde los medios de prueba, por lo general, descansan en la actividad e iniciativa de las víctimas o denunciantes; un número de expedientes archivados en aplicación de la ley de caducidad, que aun continúan en esa situación y denuncias presentadas ante las seccionales policiales, cuyo tratamiento posterior se desconoce; formas de identificación de los expedientes que dificulta individualizar a las victimas y los delitos que se denuncian; y ausencia absoluta de un auxiliar de la justicia de carácter interdisciplinario con competencia nacional, que disponga de todas las facultades necesarias para investigar y apoyar al sistema judicial en casos que tienen muchos años de antigüedad y cometidos desde el poder del Estado.
De esa nómina de `problemas detectados, el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”, puso un acento especial en la ausencia de un órgano de investigación. Para el OBSERVATORIO, ese el problema principal y de urgente solución. Sobre ese aspecto se plantearon algunas ideas que en opinión del OBSERVATORIO, podrían encaminar una solución a esa dificultad. La propuesta formulada, parte de la base de que una respuesta rápida y adecuada a ese problema, debe tener en cuenta no vulnerar las limitaciones establecidas actualmente en las normas constitucionales y aquellas que regular el proceso penal. Desde esa perspectiva, el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU” reclamó que se instale una UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN Y APOYO AL SISTEMA JUDICIAL OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”, 2.- ¿ANTE QUIENES FORMULÓ LOS RECLAMOS EL OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”?
La ronda de entrevistas se inició el 25 de octubre ante el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación Dr. Jorge Diaz; y continuó el día 30 con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Daniel Gutiérrez y el Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay Dr. Bernardino Pablo Real. Un día después, el 31 con el Ministro de Relaciones Exteriores Luís Almagro, el Ministro de Interior Eduardo Bonomi y el Director de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores Dr. Perazza. El 1º de noviembre se mantuvo una reunión con el Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Publicas en Derechos Humanos del MERCOSUR Víctor Abramovich y con los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoria del Pueblo Juan Raul Ferreira, Mirta Guianze y Mariana González; El día 6, con el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura Dr. Javier Miranda; el 8 con el Ministro de Educación y Cultura Ricardo Erhlich; el 12 con el Ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro y el sub secretario Dr. Jorge Menéndez; el dia 14, con la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de seguimiento de la Comisión para la Paz Lic. Graciela Jorge y los integrantes Eduardo Pirotto y el Dr. Ariel Cancela; el día 21 con el Ministro de la Suprema Corte de Justicia Dr. Pérez Manrique; el día 25, con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Sr. Emilio Álvarez Icaza y el 27, con el Rector de la Universidad de la República Dr. Rodrigo Arocena; y finalmente el 3 de diciembre con la Coordinadora Regional para Suramérica del Instituto Interamericano de DD.HH Soledad García Muñoz. No se recibió respuesta a la solicitud de entrevista, del Secretario de la Presidencia de la Republica Dr. Homero Guerrero y de la Presidenta del Frente Amplio Senadora Mónica Xavier.
3.- LOS RESULTADOS DE LAS GESTIONES.
Podemos agrupar cuatro niveles de expectativas y posibilidades en relación a las gestiones realizadas, tanto en razón de las posibilidades de resolver materialmente los problemas planteados, como por los niveles de responsabilidad y competencia que cada uno tiene en razón de los temas de que se trata. Un nivel se ubica en el propio Poder Judicial, el Ministerio Público y Fiscal y los abogados; otro a nivel de la conducción de las políticas de gobierno de gobierno en este tema (la Comisión Interministerial creada por el Poder Ejecutivo para instrumentar el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH). Otro con relación a organismos que tienen que ver con el cumplimiento especifico de políticas publicas de promoción y cumplimiento de las derechos humanos y finalmente organismos de carácter regional o interamericano.
En el primer nivel, las respuestas no fueron muy homogéneas. Mientras que a nivel de la Suprema Corte de Justicia en tanto órgano colegiado, las respuestas fueron de mucha cautela, aunque sin interponer en el intercambio de ideas, ninguna dificultad de carácter legal o instrumental. Reconocen la existencia de los problemas formulados, ven como viable la propuesta, pero no tienen una resolución formal como organismo. Lo estudiarían. A nivel de la fiscalia, se compartieron los diagnósticos de los problemas y se compartió plenamente la propuesta. Igualmente el Presidente del Colegio de abogados, quien además vio en la propuesta, un mecanismo que ayudaría al proceso en curso de reforma del proceso penal.
A nivel de las autoridades de gobierno el acuerdo sobre la propuesta fue también unánime. Allí es importante anotar, que se encuentra el Ministerio del Interior, lugar donde se debe resolver e instrumentar la instalación de la Unidad Especial, donde se recibio el acuerdo y disposición de hacerlo, cuando le fuera solicitado tanto por el sistema judicial, la propia interministerial o la Institución Nacional de Derechos Humanos. Al existir un acuerdo de quienes integran la Comisión Interministerial y ser esta una de las que podría cursar la solicitud expresa al Ministro del Interior, se planteo la necesidad que esta se constituyera y así lo resolviera.
En el tercer nivel, se logro el acuerdo y el compromiso de la Institución Nacional de DD.HH, de realizar una recomendación en torno a la propuesta del OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU” Todo parece indicar, que es inminente una decisión que permita la instalación de esta nueva herramienta que contribuya a que el Uruguay supere la impunidad factica existente. No apareció ningún cuestionamiento ni dificultad de carácter legal, para que así se resuelva, porque no existen. Tampoco de voluntad política, pero eso nunca es un asunto que no este sujeto a cambios.
Por esa razón, sería sano y adecuado, que antes de que se instale la feria judicial mayor, exista la resolución del Ministerio del Interior, y nos pongamos a trabajar para instrumentar y definir su integración de manera tal que sea una herramienta eficaz y adecuada para enfrentar los cometidos que pretendemos cumpla. Y que el año próximo una vez se abran nuevamente los juzgados, culminada la feria judicial, el sistema judicial tenga a su disposición este nuevo instrumento de colaboración.
Es en ese marco que se realizo la entrevista con el Rector de la Universidad de la República, quien a nuestro entender tendrá una enorme responsabilidad en una parte de los técnicos y profesionales que se deberán poner al frente de la citada Unidad Especial.
Publicado en Trabajo y Utopía diciembre 2012
1.- LOS PRIMEROS PAZOS.
Luego de la presentación del OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”, el pasado 10 de octubre, las hoy 14 organizaciones que actualmente lo integran lo integran (últimamente se han sumado Educadores por la Paz y la Fundación Zelmar Michelini), han llevado a cabo una nutrida agenda de entrevistas y gestiones con el objetivo de denunciar algunas situaciones detectadas en la implementación del proceso de justicia y plantear algunas propuestas tendientes a intentar solucionarlas.
En dichas entrevistas - de las que damos un detallado informe, más adelante -,se entregó un Memorando en el que se documentó los planteos realizados por las delegaciones. Allí se reiteró la finalidad que tiene el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”: mejorar o perfeccionar la eficacia de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Resaltándose, que tratándose de una herramienta que intenta interactuar, en el nuevo escenario existente en el Uruguay a partir de la Sentencia de la CIDH, era imprescindible la estrecha colaboración entre los distintos actores del proceso de hacer justicia en el Uruguay.
A cada uno de los entrevistados, se les detalló las propuestas que el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”, tiene sobre los distintos problemas y dificultades detectados en el proceso de justicia y los desafíos jurídicos, políticos y éticos, que ellos plantean y en los cuales, el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”, se reservaba el derecho de mantener su independencia frente al Estado, lo que no impediría que bregara para construir los consensos necesarios que permitan enfrentar y resolver adecuadamente los hechos de nuestro pasado reciente, con las herramientas construidas por el derecho internacional.
Si bien, no se puede desconocer que es poco el tiempo trascurrido desde el inicio de las acciones concretas para cumplir con lo dispuesto por la Corte IDH, y ello es una dificultad a la hora de evaluar en forma definitiva el proceso de justicia que se inicio en el Uruguay, se les señaló, que nos encontrábamos ante nuevas complejidades que deberían ser visualizadas por todos los operadores del sistema judicial y el sistema político, para resolverlos adecuada y rápidamente. Esos problemas, los ubicó el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”,, en el entorno de lograr por un lado una organización eficiente de las causas penales y del trabajo judicial y extrajudicial, y por otro lado en superar la falta de coordinación y de acuerdos entre los distintos actores de este proceso, para así hacer posible un proceso eficaz de justicia. Entre otros: Una dispersión de causas en las distintas Sedes Penales de todo el país, que podrían considerarse conexas (en razón de conectividad temporal, de lugar, de responsabilidades), en razón de una distribución de las mismas que no tiene en cuenta la especificidad y particularidad de los delitos cometidos en un proceso de terrorismo de Estado; que esa fragmentación y dispersión de las causas penales, muchas veces dificulta a los operadores del sistema judicial para una adecuada mirada totalizadora del proceso represivo del terrorismo de Estado, tanto a la hora de recopilar los medios de prueba, como a la necesaria evaluación de los contextos históricos en que se desarrollan los hechos; que eso también genera que muchas veces, victimas, testigos o familiares de las víctimas tengan que reiterar en distintas sedes testimonios sobre los mismos hechos; una falta de colaboración por partes de algunos organismos del Estado, a la hora de atender reclamos de información; formas inadecuadas del proceso de citación a victimas, testigos o familiares de las víctimas; instalaciones inadecuadas donde victimas y victimarios comparten lugares comunes; escasas o nulas aperturas para la participación de los denunciantes en los procesos; una excesiva compartimentación de la información existente en diversas instituciones del Estado; limitaciones para acceder a archivos existentes; un proceso judicial, donde los medios de prueba, por lo general, descansan en la actividad e iniciativa de las víctimas o denunciantes; un número de expedientes archivados en aplicación de la ley de caducidad, que aun continúan en esa situación y denuncias presentadas ante las seccionales policiales, cuyo tratamiento posterior se desconoce; formas de identificación de los expedientes que dificulta individualizar a las victimas y los delitos que se denuncian; y ausencia absoluta de un auxiliar de la justicia de carácter interdisciplinario con competencia nacional, que disponga de todas las facultades necesarias para investigar y apoyar al sistema judicial en casos que tienen muchos años de antigüedad y cometidos desde el poder del Estado.
De esa nómina de `problemas detectados, el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”, puso un acento especial en la ausencia de un órgano de investigación. Para el OBSERVATORIO, ese el problema principal y de urgente solución. Sobre ese aspecto se plantearon algunas ideas que en opinión del OBSERVATORIO, podrían encaminar una solución a esa dificultad. La propuesta formulada, parte de la base de que una respuesta rápida y adecuada a ese problema, debe tener en cuenta no vulnerar las limitaciones establecidas actualmente en las normas constitucionales y aquellas que regular el proceso penal. Desde esa perspectiva, el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU” reclamó que se instale una UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN Y APOYO AL SISTEMA JUDICIAL OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”, 2.- ¿ANTE QUIENES FORMULÓ LOS RECLAMOS EL OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”?
La ronda de entrevistas se inició el 25 de octubre ante el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación Dr. Jorge Diaz; y continuó el día 30 con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Daniel Gutiérrez y el Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay Dr. Bernardino Pablo Real. Un día después, el 31 con el Ministro de Relaciones Exteriores Luís Almagro, el Ministro de Interior Eduardo Bonomi y el Director de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores Dr. Perazza. El 1º de noviembre se mantuvo una reunión con el Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Publicas en Derechos Humanos del MERCOSUR Víctor Abramovich y con los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoria del Pueblo Juan Raul Ferreira, Mirta Guianze y Mariana González; El día 6, con el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura Dr. Javier Miranda; el 8 con el Ministro de Educación y Cultura Ricardo Erhlich; el 12 con el Ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro y el sub secretario Dr. Jorge Menéndez; el dia 14, con la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de seguimiento de la Comisión para la Paz Lic. Graciela Jorge y los integrantes Eduardo Pirotto y el Dr. Ariel Cancela; el día 21 con el Ministro de la Suprema Corte de Justicia Dr. Pérez Manrique; el día 25, con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Sr. Emilio Álvarez Icaza y el 27, con el Rector de la Universidad de la República Dr. Rodrigo Arocena; y finalmente el 3 de diciembre con la Coordinadora Regional para Suramérica del Instituto Interamericano de DD.HH Soledad García Muñoz. No se recibió respuesta a la solicitud de entrevista, del Secretario de la Presidencia de la Republica Dr. Homero Guerrero y de la Presidenta del Frente Amplio Senadora Mónica Xavier.
3.- LOS RESULTADOS DE LAS GESTIONES.
Podemos agrupar cuatro niveles de expectativas y posibilidades en relación a las gestiones realizadas, tanto en razón de las posibilidades de resolver materialmente los problemas planteados, como por los niveles de responsabilidad y competencia que cada uno tiene en razón de los temas de que se trata. Un nivel se ubica en el propio Poder Judicial, el Ministerio Público y Fiscal y los abogados; otro a nivel de la conducción de las políticas de gobierno de gobierno en este tema (la Comisión Interministerial creada por el Poder Ejecutivo para instrumentar el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH). Otro con relación a organismos que tienen que ver con el cumplimiento especifico de políticas publicas de promoción y cumplimiento de las derechos humanos y finalmente organismos de carácter regional o interamericano.
En el primer nivel, las respuestas no fueron muy homogéneas. Mientras que a nivel de la Suprema Corte de Justicia en tanto órgano colegiado, las respuestas fueron de mucha cautela, aunque sin interponer en el intercambio de ideas, ninguna dificultad de carácter legal o instrumental. Reconocen la existencia de los problemas formulados, ven como viable la propuesta, pero no tienen una resolución formal como organismo. Lo estudiarían. A nivel de la fiscalia, se compartieron los diagnósticos de los problemas y se compartió plenamente la propuesta. Igualmente el Presidente del Colegio de abogados, quien además vio en la propuesta, un mecanismo que ayudaría al proceso en curso de reforma del proceso penal.
A nivel de las autoridades de gobierno el acuerdo sobre la propuesta fue también unánime. Allí es importante anotar, que se encuentra el Ministerio del Interior, lugar donde se debe resolver e instrumentar la instalación de la Unidad Especial, donde se recibio el acuerdo y disposición de hacerlo, cuando le fuera solicitado tanto por el sistema judicial, la propia interministerial o la Institución Nacional de Derechos Humanos. Al existir un acuerdo de quienes integran la Comisión Interministerial y ser esta una de las que podría cursar la solicitud expresa al Ministro del Interior, se planteo la necesidad que esta se constituyera y así lo resolviera.
En el tercer nivel, se logro el acuerdo y el compromiso de la Institución Nacional de DD.HH, de realizar una recomendación en torno a la propuesta del OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU” Todo parece indicar, que es inminente una decisión que permita la instalación de esta nueva herramienta que contribuya a que el Uruguay supere la impunidad factica existente. No apareció ningún cuestionamiento ni dificultad de carácter legal, para que así se resuelva, porque no existen. Tampoco de voluntad política, pero eso nunca es un asunto que no este sujeto a cambios.
Por esa razón, sería sano y adecuado, que antes de que se instale la feria judicial mayor, exista la resolución del Ministerio del Interior, y nos pongamos a trabajar para instrumentar y definir su integración de manera tal que sea una herramienta eficaz y adecuada para enfrentar los cometidos que pretendemos cumpla. Y que el año próximo una vez se abran nuevamente los juzgados, culminada la feria judicial, el sistema judicial tenga a su disposición este nuevo instrumento de colaboración.
Es en ese marco que se realizo la entrevista con el Rector de la Universidad de la República, quien a nuestro entender tendrá una enorme responsabilidad en una parte de los técnicos y profesionales que se deberán poner al frente de la citada Unidad Especial.
domingo, 30 de septiembre de 2012
El caso de Simón en la justicia civil uruguaya
El caso de Simón en la justicia civil uruguaya
El periplo de Sara
Raúl Olivera Alfaro (Publicado en BRECHA)
1. ANTECEDENTES. En el 2006, Sara Méndez con el patrocinio del abogado Pablo Chargoñia interpuso ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2º Turno una demanda por daños y perjuicios contra el Estado (Poder Ejecutivo –PE- y Ministerio de Defensa –MDN-), en razón de que funcionarios del Estado uruguayo, no sólo la separaron de su hijo, sino que con su silencio contribuyeron a que no pudiera dar con él, hasta marzo de 2002.
Se sostenía allí, que “El Estado uruguayo no hizo lo que podía y debía: investigar. Normas constitucionales y legales (de fuente nacional e internacional) le impusieron un deber que nunca cumplió cabalmente y, con ello, mantuvo el estado de desaparición de Simón”. Por lo que se reclamaba, además de la obligada reparación, que se condenara al Estado uruguayo a: “a efectuar una exhaustiva y completa investigación administrativa que esclarezca los hechos señalados en este escrito e individualice a la totalidad de los responsables”.
La vía iniciada en esta oportunidad con una demanda civil , buscaba reestablecer un derecho largamente negado por el Estado uruguayo como parte de su política de impunidad. Una política, que también se manifestó con el “secreto militar” y el “no recordar” del teniente coronel Rodríguez Buratti y del ex presidente Sanguinetti, ante una demanda en juzgado de familia.
2. ACTITUD DE DEFENSA. Durante el tramite de la demanda, hasta el reciente fallo del tribunal de apelaciones en lo civil, trascurrió la administración de Tabaré Vázquez y la actual de José Mujica, y cuatro ministros de Defensa (Azucena Berruti, José Bayardi, Luís Rosadilla y Fernández Huidobro) y una única y clara posición del Estado-PE, representado por el MDN.
¿Qué sostuvo el MDN? Admite la sustracción y entrega del menor, acontecidos en la Argentina en 1976, pero sostiene que: “no fueron cometidos por personas dependientes de nuestra representada” (MDN). Los hechos del secuestro de Sara y su hijo “se desarrollaron en el territorio argentino con las consecuencias que ello implica y cuyo accionar no puede imputarse” a personal militar uruguayo. Por lo que concluye que: “no puede demandarse al Estado uruguayo por tales hechos ocurridos en territorio y cometidos por personas extranjeras no vinculadas” al MDN.
Pero no terminan aquí las negativas a hacerse cargo: “Con relación al daño fundado en la omisión de investigar o de no brindar información por parte del Estado, corresponde señalar que no existió, -como se alega por la contraria-, omisión en el cumplimiento de investigar de parte del Estado uruguayo”. Y, según el MDN “el haber podido dar con el paradero del hijo de la señora Méndez fue el fruto de las investigaciones realizadas tanto por el Estado - a través de sus distintos estamentos…”.
3. EN PRIMERA INSTANCIA. Luego de un prologado proceso que incluyó diligenciamientos de prueba , declaración de testigos , apelaciones del MDN, la jueza Loreley Pera rechaza laa demanda por considerar “que no se verifican la totalidad de los requisitos para que exista responsabilidad estatal”, en los hechos.
¿Cómo fundamentó la insólita conclusión? a) En que “el Estado realizó gestiones para ubicar el paradero del hijo de la actora . Pero aún si se entendiera que la asumida no fue la conducta debida, igualmente la acción no puede prosperar. Ello porque no emerge de obrados que haya sido consecuencia directa de la actuación u omisión estatal, el largo proceso que debió afrontar la actora, para poder recuperar a su hijo…”. b) En que “no resulta probado que funcionarios dependientes de la demandada (MDN) hayan estado en conocimiento del paradero del hijo de la actora, una vez realizado el lamentable operativo llevado a cabo en su domicilio…”.
Para llegar a esa conclusión da por ciertas las declaraciones de Gavazzo, según las cuales Rodríguez Buratti se hizo cargo de tratar de ubicar a Simón, “el cual doy fe, que puso el máximo de su empeño para tratar de ubicar a ese bebé, en Argentina, y no lo pudo lograr”. Y existieron gestiones por parte de los entonces comandantes en jefe del ejército Hugo Medina, Daniel García y Juan Curuchet.
4. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES. Frente a la decisión de la jueza Loreley Pera, el MDN, abogó por el mantenimiento de dicha sentencia por “compartir los fundamentos” y entender que el Estado uruguayo cumplió “con su obligación de medios de investigar”. Mientras que Chargoñia sostuvo “que se exoneró erróneamente de responsabilidad al Estado por cuanto colaboró en la desaparición forzada del menor (…) e incumplió el deber de investigar” por lo que se debería revocar la sentencia.
Los integrantes del tribunal de apelaciones en lo civil de 5º turno, Luis María Simón, María Esther Gradín y Beatriz Florentino en sentencia del 29-08-12, resuelven revocar el fallo y condenar al Estado al considerar parcialmente de recibo las razones esgrimidas por Sara y Chargoñia. A criterio del tribunal, los hechos determinan la “responsabilidad del Estado uruguayo por la separación, desaparición del niño y su ulterior entrega ilegítima a la familia de adopción encabezada por un Comisario argentino. En efecto, por más que los funcionarios uruguayos actuantes hayan tratado de minimizar su participación, que los hechos hayan ocurrido en la Argentina y que el procedimiento fuere conducido por el personal argentino (…) quienes actuaron por el Estado uruguayo se desentendieron completamente del bebe de días (…) El personal uruguayo actuó ilegítimamente con la madre y de esa conducta derivaron consecuencias para el menor (…) que también fueron ilegítimas, y que cabe imputar a los funcionarios actuantes a titulo de comisión por acción y por omisión…”.
“No puede obviarse -continúa expresando- que todo el procedimiento fue realizado en interés de las autoridades de facto del Uruguay”, y que “no cabe dudar que tanto en el orden jurídico nacional uruguayo y argentino, como en el internacional, la desaparición de un menor y la ilegítima separación de su madre, la sustracción del ámbito de disponibilidad de ésta, constituye un resultado no avalado por el Derecho, derivado de un hecho ilícito que por ello puede generar responsabilidad civil, independientemente de la penal”. Y concluye en este aspecto que “en el marco de la operación represiva ilícita desarrollada, resultan imputables a todos los agentes todos los sucesos ilícitos sobrevenidos, así como sus directas consecuencias en la vida del niño y de su madre…”.
Con relación a la omisión de investigar no reconocida, el fallo del tribunal es contundente: “El comportamiento ilícito ya reseñado, iniciado el 13 de julio de 1976, agregó el Estado, a través de diversos agentes, otras conductas que en el curso de los años siguientes contribuyeron a que el menor continuara desaparecido, privando a su madre de todo vínculo con él, pues, por ejemplo, las autoridades requeridas no brindaron información, la aportaron falsa o no desarrollaron investigación exhaustiva de los hechos. Ninguna investigación cabal se practicó tampoco al reinstalarse la democracia en el país, pese a alguna indagatoria que pudieren haber realizado algunos Comandantes en Jefe, ya que ni aun la vigencia de la llamada ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado impedía la investigación, al contrario su artículo 4º la preveía. Incumbía al Estado el deber de investigar los hechos y en su caso ubicar al hijo de la actora e intentar recuperarlo, y por mucho tiempo nada hizo al respecto”.
Sin embargo los magistrados no se afiliaron a la tesis de la omisión sostenida por Méndez y Chargoñia, que comprende, también, a la Comisión para la Paz: “A juicio del Tribunal, diferente al sostenido por la actora, la tarea de esa Comisión implicó el desarrollo de una investigación oficial, en el plano administrativo, de la desaparición del menor, y por tanto, asunción por el Estado del deber de investigar…”. También desestimó condenar al Estado a realizar una investigación administrativa, “pues no parece viable a esta altura de los hechos arribar a conclusiones diferentes a las ya conocidas por la demandada”.
Finalmente, “la Sala considera que el muy grave daño padecido por la actora se acerca al de pérdida definitiva de un hijo que sobreviene por ejemplo con la muerte, aunque se trató de una pérdida temporal que no puede equivaler exactamente a aquélla”, por lo que se condena al Estado a pagar a la actora la suma de 28 mil dólares, como indemnización de daño extrapatrimonial. Habrá que esperar que en las causas penales, ahora libradas recientemente del amparo de la ley de caducidad, se termine condenando a los responsables de estos hechos que aun hoy están impunes.
UN EJERCICIO DE LA MEMORIA.
UN EJERCICIO DE LA MEMORIA.
EN MEMORIA DE JOEL ATILIO CAZAL
La labor de preservación de la memoria que es a veces memoria del dolor y que otras veces es memoria revolucionaria,
es memoria de éxitos y de logros de los pueblos, es memoria de enseñanzas luminosas y de ejemplos.
(Hugo CORES)
Joel Atilio Cazal, fue un incansable luchador paraguayo. Desde su exilio en los años 70 en nuestro país, fue un activo promotor de las luchas del pueblo uruguayo. Venezuela fue su segunda patria, desde donde continuó su lucha. Por eso en estos días, Uruguay y Venezuela, lo recordaron.
Nació en Asunción, Paraguay, el 6 de abril de 1941. Desde los 13 años, fue miembro de la Federación Juvenil Comunista Paraguaya. En 1970, debió asilarse el 24 de abril de 1970 en la embajada uruguaya en Asunción, para escapar de la policía del dictador Stroessner. Frustrado el intento de encarcelarlo, la policía política de la dictadura paraguaya, detiene a su esposa Blanca. “la llevaron al Departamento de Investigaciones. Allí la detuvieron por cuatro o cinco días para interrogarla. (…), todo esto como una medida de presión para que yo saliera de la Embajada de Uruguay y me entregara”. “(…) por intermedio de mi hermana, le dije a mi esposa que viniera con los niños a la embajada, sin valija, como quien iba a visitarme. Cuando llegaron, solicité asilo político para ellos también” e.
Abandonó el Paraguay el 6 de junio de 1970, con la protección de la embajada uruguaya. Viajo solo. Cuando llega a Montevideo y esta haciendo el trámite en migraciones, es llevado por la policía uruguaya a Jefatura. “Subimos al cuarto piso. Estuve allí hasta las ocho de la noche porque, entre esperar al comisario y luego el interrogatorio -que fue largo- pasaron más de cuatro horas. Tenía que decir dónde iba a vivir. (…)Yo llevaba nombres y direcciones pero no podía decirles dónde me iba a radicar.
Una vez que lo liberan, busca a sus contactos en Uruguay. “llegué hasta la avenida principal 18 de julio. Una pareja estaba en la parada y les pregunté por una dirección. Enseguida me reconocieron por mi acento. El hombre me dijo: “¿Vos sos paraguayo? ¿Vas a la casa de Pancho?”. Luego me explicó que era compañero de estudios de la persona que yo estaba por visitar y se ofreció a guiarme. Me sorprendió mucho esa casualidad, pero después me he ido acostumbrando a que la vida a veces te pone las cosas difíciles y otras te las pone muy fáciles”. El 22 de junio, llegan a Montevideo su esposa y sus dos hijos.
La red solidaria uruguaya se pone en movimiento.“En el Sindicato de Medicamentos y Afines me conectaron con gente de la Federación Uruguaya de la Salud. Como había tenido experiencia en visitas médicas en los Laboratorios LASCA, uno de los más grandes de Asunción, los compañeros uruguayos me buscaron un trabajo acorde con mis conocimientos. Conocí a compañeros del CASMU, dónde comencé a trabajar en la farmacia, casi siempre en el CASMU 2. Llegamos en junio y para mediados de agosto ya estaba trabajando allí. En ese tiempo comenzó una huelga de la salud. Una huelga larga.”.
En Uruguay, militó gremial y políticamente. El Frente Revolucionario de los Trabajadores y luego la Resistencia Obrero Estudiantil, fueron sus lugares de militancia política, mientras que AFCASMU, la FUS y la CNT, lo fueron gremialmente. “De 1970 al 75, cuando me correspondió luchar en el Uruguay, fue un momento de gran efervescencia revolucionaria. Mi condición de paraguayo no me limitaba en la actividad política porque los uruguayos son muy respetuosos y no les importa de dónde eres si vives sus problemas con ellos y luchas por solucionarlos”.
Instalada la dictadura en el Uruguay, continuó en el país, participando de la resistencia al terrorismo de Estado. Lo detienen en mayo de 1975, en su lugar de trabajo. “Yo estaba afuera, en el camión contando las cajas de medicamentos que habían llegado de la proveeduría. Ahí se me acercaron los tipos, dos oficiales de civil. Comencé a gritar que me llevaban detenido a los compañeros que estaban adentro. Me llevaron a casa, donde estaban Blanca, Raúl, Arturo y Rocío, que apenas tenía dos años. Revisaron todo. No encontraron nada”.
Lo llevan al Departamento 5 de la DNII. A raíz de las brutales torturas de que es objeto durante casi una semana, debe ser internado en el Hospital de las Fuerzas Armadas, donde es intervenido quirúrgicamente. “Perdí la noción del día y de la hora. Después de todos los golpes, debe haber sido en la madrugada del sábado (el cuarto día), yo me desplomé y me salieron burbujas por la boca. Los policías me sacaron la capucha y me llevaron a una habitación (cocina), donde me sentaron. Estando allí, llegó un médico que me tomó la presión arterial y escuché que dijo: hay que llevarlo rápido al hospital o si no se nos queda. Me operaron. Cuatro horas duró la operación. Me abrieron todo el abdomen”.
El 17 de julio de 1975, en plena recuperación postoperatoria de una hernia diafragmática que se estranguló a causa de los golpes, se fuga por la puerta trasera del Hospital Militar, disfrazado de medico con una túnica blanca y se asila en la embajada de Venezuela. “.Además de la guardia militar del hospital, yo tenía un guardia civil personal del Servicio de Inteligencia del Departamento 5 de la Policía. “También estaban unas muchachas, practicantes de enfermería, que nos visitaban tres veces por semana. Una vez me preguntó una de ellas por qué yo no recibía visitas. Le dije que yo era un preso político y la miré a los ojos a ella y a su compañera. Cuando las miré, descubrí esa mirada de picardía que es tan expresiva. Aproveché y le expliqué que no era uruguayo, que mi familia no sabía de mí y le pregunté si podían ayudarme, si podían hacer una llamada telefónica para decirles nada más que yo estoy bien, “nada más”, les dije.. Ellas aceptaron.“En la siguiente visita, una de ellas me dijo que había llamado al número, que mi familia estaba bien y que mi madre había venido de Paraguay. Yo no quería que mis hijos me vieran preso. Esa fue la razón fundamental por la que yo sabía que iba a intentar fugarme y por la cual me fugué. Al día siguiente, el miércoles en la mañana, vino el médico, y me aseguró que estaba muy bien.
“ El martes 15 de julio decidí que trataría de fugarme. No tenía nada que perder. Cuando me dieran de alta me iban a torturar de nuevo y, si sobrevivía, me presentarían ante un juez militar que de seguro me impondría una pena. Tenía que fugarme”.
Ese día, el paraguayo s fuga. “Me levanté, me puse mis mocasines, (…) y me dirigí hacia la tizanería. Cerré la puerta, abrí la ventana. Allí había un estrecho muy oscuro, como de tres o cuatro metros, que separaba la sala 5 de otra sala. Me puse la túnica y caminé. Me dirigí hacia la puerta de salida más cercana. Caminé como cincuenta metros hasta el portón. Estaban dos soldados de guardia y dije: “soldado, ábrame la puerta, tengo un enfermo grave en la Sala 10 y tengo que ir a traer sangre del sanatorio IMPASA”. Abrió el candado con la primera llave que probó. Le dije “gracias, soldado”. Salí a la avenida “Centenario” y me dirigí hacia la calle Mateo Vidal, cuando llegué a la esquina, me di cuenta de que estaba libre, me quité la túnica y empecé a correr”.
Nuevamente Joel acude a la solidaridad de los compañeros. Les pedió que investigaran en cuál embajada sería más seguro pedir asilo. Venezuela estaba en el primer lugar de la lista y tenía posibilidades de llegar. “Entré a la embajada, que era un caserón grandísimo. Llegué a la recepción y le pedí a la muchacha que me llevara ante el consejero político de la embajada. Le expliqué mi situación al consejero (Dr.Carlos Baptista Olivares). Le dije que fui torturado, que tuve que ser operado y le enseñé mi cicatriz. “Usted no se sacó un diente”, me dijo. Al lado estaba la oficina del Embajador, pero éste ya se había retirado. Aproveché para preguntarle a una secretaria cómo se llamaba el embajador y me respondió que era Julio Ramos. Al enterarse de mi presencia, el doctor Ramos volvió a la Embajada. Vino un funcionario de la Embajada, me llamó por mi apellido y dijo que podía bajar un momento al piso de abajo. Bajé con él, y me llevó a una oficina, que después supe que era el consulado. Allí estaban el consejero, el embajador y el comisario (con otro cana) quien había dirigido mi captura y mi tortura. Raúl Pressa, se llama. ¿Estos hijos de puta serán capaces de entregarme?”, me decía a mí mismo. Me fui directo hasta donde estaba el embajador y le dije: “Doctor Julio Ramos, yo sé que usted es un hombre respetuoso de los Derechos Humanos, por eso vengo a la embajada venezolana a pedir asilo político”. El policía, a dos metros frente de mí, me preguntó “¿así que te escapaste paraguayo?”.Entonces me señaló que en vista de que me había fugado, detuvieron a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. Le dije al embajador que esos señores eran del servicio de inteligencia de la policía política de Uruguay y que yo me encontraba en territorio de la República de Venezuela, por lo que le rogaba que no permitiera que ellos llevaran adelante un interrogatorio. El embajador me dio la razón. El comisario pidió hablar en privado por teléfono con el Jefe de Policía. Al salir, el torturador preguntó al embajador si yo me quedaba allí. El diplomático respondió que sí, que me quedaba bajo su responsabilidad. Allí estuve 53 días. Durante mi permanencia en la embajada de Venezuela, a la cancillería de Caracas llegaron cientos de cartas y telegramas de organismos de derechos humanos internacionales pidiendo me fuera concedido el asilo político”.
El 10 de septiembre de 1975, al amparo del gobierno Venezolano, abandona el Uruguay con su familia y se radica en Venezuela. Un año después, el 28 de junio de 1976 fue secuestrada de esa misma sede diplomática su compañera de militancia la maestra Elena Quinteros, quien posteriormente fue asesinada. A raíz de ese incidente Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Uruguay.
El 10 de septiembre de 1975, al amparo del gobierno Venezolano, abandona el Uruguay y se radica n Venezuela.
“Yo salí de Paraguay a los 29 años. Estuve en Uruguay hasta los 34 años.Durante ese tiempo estuve militando en la causa de Uruguay. En Venezuela creció mi causa, se hizo más latinoamericana”. En 1978 crea Ko'eyú Latinoamericano, una revista de análisis político cultural, la que dirigió por más de 30 años, contribuyendo al debate revolucionario y el conocimiento de la literatura y el arte vinculado a la lucha de los pueblos. Desde las páginas de su Koeyú, denuncia las acciones criminales del imperio contra las naciones, la injerencia de Estados Unidos en América Latina, las crueles dictaduras financiadas por Norteamérica durante la década de los 70 en el marco de la Operación Cóndor. Además de eso, sus páginas eran un canal fructífero para la reflexionaba acerca de la integración latinoamericana, los logros de la revolución cubana a pesar del bloqueo económico y exaltaba las luchas de campesinos del mundo,
En el año 2006 el Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela, le otorgó el Premio Nacional de Comunicación Alternativa y Comunitaria, por la trayectoria de Koeyú y su contribución a la historia latinoamericana. Un año después, el el 2007 se le otorgó a Joel Cazal, la Orden Carmen Clemente Travieso por parte del Instituto Nacional de la Mujer del gobierno de Venezuela.
El 27 de enero de 2010 fallece en Caracas.
Raúl Olivera Alfaro.
Secretaria DD.HH y Politicas Sociales del PIT/CNT
EN MEMORIA DE JOEL ATILIO CAZAL
La labor de preservación de la memoria que es a veces memoria del dolor y que otras veces es memoria revolucionaria,
es memoria de éxitos y de logros de los pueblos, es memoria de enseñanzas luminosas y de ejemplos.
(Hugo CORES)
Joel Atilio Cazal, fue un incansable luchador paraguayo. Desde su exilio en los años 70 en nuestro país, fue un activo promotor de las luchas del pueblo uruguayo. Venezuela fue su segunda patria, desde donde continuó su lucha. Por eso en estos días, Uruguay y Venezuela, lo recordaron.
Nació en Asunción, Paraguay, el 6 de abril de 1941. Desde los 13 años, fue miembro de la Federación Juvenil Comunista Paraguaya. En 1970, debió asilarse el 24 de abril de 1970 en la embajada uruguaya en Asunción, para escapar de la policía del dictador Stroessner. Frustrado el intento de encarcelarlo, la policía política de la dictadura paraguaya, detiene a su esposa Blanca. “la llevaron al Departamento de Investigaciones. Allí la detuvieron por cuatro o cinco días para interrogarla. (…), todo esto como una medida de presión para que yo saliera de la Embajada de Uruguay y me entregara”. “(…) por intermedio de mi hermana, le dije a mi esposa que viniera con los niños a la embajada, sin valija, como quien iba a visitarme. Cuando llegaron, solicité asilo político para ellos también” e.
Abandonó el Paraguay el 6 de junio de 1970, con la protección de la embajada uruguaya. Viajo solo. Cuando llega a Montevideo y esta haciendo el trámite en migraciones, es llevado por la policía uruguaya a Jefatura. “Subimos al cuarto piso. Estuve allí hasta las ocho de la noche porque, entre esperar al comisario y luego el interrogatorio -que fue largo- pasaron más de cuatro horas. Tenía que decir dónde iba a vivir. (…)Yo llevaba nombres y direcciones pero no podía decirles dónde me iba a radicar.
Una vez que lo liberan, busca a sus contactos en Uruguay. “llegué hasta la avenida principal 18 de julio. Una pareja estaba en la parada y les pregunté por una dirección. Enseguida me reconocieron por mi acento. El hombre me dijo: “¿Vos sos paraguayo? ¿Vas a la casa de Pancho?”. Luego me explicó que era compañero de estudios de la persona que yo estaba por visitar y se ofreció a guiarme. Me sorprendió mucho esa casualidad, pero después me he ido acostumbrando a que la vida a veces te pone las cosas difíciles y otras te las pone muy fáciles”. El 22 de junio, llegan a Montevideo su esposa y sus dos hijos.
La red solidaria uruguaya se pone en movimiento.“En el Sindicato de Medicamentos y Afines me conectaron con gente de la Federación Uruguaya de la Salud. Como había tenido experiencia en visitas médicas en los Laboratorios LASCA, uno de los más grandes de Asunción, los compañeros uruguayos me buscaron un trabajo acorde con mis conocimientos. Conocí a compañeros del CASMU, dónde comencé a trabajar en la farmacia, casi siempre en el CASMU 2. Llegamos en junio y para mediados de agosto ya estaba trabajando allí. En ese tiempo comenzó una huelga de la salud. Una huelga larga.”.
En Uruguay, militó gremial y políticamente. El Frente Revolucionario de los Trabajadores y luego la Resistencia Obrero Estudiantil, fueron sus lugares de militancia política, mientras que AFCASMU, la FUS y la CNT, lo fueron gremialmente. “De 1970 al 75, cuando me correspondió luchar en el Uruguay, fue un momento de gran efervescencia revolucionaria. Mi condición de paraguayo no me limitaba en la actividad política porque los uruguayos son muy respetuosos y no les importa de dónde eres si vives sus problemas con ellos y luchas por solucionarlos”.
Instalada la dictadura en el Uruguay, continuó en el país, participando de la resistencia al terrorismo de Estado. Lo detienen en mayo de 1975, en su lugar de trabajo. “Yo estaba afuera, en el camión contando las cajas de medicamentos que habían llegado de la proveeduría. Ahí se me acercaron los tipos, dos oficiales de civil. Comencé a gritar que me llevaban detenido a los compañeros que estaban adentro. Me llevaron a casa, donde estaban Blanca, Raúl, Arturo y Rocío, que apenas tenía dos años. Revisaron todo. No encontraron nada”.
Lo llevan al Departamento 5 de la DNII. A raíz de las brutales torturas de que es objeto durante casi una semana, debe ser internado en el Hospital de las Fuerzas Armadas, donde es intervenido quirúrgicamente. “Perdí la noción del día y de la hora. Después de todos los golpes, debe haber sido en la madrugada del sábado (el cuarto día), yo me desplomé y me salieron burbujas por la boca. Los policías me sacaron la capucha y me llevaron a una habitación (cocina), donde me sentaron. Estando allí, llegó un médico que me tomó la presión arterial y escuché que dijo: hay que llevarlo rápido al hospital o si no se nos queda. Me operaron. Cuatro horas duró la operación. Me abrieron todo el abdomen”.
El 17 de julio de 1975, en plena recuperación postoperatoria de una hernia diafragmática que se estranguló a causa de los golpes, se fuga por la puerta trasera del Hospital Militar, disfrazado de medico con una túnica blanca y se asila en la embajada de Venezuela. “.Además de la guardia militar del hospital, yo tenía un guardia civil personal del Servicio de Inteligencia del Departamento 5 de la Policía. “También estaban unas muchachas, practicantes de enfermería, que nos visitaban tres veces por semana. Una vez me preguntó una de ellas por qué yo no recibía visitas. Le dije que yo era un preso político y la miré a los ojos a ella y a su compañera. Cuando las miré, descubrí esa mirada de picardía que es tan expresiva. Aproveché y le expliqué que no era uruguayo, que mi familia no sabía de mí y le pregunté si podían ayudarme, si podían hacer una llamada telefónica para decirles nada más que yo estoy bien, “nada más”, les dije.. Ellas aceptaron.“En la siguiente visita, una de ellas me dijo que había llamado al número, que mi familia estaba bien y que mi madre había venido de Paraguay. Yo no quería que mis hijos me vieran preso. Esa fue la razón fundamental por la que yo sabía que iba a intentar fugarme y por la cual me fugué. Al día siguiente, el miércoles en la mañana, vino el médico, y me aseguró que estaba muy bien.
“ El martes 15 de julio decidí que trataría de fugarme. No tenía nada que perder. Cuando me dieran de alta me iban a torturar de nuevo y, si sobrevivía, me presentarían ante un juez militar que de seguro me impondría una pena. Tenía que fugarme”.
Ese día, el paraguayo s fuga. “Me levanté, me puse mis mocasines, (…) y me dirigí hacia la tizanería. Cerré la puerta, abrí la ventana. Allí había un estrecho muy oscuro, como de tres o cuatro metros, que separaba la sala 5 de otra sala. Me puse la túnica y caminé. Me dirigí hacia la puerta de salida más cercana. Caminé como cincuenta metros hasta el portón. Estaban dos soldados de guardia y dije: “soldado, ábrame la puerta, tengo un enfermo grave en la Sala 10 y tengo que ir a traer sangre del sanatorio IMPASA”. Abrió el candado con la primera llave que probó. Le dije “gracias, soldado”. Salí a la avenida “Centenario” y me dirigí hacia la calle Mateo Vidal, cuando llegué a la esquina, me di cuenta de que estaba libre, me quité la túnica y empecé a correr”.
Nuevamente Joel acude a la solidaridad de los compañeros. Les pedió que investigaran en cuál embajada sería más seguro pedir asilo. Venezuela estaba en el primer lugar de la lista y tenía posibilidades de llegar. “Entré a la embajada, que era un caserón grandísimo. Llegué a la recepción y le pedí a la muchacha que me llevara ante el consejero político de la embajada. Le expliqué mi situación al consejero (Dr.Carlos Baptista Olivares). Le dije que fui torturado, que tuve que ser operado y le enseñé mi cicatriz. “Usted no se sacó un diente”, me dijo. Al lado estaba la oficina del Embajador, pero éste ya se había retirado. Aproveché para preguntarle a una secretaria cómo se llamaba el embajador y me respondió que era Julio Ramos. Al enterarse de mi presencia, el doctor Ramos volvió a la Embajada. Vino un funcionario de la Embajada, me llamó por mi apellido y dijo que podía bajar un momento al piso de abajo. Bajé con él, y me llevó a una oficina, que después supe que era el consulado. Allí estaban el consejero, el embajador y el comisario (con otro cana) quien había dirigido mi captura y mi tortura. Raúl Pressa, se llama. ¿Estos hijos de puta serán capaces de entregarme?”, me decía a mí mismo. Me fui directo hasta donde estaba el embajador y le dije: “Doctor Julio Ramos, yo sé que usted es un hombre respetuoso de los Derechos Humanos, por eso vengo a la embajada venezolana a pedir asilo político”. El policía, a dos metros frente de mí, me preguntó “¿así que te escapaste paraguayo?”.Entonces me señaló que en vista de que me había fugado, detuvieron a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. Le dije al embajador que esos señores eran del servicio de inteligencia de la policía política de Uruguay y que yo me encontraba en territorio de la República de Venezuela, por lo que le rogaba que no permitiera que ellos llevaran adelante un interrogatorio. El embajador me dio la razón. El comisario pidió hablar en privado por teléfono con el Jefe de Policía. Al salir, el torturador preguntó al embajador si yo me quedaba allí. El diplomático respondió que sí, que me quedaba bajo su responsabilidad. Allí estuve 53 días. Durante mi permanencia en la embajada de Venezuela, a la cancillería de Caracas llegaron cientos de cartas y telegramas de organismos de derechos humanos internacionales pidiendo me fuera concedido el asilo político”.
El 10 de septiembre de 1975, al amparo del gobierno Venezolano, abandona el Uruguay con su familia y se radica en Venezuela. Un año después, el 28 de junio de 1976 fue secuestrada de esa misma sede diplomática su compañera de militancia la maestra Elena Quinteros, quien posteriormente fue asesinada. A raíz de ese incidente Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Uruguay.
El 10 de septiembre de 1975, al amparo del gobierno Venezolano, abandona el Uruguay y se radica n Venezuela.
“Yo salí de Paraguay a los 29 años. Estuve en Uruguay hasta los 34 años.Durante ese tiempo estuve militando en la causa de Uruguay. En Venezuela creció mi causa, se hizo más latinoamericana”. En 1978 crea Ko'eyú Latinoamericano, una revista de análisis político cultural, la que dirigió por más de 30 años, contribuyendo al debate revolucionario y el conocimiento de la literatura y el arte vinculado a la lucha de los pueblos. Desde las páginas de su Koeyú, denuncia las acciones criminales del imperio contra las naciones, la injerencia de Estados Unidos en América Latina, las crueles dictaduras financiadas por Norteamérica durante la década de los 70 en el marco de la Operación Cóndor. Además de eso, sus páginas eran un canal fructífero para la reflexionaba acerca de la integración latinoamericana, los logros de la revolución cubana a pesar del bloqueo económico y exaltaba las luchas de campesinos del mundo,
En el año 2006 el Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela, le otorgó el Premio Nacional de Comunicación Alternativa y Comunitaria, por la trayectoria de Koeyú y su contribución a la historia latinoamericana. Un año después, el el 2007 se le otorgó a Joel Cazal, la Orden Carmen Clemente Travieso por parte del Instituto Nacional de la Mujer del gobierno de Venezuela.
El 27 de enero de 2010 fallece en Caracas.
Raúl Olivera Alfaro.
Secretaria DD.HH y Politicas Sociales del PIT/CNT
jueves, 28 de junio de 2012
DD.HH. PERRINI Y MECHOSO
DD.HH.- PERRINI Y MECHOSO
Las dilatorias en el caso Perrini
Publicado en Trabajo& Utopia Junio 2012
Qué pena, Que sea así todo siempre, siempre de la misma manera.
León Felipe (1884-1968), Antología rota
Nuevas estrategias orquestadas desde distintos niveles del poder del Estado, intentan estirar en el tiempo nuevos procesamientos de militares por violaciones a los derechos humanos cometidas en la pasada dictadura. No alcanzó que el derecho a la justicia, por más de tres lustros y medio le fuera negado a las víctimas, existen claras intenciones de estirar ese tiempo. Los anuncios temerarios que desde el sistema político se hicieron en un pasado muy reciente, de que ningún militar iría preso, estaba una vez más cuestionado por nuevos procesamientos que alcanzaban, esta veza también a un General hasta hace muy poco en actividad. Las contundentes pruebas acumuladas contra Pedro Barneix, que lo sindican como uno de los principales implicados en el asesinato en el cuartel de Colonia de Aldo Perrini, amenazan una vez más derribar muros de la impunidad, que ponen en situaciones incómodas a quienes pensaron que siempre tendrían la facultad de administrar ese derecho esencial de una .verdadera democracia. Es cierto que no es la primera vez, y seguramente tampoco será la última. Cuando se esperaba que luego de su comparecencia al juzgado de la Dra. Mariana Mota, el general Barneix y los coroneles José Puigvert, José Baudean y Washington Perdomo, fueran procesados por la muerte en la sala de interrogatorios de Perrini, una chicana para dilatar dicho procesamiento y una indebida intromisión de la Suprema Corte de Justicia, parecieron darle ganada una batalla a la impunidad. Al igual que lo hizo Cordero, cuando era indagado por apología al delito, Barneix se refugió en el Hospital Militar, en espera que otros operadores de la impunidad tuvieran los tiempos políticos necesarios para articular estrategias que acudieran a auxiliarlo. Quienes empecinadamente hemos luchado durante tantos años por que se hiciera justicia, sabíamos cuales eran las reglas de juego de una batalla que debe enfrentar al poder del Estado. Apelaciones, recursos varios, presiones indebidas, complicidades varias, omisiones, etc. Siempre existieron intentos de sustracción a la acción de la justicia. Algunos de iniciativa propia de los acusados, otras de un sistema político empeñado en mantener la impunidad. Sin embargo, es difícil entender cómo puede invocarse un recurso contra una resolución que aún no se había dictado. Menos aún que un órgano de la más alta jerarquía del Poder Judicial, intervenga a destiempo, indebidamente y de esa manera se materialice un accionar que en última instancia obstaculice la acción de la justicia. Habrá que seguir estando atentos, para que no se consume una nueva denegación de justicia, y si ello se materializara, seguramente acudir a los organismos internacionales a denunciar esa situación.
Ésta es mi copla, la copla de mi carne, la copla de mi cuerpo. Mas si mis ojos están sucios los vuestros están ciegos.
León Felipe (1884-1968), Del Poeta maldito.
El 14 de octubre de 1976, un integrante de la Prefectura Naval Argentina, observó que unas personas desde un camión, arrojaban bultos a las aguas del canal de San Fernando, en la Provincia de Buenos Aires, y lo denuncia a sus superiores. Al otro día, la Prefectura realiza el rescate de los bultos arrojados la noche anterior. Resultó que se trataba de ocho tambores de 200 litros, cada uno conteniendo un cadáver mezclado con cemento y arena. En total fueron hallados seis cuerpos de sexo masculino y dos de sexo femenino. Todos con uno o dos disparos de arma de fuego en el cráneo. Como era frecuente en esa época, el Estado terrorista asesinaba un día y al otro la burocracia de ese mismo Estado, actuaba cumpliendo las rutinas propias de situaciones normales. Se formó un expediente en el que se registraron los hechos, se tomaron huellas dactilares, se realizaron algunos trámites rutinarios y se sepultaron los cuerpos como “N.N.” en el cementerio de San Fernando. Trece años después, en 1989, ya en democracia, se exhumaron esos restos por parte del Equipo de Antropología Forense Argen¬tino, con el objetivo de lograr su identificación. A partir de que se tenía la fecha cierta del momento en que se habían recuperado los cuerpos del canal de San Fernando, se trabajó sobre la hipótesis de que podrían ser víctimas pro¬cedentes de Automotoras Orletti. A partir de esa hipótesis acertada – todos los cuerpos que posteriormente fueron identificados, habrían pasado por Orletti -,se entrevistó a uno de los sobrevivientes argentinos de dicho centro clandestino. A partir del listado de gente que convivió con el sobreviviente (José Luís Bertazzo) y su cotejo datiloscópico con las huellas de los cuerpos hallados en el canal de San Fer¬nando se logra identificar a cinco de los ocho cuerpos hallados en octubre de 1976. Entre ellos, el de Marcelo Ariel Gelman.1 Sin embargo, pese a las decenas de uruguayos desaparecidos que pasaron por automotores Orletti, recién 23 años después se trabaja sobre esa posibilidad y se llega a la identificación de los restos de Alberto Mechoso. Días pasados, una noticia originada en Argentina daba cuenta que nuevos tachos habían sido hallados en el canal de San Fernando, en los cuales se encontraron restos humanos. Los cuerpos estaban cubiertos con cal y sellados con cemento. Los mismos estarían siendo analizados por el equipo de antropología forense de la provincia de Buenos Aires. El lugar donde se produjo el nuevo hallazgo, es de difícil acceso y, según se indica en la prensa, podría haber otros cinco tachos más que serian investigados en las próximas horas. Este nuevo hallazgo, que al parecer datan de la misma fecha de los que recientemente se logró sa¬ber eran los de Alberto Mechoso, deberá incorporar sin dilaciones el dato importante que entre ju¬lio y octubre de 1976, desapare¬cieron en Argentina más de tres decenas de compatriotas. NOTAS 1 Además a Ricardo Alberto Gaya secuestrado el 30 de julio de 1976, por personal dependiente del Ejército Argentino. Del acta de defunción con fecha 20 de octubre de 1976, surge que el día 9 de octubre de 1976 falleció por destrucción de masa encefálica - herida de arma de fuego. A Gustavo Gaya y Ana María Pérez Sanchez, secuestrados el 14 de septiembre de 1976.
Las dilatorias en el caso Perrini
Publicado en Trabajo& Utopia Junio 2012
Qué pena, Que sea así todo siempre, siempre de la misma manera.
León Felipe (1884-1968), Antología rota
Nuevas estrategias orquestadas desde distintos niveles del poder del Estado, intentan estirar en el tiempo nuevos procesamientos de militares por violaciones a los derechos humanos cometidas en la pasada dictadura. No alcanzó que el derecho a la justicia, por más de tres lustros y medio le fuera negado a las víctimas, existen claras intenciones de estirar ese tiempo. Los anuncios temerarios que desde el sistema político se hicieron en un pasado muy reciente, de que ningún militar iría preso, estaba una vez más cuestionado por nuevos procesamientos que alcanzaban, esta veza también a un General hasta hace muy poco en actividad. Las contundentes pruebas acumuladas contra Pedro Barneix, que lo sindican como uno de los principales implicados en el asesinato en el cuartel de Colonia de Aldo Perrini, amenazan una vez más derribar muros de la impunidad, que ponen en situaciones incómodas a quienes pensaron que siempre tendrían la facultad de administrar ese derecho esencial de una .verdadera democracia. Es cierto que no es la primera vez, y seguramente tampoco será la última. Cuando se esperaba que luego de su comparecencia al juzgado de la Dra. Mariana Mota, el general Barneix y los coroneles José Puigvert, José Baudean y Washington Perdomo, fueran procesados por la muerte en la sala de interrogatorios de Perrini, una chicana para dilatar dicho procesamiento y una indebida intromisión de la Suprema Corte de Justicia, parecieron darle ganada una batalla a la impunidad. Al igual que lo hizo Cordero, cuando era indagado por apología al delito, Barneix se refugió en el Hospital Militar, en espera que otros operadores de la impunidad tuvieran los tiempos políticos necesarios para articular estrategias que acudieran a auxiliarlo. Quienes empecinadamente hemos luchado durante tantos años por que se hiciera justicia, sabíamos cuales eran las reglas de juego de una batalla que debe enfrentar al poder del Estado. Apelaciones, recursos varios, presiones indebidas, complicidades varias, omisiones, etc. Siempre existieron intentos de sustracción a la acción de la justicia. Algunos de iniciativa propia de los acusados, otras de un sistema político empeñado en mantener la impunidad. Sin embargo, es difícil entender cómo puede invocarse un recurso contra una resolución que aún no se había dictado. Menos aún que un órgano de la más alta jerarquía del Poder Judicial, intervenga a destiempo, indebidamente y de esa manera se materialice un accionar que en última instancia obstaculice la acción de la justicia. Habrá que seguir estando atentos, para que no se consume una nueva denegación de justicia, y si ello se materializara, seguramente acudir a los organismos internacionales a denunciar esa situación.
LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RESTOS DE ALBERTO MECHOSO EN LA ARGENTINA.
Ésta es mi copla, la copla de mi carne, la copla de mi cuerpo. Mas si mis ojos están sucios los vuestros están ciegos.
León Felipe (1884-1968), Del Poeta maldito.
El 14 de octubre de 1976, un integrante de la Prefectura Naval Argentina, observó que unas personas desde un camión, arrojaban bultos a las aguas del canal de San Fernando, en la Provincia de Buenos Aires, y lo denuncia a sus superiores. Al otro día, la Prefectura realiza el rescate de los bultos arrojados la noche anterior. Resultó que se trataba de ocho tambores de 200 litros, cada uno conteniendo un cadáver mezclado con cemento y arena. En total fueron hallados seis cuerpos de sexo masculino y dos de sexo femenino. Todos con uno o dos disparos de arma de fuego en el cráneo. Como era frecuente en esa época, el Estado terrorista asesinaba un día y al otro la burocracia de ese mismo Estado, actuaba cumpliendo las rutinas propias de situaciones normales. Se formó un expediente en el que se registraron los hechos, se tomaron huellas dactilares, se realizaron algunos trámites rutinarios y se sepultaron los cuerpos como “N.N.” en el cementerio de San Fernando. Trece años después, en 1989, ya en democracia, se exhumaron esos restos por parte del Equipo de Antropología Forense Argen¬tino, con el objetivo de lograr su identificación. A partir de que se tenía la fecha cierta del momento en que se habían recuperado los cuerpos del canal de San Fernando, se trabajó sobre la hipótesis de que podrían ser víctimas pro¬cedentes de Automotoras Orletti. A partir de esa hipótesis acertada – todos los cuerpos que posteriormente fueron identificados, habrían pasado por Orletti -,se entrevistó a uno de los sobrevivientes argentinos de dicho centro clandestino. A partir del listado de gente que convivió con el sobreviviente (José Luís Bertazzo) y su cotejo datiloscópico con las huellas de los cuerpos hallados en el canal de San Fer¬nando se logra identificar a cinco de los ocho cuerpos hallados en octubre de 1976. Entre ellos, el de Marcelo Ariel Gelman.1 Sin embargo, pese a las decenas de uruguayos desaparecidos que pasaron por automotores Orletti, recién 23 años después se trabaja sobre esa posibilidad y se llega a la identificación de los restos de Alberto Mechoso. Días pasados, una noticia originada en Argentina daba cuenta que nuevos tachos habían sido hallados en el canal de San Fernando, en los cuales se encontraron restos humanos. Los cuerpos estaban cubiertos con cal y sellados con cemento. Los mismos estarían siendo analizados por el equipo de antropología forense de la provincia de Buenos Aires. El lugar donde se produjo el nuevo hallazgo, es de difícil acceso y, según se indica en la prensa, podría haber otros cinco tachos más que serian investigados en las próximas horas. Este nuevo hallazgo, que al parecer datan de la misma fecha de los que recientemente se logró sa¬ber eran los de Alberto Mechoso, deberá incorporar sin dilaciones el dato importante que entre ju¬lio y octubre de 1976, desapare¬cieron en Argentina más de tres decenas de compatriotas. NOTAS 1 Además a Ricardo Alberto Gaya secuestrado el 30 de julio de 1976, por personal dependiente del Ejército Argentino. Del acta de defunción con fecha 20 de octubre de 1976, surge que el día 9 de octubre de 1976 falleció por destrucción de masa encefálica - herida de arma de fuego. A Gustavo Gaya y Ana María Pérez Sanchez, secuestrados el 14 de septiembre de 1976.
miércoles, 18 de abril de 2012
SANGUINETTI EL CONQUISTADOR.
SANGUINETTI EL CONQUISTADOR.
¿Se habrá acordado el ex presidente Julio M. Sanguinetti, en su libro, “La Reconquista” presentado en el día de ayer, de este episodio?
El que relata el hecho es José Luis Guntin, en su libro La vida te da sorpresa, publicado por Fin de Siglo en abril de 2010.
Guntin: fue redactor responsable del semanario Opinar, hombre de confianza del Dr. Enrique Tarigo, senador suplente y sub director del diario El Día. Candidato del partido colorado a diputado en 1994. Director del Canal 5 durante la administración de Sanguinetti.
* * *
Pero la aprobación del plebiscito, y la proximidad de las elecciones nacionales, obligó a realizar al referéndum primero, sin más dilatorias. Sería antes de los comicios internos colorados. Los demás partidos no tendrían elecciones internas.
Es en este momento, que las cosas comienzan a rodar mal para Tarigo.
Sanguinetti, en la imposibilidad constitucional de ser el paladín en contra del “voto verde”, le traspasa esta responsabilidad a quien había sido su compañero de formula. Él sería el vocero del ‘“voto amarillo” en el plebiscito.
En esa condición, grabó cantidad de anuncios hablando a favor de reafirmar la ley que amnistió parcialmente a los militares. De cómo España había perdonado a uno y otro bando para salir del franquismo, y varios otros ejemplos.
Para Sanguinetti era más importante el triunfo en el referéndum que la victoria de Tarigo en las elecciones internas, porque de no lograr lo primero, tendría un enorme problema institucional. Pero ese papel de tener que ser el gran enemigo del voto verde, a Tarigo lo fue desgastando. Los partidarios de anular la Ley de Caducidad lo comenzaron a odiar y esto tendría sus consecuencias en las urnas, en esas internas tan particulares en que podía votar cualquiera, sin importar de qué partido fuese ni los motivos por los cuales lo hacía.
Pero volvamos al plebiscito, en las jornadas previas a la votación. El “voto verde” hacía mucho más ruido y las encuestas indicaban que se
aproximaba peligrosamente a ser la mayoría. Cada día, descontaba diferencia.
Sanguinetti estaba muy preocupado y, cuanto mas inquieto, máas eran los avisos que le hacía hacer a Tarigo.
Las cámaras de Canal 10 siempre se encontraban prontas para filmar por orden de De Feo. Los publicistas asesores eran el gordo Ferrero y Roberto Ceruzzi (de Corporación Thompson), y muchas de las reuniones se llevaban a cabo en la residencia presidencial.
Yo, como hombre de confianza de Tarígo, participé en muchas de ellas.
Y así fueron pasando los días y cada vez se fue acercando más la jornada de la votación.
Lo que les voy a contar ahora, sucedió durante la última jornada en que se podía realizar publicidad, es decir, dos días antes del referéndum.
Esa mañana, temprano, serían las nueve, me llamaron urgente de Presidencia para que concurriera al edificio Libertad. Fui lo más rápido
que pude.
Subí al séptimo piso y en el despacho del presidente estaban, sentados alrededor de la mesa, Sanguinetti, Tarigo, Miguel Ángel Semino, secretario de la Presidencia, Jorge de Feo, el ingeniero Horacio Scheck de Canal 12 y Walter Nessi, prosecretario de la Presidencia.
Los saludé rápidamente, porque imaginé que el tema era grave y urgente para convocamos tan temprano en la mañana.
Apenas terminé de saludarlos, el Presidente me dijo que estaban deliberando acerca de un aviso, un tape, que el día anterior, a última hora, había llegado a los canales proveniente de la Comisión pro Referéndum.
“Queríamos que lo vieras y nos dieras tu opinión”, me dijo Sanguinetti. Le contesté: “bueno”, e inmediatamente salí detrás de Nessi a mirarlo.
Me llevó, yo lo seguía, a una sala repleta de televisores, monitores y aparatos de video. Me senté frente a uno que él me indicó e hizo rodar la
publicidad en cuestión.
Aparecía en la pantalla una señora que inmediatamente reconocí. Era Sara Méndez y en el tape hablaba de su tragedia y la de su hijo, Simón Riquelo, desaparecido años atrás.
Hablaba con mucha calma, mirando a la cámara, y contaba su dolor de madre de no saber dónde estaba su hijo. Y afirmaba que el triunfo del “voto verde” podía ayudar a que lo encontrase, porque las circunstancias de su desaparición se investigarían más a fondo. Y que por eso, ella le pedía a quienes la escuchaban que votaran “verde” el domingo próximo, para que ella pudiera reencontrase con su hijo. Todo dicho de un modo muy convincente.
Le pedí a Nessi que me lo dejara ver varias veces. Lo más impactante del aviso era que, después de hablar Sara Méndez, cuando ella se quedaba callada, la cámara continuaba fumándola unos cinco segundos en silencio.
Su cara, su angustia, sus deseos de recuperar a su hijo, su dolor, estaban todos en esos instantes en que ella no hablaba, pero que seguía en pantalla.
Después de la quinta vez en que lo pasó lo miré y le dije a Nessi: “Está muy bueno”. Entonces, él me dijo que tenía otro proyecto de comercial que quería mostrarme. “Dale”, le contesté.
Ahí me llevó a otro monitor y lo encendió. Comenzaron a aparecer las imágenes y el audio.
Se trataba de otro aviso, no muy acabado. Se refería a la muerte de Pascasio Báez, el peón rural que asesinaron los tupamaros, con total sangre fría, en una “tatucera” cercana a Pan de Azúcar, simplemente porque podía advertir a los uniformados lo que había visto por casualidad.
Pero el spot filmado era largo y confuso. No estaba bien estructurado, y aunque por supuesto eso se podía arreglar, no era un aviso para nada efectivo si se pasaba solamente durante una jornada. El otro, el de Sara Méndez, si.
Se lo dije enseguida al prosecretario. Él quedó un poco desanimado ante mis palabras, porque creía que con este comercial neutralizaría el efecto del otro. Le expresé que, para mí, no sería así. El aviso de Sara Méndez era muy efectivo en un único día de salida al aire, el otro no. No le quise señalar que el suyo estaba confuso y mal realizado, porque ése no era el punto, pero le aseguré que, en mi opinión, era muy superior el efecto de la pieza enviada por la Comisión pro Referéndum. El contraaviso no servia de nada.
Walter me miró con cara de desilusión y me dijo que volviéramos al despacho del Presidente para que yo les expresara mi opinión.
Volvimos. Seguían las mismas personalidades sentadas en torno de la misma mesa. Todas las miradas se centraron en mí, cuando me senté en un lugar libre.
Sanguinetti me preguntó qué me habían parecido ambos video-tapes. Contesté, más o menos, lo que le había dicho a Nessi. Que el de Sara Méndez me parecía muy efectivo, aunque se pasara durante un único día; y que el otro, el de Pascasio Báez, no servía de nada, resultaba muy confuso y que, aunque se mejorara, no tendría efecto alguno en una única jornada de proyección.
Los rostros de todos los presentes se tensaron. ¡Qué problema se les había aparecido el día previo al receso publicitario!
Hubo un minuto de silencio en la sala. Por fin, alguien me preguntó si me parecía que con ese aviso podía triunfar el “voto verde”. Les pregunté qué decían las encuestas sobre la diferencia existente ahora.
“Ganamos por poco”, me contestó alguien. “¿Cuánto es ese poco’?”, repliqué. “Unos puntos”, oí decir.
“Entonces, este aviso puede hacer que gane el voto “verde”, les expresé.
El silencio y los rostros preocupados aumentaron. Lo rompió De Feo, quien le habló directamente al Presidente.
Le dijo que si era así, bastaba una palabra suya para que esa publicidad no apareciese en ninguno de los canales. Lo miró a Scheck, quien asintió. “Hablamos ahora con Hugo Romay y ninguno de los avisos aparece. Podemos argumentar que llegaron tarde a los canales y que ya teníamos las tandas completas”, expresó De Feo entusiasmado.
Sanguinetti lo miró y nos miró a todos con cara preocupada. El silencio se hizo más denso en su despacho. Nadie hablaba. Era el turno de que el Presidente decidiera qué hacer.
Demoró en hablar y, cuando lo hizo, le manifestó a De Feo que sí, que se hiciera así, que no saliese el aviso de Sara Méndez. Lo dijo en tono muy bajo, apenas se oyó, pero sí de forma concluyente.
De Feo inmediatamente se dirigió al teléfono a llamar a Romay y todos nos fuimos levantando de la mesa para retiramos.
Yo estaba impactado por lo que había presenciado. Un presidente constitucional había prohibido una publicidad de la oposición. Sin motivo válido alguno. Sólo para no poner en riesgo el resultado de la votación y salvarse de un grave problema institucional.
Me impresionó mucho, pero me quedé callado.
¿Qué podría haber hecho?, me preguntaba después, cuando me alejaba del edificio Libertad. ¿Decir que era una barbaridad antidemocrática? No me animé. Preferí el cómodo silencio.
Quienes no se quedaron en silencio fueron los perjudicados, los censurados. De lo que voy a contar no fui testigo, pero lo sé por las periodistas de Búsqueda. El día de la prohibición del aviso, concurrieron a este semanario la propia Sara Méndez y el señor Hugo Cores a denunciar lo sucedido. Búsqueda lo consignó y Arbilla denunció ante la SIP esta censura de prensa. Creo que en esos tiempos todos creían que había sido acción exclusiva de los canales privados de televisión. No sabían de la participación directa del presidente Sanguinetti que acabo de relatar.
Tres jornadas después, el “voto amarillo” aventajó al “verde” por un margen no muy grande.
Sanguinetti respiró tranquilo y también todos los que lo rodeábamos. Ahora era el turno de las elecciones internas. En ese momento, tal vez por el triunfalismo reciente, nos parecían a todos fáciles de ganar.
Pero nos íbamos a llevar un chasco".
¿Se habrá acordado el ex presidente Julio M. Sanguinetti, en su libro, “La Reconquista” presentado en el día de ayer, de este episodio?
El que relata el hecho es José Luis Guntin, en su libro La vida te da sorpresa, publicado por Fin de Siglo en abril de 2010.
Guntin: fue redactor responsable del semanario Opinar, hombre de confianza del Dr. Enrique Tarigo, senador suplente y sub director del diario El Día. Candidato del partido colorado a diputado en 1994. Director del Canal 5 durante la administración de Sanguinetti.
* * *
Pero la aprobación del plebiscito, y la proximidad de las elecciones nacionales, obligó a realizar al referéndum primero, sin más dilatorias. Sería antes de los comicios internos colorados. Los demás partidos no tendrían elecciones internas.
Es en este momento, que las cosas comienzan a rodar mal para Tarigo.
Sanguinetti, en la imposibilidad constitucional de ser el paladín en contra del “voto verde”, le traspasa esta responsabilidad a quien había sido su compañero de formula. Él sería el vocero del ‘“voto amarillo” en el plebiscito.
En esa condición, grabó cantidad de anuncios hablando a favor de reafirmar la ley que amnistió parcialmente a los militares. De cómo España había perdonado a uno y otro bando para salir del franquismo, y varios otros ejemplos.
Para Sanguinetti era más importante el triunfo en el referéndum que la victoria de Tarigo en las elecciones internas, porque de no lograr lo primero, tendría un enorme problema institucional. Pero ese papel de tener que ser el gran enemigo del voto verde, a Tarigo lo fue desgastando. Los partidarios de anular la Ley de Caducidad lo comenzaron a odiar y esto tendría sus consecuencias en las urnas, en esas internas tan particulares en que podía votar cualquiera, sin importar de qué partido fuese ni los motivos por los cuales lo hacía.
Pero volvamos al plebiscito, en las jornadas previas a la votación. El “voto verde” hacía mucho más ruido y las encuestas indicaban que se
aproximaba peligrosamente a ser la mayoría. Cada día, descontaba diferencia.
Sanguinetti estaba muy preocupado y, cuanto mas inquieto, máas eran los avisos que le hacía hacer a Tarigo.
Las cámaras de Canal 10 siempre se encontraban prontas para filmar por orden de De Feo. Los publicistas asesores eran el gordo Ferrero y Roberto Ceruzzi (de Corporación Thompson), y muchas de las reuniones se llevaban a cabo en la residencia presidencial.
Yo, como hombre de confianza de Tarígo, participé en muchas de ellas.
Y así fueron pasando los días y cada vez se fue acercando más la jornada de la votación.
Lo que les voy a contar ahora, sucedió durante la última jornada en que se podía realizar publicidad, es decir, dos días antes del referéndum.
Esa mañana, temprano, serían las nueve, me llamaron urgente de Presidencia para que concurriera al edificio Libertad. Fui lo más rápido
que pude.
Subí al séptimo piso y en el despacho del presidente estaban, sentados alrededor de la mesa, Sanguinetti, Tarigo, Miguel Ángel Semino, secretario de la Presidencia, Jorge de Feo, el ingeniero Horacio Scheck de Canal 12 y Walter Nessi, prosecretario de la Presidencia.
Los saludé rápidamente, porque imaginé que el tema era grave y urgente para convocamos tan temprano en la mañana.
Apenas terminé de saludarlos, el Presidente me dijo que estaban deliberando acerca de un aviso, un tape, que el día anterior, a última hora, había llegado a los canales proveniente de la Comisión pro Referéndum.
“Queríamos que lo vieras y nos dieras tu opinión”, me dijo Sanguinetti. Le contesté: “bueno”, e inmediatamente salí detrás de Nessi a mirarlo.
Me llevó, yo lo seguía, a una sala repleta de televisores, monitores y aparatos de video. Me senté frente a uno que él me indicó e hizo rodar la
publicidad en cuestión.
Aparecía en la pantalla una señora que inmediatamente reconocí. Era Sara Méndez y en el tape hablaba de su tragedia y la de su hijo, Simón Riquelo, desaparecido años atrás.
Hablaba con mucha calma, mirando a la cámara, y contaba su dolor de madre de no saber dónde estaba su hijo. Y afirmaba que el triunfo del “voto verde” podía ayudar a que lo encontrase, porque las circunstancias de su desaparición se investigarían más a fondo. Y que por eso, ella le pedía a quienes la escuchaban que votaran “verde” el domingo próximo, para que ella pudiera reencontrase con su hijo. Todo dicho de un modo muy convincente.
Le pedí a Nessi que me lo dejara ver varias veces. Lo más impactante del aviso era que, después de hablar Sara Méndez, cuando ella se quedaba callada, la cámara continuaba fumándola unos cinco segundos en silencio.
Su cara, su angustia, sus deseos de recuperar a su hijo, su dolor, estaban todos en esos instantes en que ella no hablaba, pero que seguía en pantalla.
Después de la quinta vez en que lo pasó lo miré y le dije a Nessi: “Está muy bueno”. Entonces, él me dijo que tenía otro proyecto de comercial que quería mostrarme. “Dale”, le contesté.
Ahí me llevó a otro monitor y lo encendió. Comenzaron a aparecer las imágenes y el audio.
Se trataba de otro aviso, no muy acabado. Se refería a la muerte de Pascasio Báez, el peón rural que asesinaron los tupamaros, con total sangre fría, en una “tatucera” cercana a Pan de Azúcar, simplemente porque podía advertir a los uniformados lo que había visto por casualidad.
Pero el spot filmado era largo y confuso. No estaba bien estructurado, y aunque por supuesto eso se podía arreglar, no era un aviso para nada efectivo si se pasaba solamente durante una jornada. El otro, el de Sara Méndez, si.
Se lo dije enseguida al prosecretario. Él quedó un poco desanimado ante mis palabras, porque creía que con este comercial neutralizaría el efecto del otro. Le expresé que, para mí, no sería así. El aviso de Sara Méndez era muy efectivo en un único día de salida al aire, el otro no. No le quise señalar que el suyo estaba confuso y mal realizado, porque ése no era el punto, pero le aseguré que, en mi opinión, era muy superior el efecto de la pieza enviada por la Comisión pro Referéndum. El contraaviso no servia de nada.
Walter me miró con cara de desilusión y me dijo que volviéramos al despacho del Presidente para que yo les expresara mi opinión.
Volvimos. Seguían las mismas personalidades sentadas en torno de la misma mesa. Todas las miradas se centraron en mí, cuando me senté en un lugar libre.
Sanguinetti me preguntó qué me habían parecido ambos video-tapes. Contesté, más o menos, lo que le había dicho a Nessi. Que el de Sara Méndez me parecía muy efectivo, aunque se pasara durante un único día; y que el otro, el de Pascasio Báez, no servía de nada, resultaba muy confuso y que, aunque se mejorara, no tendría efecto alguno en una única jornada de proyección.
Los rostros de todos los presentes se tensaron. ¡Qué problema se les había aparecido el día previo al receso publicitario!
Hubo un minuto de silencio en la sala. Por fin, alguien me preguntó si me parecía que con ese aviso podía triunfar el “voto verde”. Les pregunté qué decían las encuestas sobre la diferencia existente ahora.
“Ganamos por poco”, me contestó alguien. “¿Cuánto es ese poco’?”, repliqué. “Unos puntos”, oí decir.
“Entonces, este aviso puede hacer que gane el voto “verde”, les expresé.
El silencio y los rostros preocupados aumentaron. Lo rompió De Feo, quien le habló directamente al Presidente.
Le dijo que si era así, bastaba una palabra suya para que esa publicidad no apareciese en ninguno de los canales. Lo miró a Scheck, quien asintió. “Hablamos ahora con Hugo Romay y ninguno de los avisos aparece. Podemos argumentar que llegaron tarde a los canales y que ya teníamos las tandas completas”, expresó De Feo entusiasmado.
Sanguinetti lo miró y nos miró a todos con cara preocupada. El silencio se hizo más denso en su despacho. Nadie hablaba. Era el turno de que el Presidente decidiera qué hacer.
Demoró en hablar y, cuando lo hizo, le manifestó a De Feo que sí, que se hiciera así, que no saliese el aviso de Sara Méndez. Lo dijo en tono muy bajo, apenas se oyó, pero sí de forma concluyente.
De Feo inmediatamente se dirigió al teléfono a llamar a Romay y todos nos fuimos levantando de la mesa para retiramos.
Yo estaba impactado por lo que había presenciado. Un presidente constitucional había prohibido una publicidad de la oposición. Sin motivo válido alguno. Sólo para no poner en riesgo el resultado de la votación y salvarse de un grave problema institucional.
Me impresionó mucho, pero me quedé callado.
¿Qué podría haber hecho?, me preguntaba después, cuando me alejaba del edificio Libertad. ¿Decir que era una barbaridad antidemocrática? No me animé. Preferí el cómodo silencio.
Quienes no se quedaron en silencio fueron los perjudicados, los censurados. De lo que voy a contar no fui testigo, pero lo sé por las periodistas de Búsqueda. El día de la prohibición del aviso, concurrieron a este semanario la propia Sara Méndez y el señor Hugo Cores a denunciar lo sucedido. Búsqueda lo consignó y Arbilla denunció ante la SIP esta censura de prensa. Creo que en esos tiempos todos creían que había sido acción exclusiva de los canales privados de televisión. No sabían de la participación directa del presidente Sanguinetti que acabo de relatar.
Tres jornadas después, el “voto amarillo” aventajó al “verde” por un margen no muy grande.
Sanguinetti respiró tranquilo y también todos los que lo rodeábamos. Ahora era el turno de las elecciones internas. En ese momento, tal vez por el triunfalismo reciente, nos parecían a todos fáciles de ganar.
Pero nos íbamos a llevar un chasco".
sábado, 3 de marzo de 2012
DERECHOS HUMANOS: ENFRENTAR LA IMPUNIDAD FACTICA O INSTITUCIONALIZADA
DERECHOS HUMANOS:
ENFRENTAR LA IMPUNIDAD FACTICA O INSTITUCIONALIZADA.
(Publicado en Trabajo & Utopia marzo 2012)
Desentrañar los desafíos actuales en el campo de la lucha contra la impunidad, hace necesario realizar un detenido y atento recorrido por algunos de los elementos que constituyen la actual coyuntura.
1.- Un ineludible de estos elemento, es la Sentencia, que condenó y ordenó al Estado uruguayo – entre otros aspectos -, que las investigaciones y el juzgamiento judicial de las graves violaciones perpetradas por el terrorismo de Estado, fueran llevadas adelante de manera eficaz y en un plazo razonable. Y, para que esto fuera así, el Estado debía garantizar que la Ley de Caducidad, no impidiera ni obstaculizara la investigación de los hechos y la sanción de los responsables.
2.- Crear las condiciones para que esa orden específica de la Corte IDH, pudiera empezar a cumplirse, dio origen a actos a dos de los tres poderes del Estado: unos a nivel del Ejecutivo y otros a nivel del Legislativo. Por el primero, se dispuso la revocación de todos los actos administrativos y Mensajes del Ejecutivo, que en aplicación de la Ley 15.848 impidieron la acción de la justicia; y por el segundo se sancionó una ley , mediante la cual se reestableció el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado.
3-. De esa manera, podría interpretarse, de que de ahí en más, el sistema judicial era el encargado exclusivo de completar la tarea (desarchivar causas, investigar los hechos y sancionar a los responsables), que si bien la sentencia se lo ordena al Estado en su conjunto, el sistema de división de poderes las fragmenta.. En esa situación, la finalización de la tarea de llevar adelante de manera eficaz y en un plazo razonable las investigaciones y el juzgamiento de los responsables, parece quedar exclusivamente en manos del sistema judicial.
4.-Sin embargo, las declaraciones de prensa de Ariel Castro (nieto del maestro Julio castro), cuestionando fuerte y documentadamente el papel omiso del Estado para asegurar la eficacia de las investigaciones, ponen en cuestión el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Aspecto este, ya alertado por el Dr. Pablo Chargoñia en el Informe de SERPAJ de 2011, cuando advertía: “(…) un riesgo cierto: que la caída de la impunidad legal sea sucedida por otra impunidad, fáctica o institucionaliza, producto de la ineficacia investigativa del sistema judicial o de la falta de colaboración del Poder Ejecutivo en la instrucción de cada asunto. Hablo del peligro de tener expedientes “abiertos” pero investigaciones ineficaces, superficiales o sustancialmente estériles. En este punto, el fallo de la CIDH ordena que se implemente un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces y que se garantice el acceso técnico y sistematizado a la información “de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales”.
”Es habitual que los juzgados carezcan del auxilio informativo de los ministerios. Los oficios demoran en ser respondidos o remiten información superficial. Por otro lado, el número de hechos que deben ser investigados exige una tarea de seguimiento de expedientes que no puede recaer en la actividad de los particulares sino que debe ser asumida por oficinas especializadas del Poder Judicial o del Ministerio Público y Fiscal o por alguna dependencia del Poder Ejecutivo o la aún no integrada Institución Nacional de Derechos Humanos. El Poder Judicial debe guiar y controlar la investigación sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, pero es necesario que el Poder Ejecutivo disponga de una investigación imparcial y eficaz que complemente el trabajo de búsqueda arqueológica y que la oriente racionalmente a partir de la búsqueda activa de la verdad. No se trata de esperar que se aporten datos serios y veraces sino ir a la búsqueda de ellos, mediante indagatorias profesionales y exhaustivas asumidas como deber del estado” .
5.- Esos temores en el caso de las reflexiones de Chargoñia, y las experiencias vividas por la familia del maestro Julio Castro y otras, parecen estar devaluadas a la luz de la enumeración de distintos instrumentos creados o recreados en estos últimos tiempos a la luz de la situación incomoda en que quedo el país a causa de la condena de la Corte IDH: a) a nivel del MERCOSUR se decidió impulsar una comisión conjunta de los estados parte para el esclarecimiento de las acciones del Plan Cóndor ; b) el Poder Ejecutivo resolvió el 31 de agosto de 2011, instalar una Comisión Interministerial sobre Derechos Humanos; c) y también resolvió reforzar las competencias de la Comisión de Seguimiento (ex Comisión para la Paz) integrando en ella un representante de las organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos, designado por el presidente a propuesta de los representados; y finalmente se apresta el parlamento a designar el Consejo Directivo del Instituto Nacional de DD-HH y Defensoria del Pueblo.
6.- Sin embargo, la realidad es o amenaza a ser otra. a) Con relación a las acciones del MERCOSUR, existe actualmente desde 2004 un Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en ese ámbito regional - también conformada por representantes de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -, que poco se ha notado en las políticas públicas de derechos humanos de algunos de los países del bloque . b) Con relación a la instalación de la Comisión Interministerial sobre Derechos Humanos, algunos de los ministerios que la integran – caso Defensa e Interior – es escasa la colaboración que aportan a la hora de atender reclamos del sistema judicial. c) En cuanto a la Comisión de Seguimiento, el PIT/CNT, que sin duda es una de las organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la defensa y la promoción de los derechos humanos, no fue consultada a la hora de designar en ella al representante de las organizaciones de la sociedad civil.
Esa misma Comisión, dice en su memoria anual 2011 : “que profundizó los trabajos tendientes al esclarecimiento sobre la verdad de lo sucedido a los detenidos desaparecidos en el período 1973-1985 que habilite el accionar de la justicia…”, ha mantenido en reserva información muy sensible para la actuación eficaz de la justicia. d) Si bien el proceso de designación de las autoridades del Instituto Nacional de DD.HH, aun no ha concluido, la amenaza que dicho proceso atienda más a un reparto de cuotas políticas que a una autentica representación de las organizaciones mas representativas de la sociedad civil, esta planteada.
7.- Sobre esa realidad, se han desarchivado causas, se han presentado nuevas y se encuentran en elaboración otras nuevas denuncias., Por la antigüedad de algunas de ellas y/o los distintos abogados u organizaciones patrocinadoras de las mismas, y por el total desinterés y desidia del Estado de mantener una información completa sobre ellas, no existe un seguimiento que permita identificar las dificultades concretas en cada caso y accionar ante los instrumentos antes mencionados, con el objetivo de asegurar la eficacia y los plazos razonables.
8.- Por lo expuesto, es importante plantearse desde la sociedad civil instalar un Observatorio sobre el estado del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH con relación a las causas judiciales radicadas ante el Poder Judicial uruguayo. Dicho Observatorio debería tener como objetivo, realizar un seguimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos, con la finalidad de mejorar o perfeccionar su eficacia con relación a garantizar el pleno acceso de las victimas y/o sus familiares en todas las etapas de la investigación y juzgamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos a que se refiere la sentencia de la CIDH. Para ello, se debería realizar una recopilación de toda la información pertinente existente a los efectos de cooperar tanto con los tomadores de decisiones, operadores del sistema judicial, victimas, familiares de victimas y la ciudadanía en general. También, se debería elaborar una serie de indicadores que contextualicen el proceso de desarchivo y estado de las causas judiciales que contribuyen al monitoreo de los resultados del cumplimiento de la sentencia de la CIDH. Los indicadores deberían permitir analizar la evolución de las causas e identificar los diferentes obstáculos o dificultades con el objetivo de procurar su solución.
Raúl Olivera Alfaro
Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT
ENFRENTAR LA IMPUNIDAD FACTICA O INSTITUCIONALIZADA.
(Publicado en Trabajo & Utopia marzo 2012)
Desentrañar los desafíos actuales en el campo de la lucha contra la impunidad, hace necesario realizar un detenido y atento recorrido por algunos de los elementos que constituyen la actual coyuntura.
1.- Un ineludible de estos elemento, es la Sentencia, que condenó y ordenó al Estado uruguayo – entre otros aspectos -, que las investigaciones y el juzgamiento judicial de las graves violaciones perpetradas por el terrorismo de Estado, fueran llevadas adelante de manera eficaz y en un plazo razonable. Y, para que esto fuera así, el Estado debía garantizar que la Ley de Caducidad, no impidiera ni obstaculizara la investigación de los hechos y la sanción de los responsables.
2.- Crear las condiciones para que esa orden específica de la Corte IDH, pudiera empezar a cumplirse, dio origen a actos a dos de los tres poderes del Estado: unos a nivel del Ejecutivo y otros a nivel del Legislativo. Por el primero, se dispuso la revocación de todos los actos administrativos y Mensajes del Ejecutivo, que en aplicación de la Ley 15.848 impidieron la acción de la justicia; y por el segundo se sancionó una ley , mediante la cual se reestableció el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado.
3-. De esa manera, podría interpretarse, de que de ahí en más, el sistema judicial era el encargado exclusivo de completar la tarea (desarchivar causas, investigar los hechos y sancionar a los responsables), que si bien la sentencia se lo ordena al Estado en su conjunto, el sistema de división de poderes las fragmenta.. En esa situación, la finalización de la tarea de llevar adelante de manera eficaz y en un plazo razonable las investigaciones y el juzgamiento de los responsables, parece quedar exclusivamente en manos del sistema judicial.
4.-Sin embargo, las declaraciones de prensa de Ariel Castro (nieto del maestro Julio castro), cuestionando fuerte y documentadamente el papel omiso del Estado para asegurar la eficacia de las investigaciones, ponen en cuestión el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Aspecto este, ya alertado por el Dr. Pablo Chargoñia en el Informe de SERPAJ de 2011, cuando advertía: “(…) un riesgo cierto: que la caída de la impunidad legal sea sucedida por otra impunidad, fáctica o institucionaliza, producto de la ineficacia investigativa del sistema judicial o de la falta de colaboración del Poder Ejecutivo en la instrucción de cada asunto. Hablo del peligro de tener expedientes “abiertos” pero investigaciones ineficaces, superficiales o sustancialmente estériles. En este punto, el fallo de la CIDH ordena que se implemente un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces y que se garantice el acceso técnico y sistematizado a la información “de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales”.
”Es habitual que los juzgados carezcan del auxilio informativo de los ministerios. Los oficios demoran en ser respondidos o remiten información superficial. Por otro lado, el número de hechos que deben ser investigados exige una tarea de seguimiento de expedientes que no puede recaer en la actividad de los particulares sino que debe ser asumida por oficinas especializadas del Poder Judicial o del Ministerio Público y Fiscal o por alguna dependencia del Poder Ejecutivo o la aún no integrada Institución Nacional de Derechos Humanos. El Poder Judicial debe guiar y controlar la investigación sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, pero es necesario que el Poder Ejecutivo disponga de una investigación imparcial y eficaz que complemente el trabajo de búsqueda arqueológica y que la oriente racionalmente a partir de la búsqueda activa de la verdad. No se trata de esperar que se aporten datos serios y veraces sino ir a la búsqueda de ellos, mediante indagatorias profesionales y exhaustivas asumidas como deber del estado” .
5.- Esos temores en el caso de las reflexiones de Chargoñia, y las experiencias vividas por la familia del maestro Julio Castro y otras, parecen estar devaluadas a la luz de la enumeración de distintos instrumentos creados o recreados en estos últimos tiempos a la luz de la situación incomoda en que quedo el país a causa de la condena de la Corte IDH: a) a nivel del MERCOSUR se decidió impulsar una comisión conjunta de los estados parte para el esclarecimiento de las acciones del Plan Cóndor ; b) el Poder Ejecutivo resolvió el 31 de agosto de 2011, instalar una Comisión Interministerial sobre Derechos Humanos; c) y también resolvió reforzar las competencias de la Comisión de Seguimiento (ex Comisión para la Paz) integrando en ella un representante de las organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos, designado por el presidente a propuesta de los representados; y finalmente se apresta el parlamento a designar el Consejo Directivo del Instituto Nacional de DD-HH y Defensoria del Pueblo.
6.- Sin embargo, la realidad es o amenaza a ser otra. a) Con relación a las acciones del MERCOSUR, existe actualmente desde 2004 un Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en ese ámbito regional - también conformada por representantes de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -, que poco se ha notado en las políticas públicas de derechos humanos de algunos de los países del bloque . b) Con relación a la instalación de la Comisión Interministerial sobre Derechos Humanos, algunos de los ministerios que la integran – caso Defensa e Interior – es escasa la colaboración que aportan a la hora de atender reclamos del sistema judicial. c) En cuanto a la Comisión de Seguimiento, el PIT/CNT, que sin duda es una de las organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la defensa y la promoción de los derechos humanos, no fue consultada a la hora de designar en ella al representante de las organizaciones de la sociedad civil.
Esa misma Comisión, dice en su memoria anual 2011 : “que profundizó los trabajos tendientes al esclarecimiento sobre la verdad de lo sucedido a los detenidos desaparecidos en el período 1973-1985 que habilite el accionar de la justicia…”, ha mantenido en reserva información muy sensible para la actuación eficaz de la justicia. d) Si bien el proceso de designación de las autoridades del Instituto Nacional de DD.HH, aun no ha concluido, la amenaza que dicho proceso atienda más a un reparto de cuotas políticas que a una autentica representación de las organizaciones mas representativas de la sociedad civil, esta planteada.
7.- Sobre esa realidad, se han desarchivado causas, se han presentado nuevas y se encuentran en elaboración otras nuevas denuncias., Por la antigüedad de algunas de ellas y/o los distintos abogados u organizaciones patrocinadoras de las mismas, y por el total desinterés y desidia del Estado de mantener una información completa sobre ellas, no existe un seguimiento que permita identificar las dificultades concretas en cada caso y accionar ante los instrumentos antes mencionados, con el objetivo de asegurar la eficacia y los plazos razonables.
8.- Por lo expuesto, es importante plantearse desde la sociedad civil instalar un Observatorio sobre el estado del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH con relación a las causas judiciales radicadas ante el Poder Judicial uruguayo. Dicho Observatorio debería tener como objetivo, realizar un seguimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos, con la finalidad de mejorar o perfeccionar su eficacia con relación a garantizar el pleno acceso de las victimas y/o sus familiares en todas las etapas de la investigación y juzgamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos a que se refiere la sentencia de la CIDH. Para ello, se debería realizar una recopilación de toda la información pertinente existente a los efectos de cooperar tanto con los tomadores de decisiones, operadores del sistema judicial, victimas, familiares de victimas y la ciudadanía en general. También, se debería elaborar una serie de indicadores que contextualicen el proceso de desarchivo y estado de las causas judiciales que contribuyen al monitoreo de los resultados del cumplimiento de la sentencia de la CIDH. Los indicadores deberían permitir analizar la evolución de las causas e identificar los diferentes obstáculos o dificultades con el objetivo de procurar su solución.
Raúl Olivera Alfaro
Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT
viernes, 3 de febrero de 2012
LOS JUICIOS CONTRA GARZON.
LOS JUICIOS CONTRA GARZON.
(Publicado en Trabajo & Utopia de febrero 2012)
La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido.
MILAN KUNDERA.
Por estos días, en España, un magistrado esta siendo objeto de varios procesos penales en su contra. En uno de ellos, por el hecho de haberse declarado competente para investigar los crímenes de la dictadura franquista, desafiando la validez de una ley de amnistía que en 1977 se aprobó para evitar que prosperara cualquier intento de obtener justicia.
Ese magistrado, el Dr. Baltasar Garzón, es aquel al que el movimiento sindical uruguayo acudió hace 13 años para denunciar la coordinación represiva del plan cóndor y encontrar la justicia que en el Uruguay - pese a estar regido por normas del derecho internacional que establecían esa obligación-, la ley de caducidad impedía. Es el mismo juez que poco tiempo después, el 16 de octubre de 1998 emitiera la orden internacional de búsqueda y captura de Pinochet a través de INTERPOL, en momentos en que el ex dictador chileno se encontraba en Londres confiando que otra ley de amnistía lo protegía.
Cierto es que ese acto del movimiento sindical uruguayo - fundamentado en artículos de la Constitución y la ley orgánica del poder judicial español; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones unidas y otras normas del derecho internacional -, fue objeto de incomprensión y ataques varios. Los esperados de la derecha uruguaya, y algunos desde la propia izquierda.
Lo cierto es, que a partir de la detención de Pinochet, se dio un gran paso adelante por parte de la humanidad en la aplicación de determinados conceptos jurídicos existentes en el derecho internacional que ayudaran de ahí en más, a hacer efectiva la lucha de contra las distintas formas de impunidad instaladas en latinoamerica.
En nuestro país, debieron pasar 13 largos años para que se hiciera realidad lo sostenido en el punto VII de la denuncia presentada ante Baltasar Garzón . Mucha agua debió pasar bajo los puentes para que 12 de los 20 militares y policías denunciados en aquel momento, estén hoy entre rejas.
Pero volvamos a lo que nos interesa hoy reflexionar, a propósito del ataque que sufre hoy el Juez Garzón por parte de la derecha española interesada en impedir y escarmentar las eventuales investigaciones sustentadas en la jurisdicción penal universal que afecten a gobiernos que lleven a cabo políticas genocidas .Por un lado, este ataque a Garzón ha reabierto el debate sobre la necesidad de recuperar la memoria histórica sobre la guerra civil, la dictadura y la represión política del franquismo.
Si como dice Kundera, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido, esa batalla se desarrolla en varios escenarios. A veces con el acento en lo político, otras en lo ideológico, otras veces en el terreno judicial, y casi siempre en una clara articulación entre todos esos niveles.
Ese poder desarrollado desde los distintos dispositivos estatales, que enfrentan las sociedades cuando desafiándolo, exigen justicia ante las conductas de los Estados, muchas veces logra sus propósitos de neutralizar cualquier desborde. Lograr reacomodar nuevamente las fuerzas de la sociedad civil, cicatrizar heridas y vencer desánimos ha sido pan de todos los días en estos últimos años. Esa batalla en nuestro país, encuentra claros ejemplos en cualquiera de esos escenarios. Muchas veces esas batallas, produjeron cortes transversales en el sistema político.
La derrota que se sufrió en 1989 en el referéndum tuvo efectos en el tejido social uruguayo y en las organizaciones políticas y sociales comprometidas en la lucha contra la impunidad. El mantenimiento de la ley de caducidad a partir de ese traspié, incorporó a la realidad nacional una lógica que costo mucho superar. Por esa lógica, toda la argumentación de los defensores de la ley de impunidad fue aceptada con casi el mismo valor que la propia ley. Junto al respeto de una ley que siempre fue inconstitucional y violatoria de las normas de derecho internacional, se implantó casi un acatamiento sumiso a todos sus desbordes. Cualquier desafío a esa lógica, fue condenada ferozmente.
Quienes intentaron desmarcarse de esa lógica, fueron objeto de ataques, que si bien no llegaron a los extremos que hoy se le plantean al juez Garzón, es innegable que existieron, en el terreno político, ideológico y en el terreno judicial. Esa lógica, extendida hasta hace muy poco tiempo, ordenó los comportamientos y limitó las iniciativas de acción. En ocasión de defenderse ante los mismos cuestionamientos internacionales a la ley de caducidad que hoy obligaron al Estado a anularla, el discurso desde el poder (Sanguinetti) manifestaba: “No existe instrumento alguno de derecho internacional que consagre la potestad de cuestionar y menos deslegitimar la libre y soberana expresión de un pueblo a través del sufragio”.
Las estrategias de defensa de los derechos humanos durante un largo periodo, confino la lucha en el relamo de la verdad en el marco de una ley que se sabía inconstitucional. Y en el marco de la verdad, en el rescate de los restos de los desaparecidos. El juicio a los responsables quedó fuera de la agenda, en espera de crear las condiciones que hicieran posible avanzar en la justicia. Una verdad que a través del cumplimiento del artículo 4º tenía como límite la voluntad política del poder de gobiernos comprometidos con la impunidad. En esa lucha se reclamaba una voluntad política que debía poner en tela de juicio las conclusiones a que habían arribado los fiscales militares en las primeras investigaciones ordenadas por Sanguinetti al Coronel Sambucetti.
Quienes no supieron ni quisieron ver la importancia del horizonte que se abría con la actuación de jueces como Garzón, tampoco entendieron algunos avances que tempranamente se daban en el pensamiento jurídico nacional a través de la acción concreta de jueces como Reyes, Jubette, Recarey o fiscales como Guianze entre otros.
Entre ellos, también el razonamiento desarrollado en Uruguay por la jueza Beatriz Venturini en un trabajo académico que recogía la experiencia del caso de desaparición de Velázquez Rodríguez, denunciado ante la cidh, y en el cual la reparación incluía, además de la indemnización económica, la obligación del Estado de individualizar a los responsables y aplicar el justo castigo. La reivindicación de la víctima, como parte de la reparación, también quedó, en Uruguay, presa de la voluntad política del gobierno.
Todo indicó durante muchos años, que la impunidad era y sería total.
En algunos casos, se recurrió a la justicia de otros países, ya sea porque las victimas habían sido desaparecidas en el extranjero o por la nacionalidad de las víctimas o por la jurisdicción universal sobre determinados delitos, como en el caso de las denuncias presentadas ante el juez Garzón. Cuando en alguna de esas causas se involucra a Uruguay, el Estado sistemáticamente obstaculizó cualquier iniciativa de cooperación.
UN EJEMPLO.
Quince años atrás, en marzo del 97 una denuncia penal intenta abrirse paso en las pantanosas ciénagas de la impunidad. Se denuncia ante el juez penal de 20º Turno, Alberto Reyes, que el general Ballestrino le había dicho a Rafael Michelini que a los desaparecidos los habían enterrado clandestinamente en el Batallón de Infantería 13 y 14 de Toledo. Que en 1985 o 1986 algunos fueron removidos en la llamada Operación Zanahoria. La denuncia reclamaba una investigación fundada en la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas y el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.
La justicia era llamada a entender en una denuncia relacionada con desapariciones luego de aprobada la ley de caducidad, desafiando los límites que nos había impuesto. La fiscal Merello, es de la opinión de que se requiriera la intervención del Ejecutivo para que este dispusiera las investigaciones, en razón del artículo 4º. Agregaba que si un detenido murió torturado y fue enterrado clandestinamente en un predio militar, el responsable no puede ser castigado. En cuanto a la llamada Operación Zanahoria, insólitamente sostiene que al no estar claro si la misma había ocurrido en el período comprendido en la caducidad (del 27 de junio de 1973 al 1º de marzo de 1985) o posteriormente, eso debería determinarlo el poder Ejecutivo. Ante “un clima de dudas”, era “aconsejable”, según la fiscal, aplicar la ley de caducidad y dejar todo en manos de una decisión política.
El juez Reyes no compartió esa opinión y dispone investigar. Era resolución que desafiaba al poder al no dejar en manos de un Ejecutivo que ya había demostrado su voluntad de no investigar, una decisión de la que dependía que se avanzara en el conocimiento de la verdad.
Valentía del juez era un hecho muy importante, también lo fueron los fundamentos en que fundaba ese desafió: la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición, establecía que la desaparición como un delito extraditable, imprescriptible. De existir dudas interpretativas, según Reyes, no debían resolverse a favor de la ley de caducidad, “de constitucionalidad dudosa”. “(...) lo que importa sustancialmente es solucionar el desfasaje que existe entre la ley y el mundo que rige ahora. Y lo fundamental es que cuando se juzga (...) se haga con verdadero sentido de justicia”. Solo la actuación de la justicia permitirá aclarar en qué fecha ocurrieron los hechos, pues a la justicia le está vedado acudir a una ley “restrictiva del derecho del denunciante para eludir la indagatoria”.
La resolución del juez Reyes motivó, como era de esperar, fuertes cuestionamientos de algunos defensores de la impunidad. Lo inesperado fue que a esos cuestionamientos se sumara un penalista claramente identificado con la izquierda. El juez Reyes, para sus detractores, desconocía la ley de caducidad, pero no por ignorancia, sino porque su visión de la ley de caducidad era enormemente crítica.
El juez no acepta la opinión de la fiscal y mantiene su decisión. El expediente va a un tribunal de apelaciones, y este revoca finalmente la resolución de Reyes, disponiendo el envío de la denuncia al Ejecutivo de acuerdo a la ley de caducidad y el poder Ejecutivo como era de esperar la consideran comprendida en la ley de caducidad y termina allí el intento de sortear el muro de la impunidad. El destino del Juez Reyes, como era de esperar, no fue nada comodo en el Poder Judicial.
No este el único caso de intentos valientes y fundamentados de terminar con las formas de impunidad existentes. Recordemos la batalla de la Jueza Jubete en el recurso de amparo por Elena Quinteros, los esfuerzos contra reloj del Juez Alejandro Recarey, y mas recientemente las campañas contra Guianze, Ana Maria Telecha y Mariana Mota.
Lo cierto es que la lucha del hombre contra el poder, es la lucha de la memoria contra el olvido. Por eso este modesto intento de recordar algunos episodios de nuestro pasado reciente. Para rescatar a los que estuvieron a la altura de las circunstancias y los que prefirieron los halagos del poder.
Raúl Olivera Alfaro
Asesor de la Secrtaria de DD.HH y Politicas Sociales del PIT/CNT
(Publicado en Trabajo & Utopia de febrero 2012)
La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido.
MILAN KUNDERA.
Por estos días, en España, un magistrado esta siendo objeto de varios procesos penales en su contra. En uno de ellos, por el hecho de haberse declarado competente para investigar los crímenes de la dictadura franquista, desafiando la validez de una ley de amnistía que en 1977 se aprobó para evitar que prosperara cualquier intento de obtener justicia.
Ese magistrado, el Dr. Baltasar Garzón, es aquel al que el movimiento sindical uruguayo acudió hace 13 años para denunciar la coordinación represiva del plan cóndor y encontrar la justicia que en el Uruguay - pese a estar regido por normas del derecho internacional que establecían esa obligación-, la ley de caducidad impedía. Es el mismo juez que poco tiempo después, el 16 de octubre de 1998 emitiera la orden internacional de búsqueda y captura de Pinochet a través de INTERPOL, en momentos en que el ex dictador chileno se encontraba en Londres confiando que otra ley de amnistía lo protegía.
Cierto es que ese acto del movimiento sindical uruguayo - fundamentado en artículos de la Constitución y la ley orgánica del poder judicial español; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones unidas y otras normas del derecho internacional -, fue objeto de incomprensión y ataques varios. Los esperados de la derecha uruguaya, y algunos desde la propia izquierda.
Lo cierto es, que a partir de la detención de Pinochet, se dio un gran paso adelante por parte de la humanidad en la aplicación de determinados conceptos jurídicos existentes en el derecho internacional que ayudaran de ahí en más, a hacer efectiva la lucha de contra las distintas formas de impunidad instaladas en latinoamerica.
En nuestro país, debieron pasar 13 largos años para que se hiciera realidad lo sostenido en el punto VII de la denuncia presentada ante Baltasar Garzón . Mucha agua debió pasar bajo los puentes para que 12 de los 20 militares y policías denunciados en aquel momento, estén hoy entre rejas.
Pero volvamos a lo que nos interesa hoy reflexionar, a propósito del ataque que sufre hoy el Juez Garzón por parte de la derecha española interesada en impedir y escarmentar las eventuales investigaciones sustentadas en la jurisdicción penal universal que afecten a gobiernos que lleven a cabo políticas genocidas .Por un lado, este ataque a Garzón ha reabierto el debate sobre la necesidad de recuperar la memoria histórica sobre la guerra civil, la dictadura y la represión política del franquismo.
Si como dice Kundera, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido, esa batalla se desarrolla en varios escenarios. A veces con el acento en lo político, otras en lo ideológico, otras veces en el terreno judicial, y casi siempre en una clara articulación entre todos esos niveles.
Ese poder desarrollado desde los distintos dispositivos estatales, que enfrentan las sociedades cuando desafiándolo, exigen justicia ante las conductas de los Estados, muchas veces logra sus propósitos de neutralizar cualquier desborde. Lograr reacomodar nuevamente las fuerzas de la sociedad civil, cicatrizar heridas y vencer desánimos ha sido pan de todos los días en estos últimos años. Esa batalla en nuestro país, encuentra claros ejemplos en cualquiera de esos escenarios. Muchas veces esas batallas, produjeron cortes transversales en el sistema político.
La derrota que se sufrió en 1989 en el referéndum tuvo efectos en el tejido social uruguayo y en las organizaciones políticas y sociales comprometidas en la lucha contra la impunidad. El mantenimiento de la ley de caducidad a partir de ese traspié, incorporó a la realidad nacional una lógica que costo mucho superar. Por esa lógica, toda la argumentación de los defensores de la ley de impunidad fue aceptada con casi el mismo valor que la propia ley. Junto al respeto de una ley que siempre fue inconstitucional y violatoria de las normas de derecho internacional, se implantó casi un acatamiento sumiso a todos sus desbordes. Cualquier desafío a esa lógica, fue condenada ferozmente.
Quienes intentaron desmarcarse de esa lógica, fueron objeto de ataques, que si bien no llegaron a los extremos que hoy se le plantean al juez Garzón, es innegable que existieron, en el terreno político, ideológico y en el terreno judicial. Esa lógica, extendida hasta hace muy poco tiempo, ordenó los comportamientos y limitó las iniciativas de acción. En ocasión de defenderse ante los mismos cuestionamientos internacionales a la ley de caducidad que hoy obligaron al Estado a anularla, el discurso desde el poder (Sanguinetti) manifestaba: “No existe instrumento alguno de derecho internacional que consagre la potestad de cuestionar y menos deslegitimar la libre y soberana expresión de un pueblo a través del sufragio”.
Las estrategias de defensa de los derechos humanos durante un largo periodo, confino la lucha en el relamo de la verdad en el marco de una ley que se sabía inconstitucional. Y en el marco de la verdad, en el rescate de los restos de los desaparecidos. El juicio a los responsables quedó fuera de la agenda, en espera de crear las condiciones que hicieran posible avanzar en la justicia. Una verdad que a través del cumplimiento del artículo 4º tenía como límite la voluntad política del poder de gobiernos comprometidos con la impunidad. En esa lucha se reclamaba una voluntad política que debía poner en tela de juicio las conclusiones a que habían arribado los fiscales militares en las primeras investigaciones ordenadas por Sanguinetti al Coronel Sambucetti.
Quienes no supieron ni quisieron ver la importancia del horizonte que se abría con la actuación de jueces como Garzón, tampoco entendieron algunos avances que tempranamente se daban en el pensamiento jurídico nacional a través de la acción concreta de jueces como Reyes, Jubette, Recarey o fiscales como Guianze entre otros.
Entre ellos, también el razonamiento desarrollado en Uruguay por la jueza Beatriz Venturini en un trabajo académico que recogía la experiencia del caso de desaparición de Velázquez Rodríguez, denunciado ante la cidh, y en el cual la reparación incluía, además de la indemnización económica, la obligación del Estado de individualizar a los responsables y aplicar el justo castigo. La reivindicación de la víctima, como parte de la reparación, también quedó, en Uruguay, presa de la voluntad política del gobierno.
Todo indicó durante muchos años, que la impunidad era y sería total.
En algunos casos, se recurrió a la justicia de otros países, ya sea porque las victimas habían sido desaparecidas en el extranjero o por la nacionalidad de las víctimas o por la jurisdicción universal sobre determinados delitos, como en el caso de las denuncias presentadas ante el juez Garzón. Cuando en alguna de esas causas se involucra a Uruguay, el Estado sistemáticamente obstaculizó cualquier iniciativa de cooperación.
UN EJEMPLO.
Quince años atrás, en marzo del 97 una denuncia penal intenta abrirse paso en las pantanosas ciénagas de la impunidad. Se denuncia ante el juez penal de 20º Turno, Alberto Reyes, que el general Ballestrino le había dicho a Rafael Michelini que a los desaparecidos los habían enterrado clandestinamente en el Batallón de Infantería 13 y 14 de Toledo. Que en 1985 o 1986 algunos fueron removidos en la llamada Operación Zanahoria. La denuncia reclamaba una investigación fundada en la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas y el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.
La justicia era llamada a entender en una denuncia relacionada con desapariciones luego de aprobada la ley de caducidad, desafiando los límites que nos había impuesto. La fiscal Merello, es de la opinión de que se requiriera la intervención del Ejecutivo para que este dispusiera las investigaciones, en razón del artículo 4º. Agregaba que si un detenido murió torturado y fue enterrado clandestinamente en un predio militar, el responsable no puede ser castigado. En cuanto a la llamada Operación Zanahoria, insólitamente sostiene que al no estar claro si la misma había ocurrido en el período comprendido en la caducidad (del 27 de junio de 1973 al 1º de marzo de 1985) o posteriormente, eso debería determinarlo el poder Ejecutivo. Ante “un clima de dudas”, era “aconsejable”, según la fiscal, aplicar la ley de caducidad y dejar todo en manos de una decisión política.
El juez Reyes no compartió esa opinión y dispone investigar. Era resolución que desafiaba al poder al no dejar en manos de un Ejecutivo que ya había demostrado su voluntad de no investigar, una decisión de la que dependía que se avanzara en el conocimiento de la verdad.
Valentía del juez era un hecho muy importante, también lo fueron los fundamentos en que fundaba ese desafió: la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición, establecía que la desaparición como un delito extraditable, imprescriptible. De existir dudas interpretativas, según Reyes, no debían resolverse a favor de la ley de caducidad, “de constitucionalidad dudosa”. “(...) lo que importa sustancialmente es solucionar el desfasaje que existe entre la ley y el mundo que rige ahora. Y lo fundamental es que cuando se juzga (...) se haga con verdadero sentido de justicia”. Solo la actuación de la justicia permitirá aclarar en qué fecha ocurrieron los hechos, pues a la justicia le está vedado acudir a una ley “restrictiva del derecho del denunciante para eludir la indagatoria”.
La resolución del juez Reyes motivó, como era de esperar, fuertes cuestionamientos de algunos defensores de la impunidad. Lo inesperado fue que a esos cuestionamientos se sumara un penalista claramente identificado con la izquierda. El juez Reyes, para sus detractores, desconocía la ley de caducidad, pero no por ignorancia, sino porque su visión de la ley de caducidad era enormemente crítica.
El juez no acepta la opinión de la fiscal y mantiene su decisión. El expediente va a un tribunal de apelaciones, y este revoca finalmente la resolución de Reyes, disponiendo el envío de la denuncia al Ejecutivo de acuerdo a la ley de caducidad y el poder Ejecutivo como era de esperar la consideran comprendida en la ley de caducidad y termina allí el intento de sortear el muro de la impunidad. El destino del Juez Reyes, como era de esperar, no fue nada comodo en el Poder Judicial.
No este el único caso de intentos valientes y fundamentados de terminar con las formas de impunidad existentes. Recordemos la batalla de la Jueza Jubete en el recurso de amparo por Elena Quinteros, los esfuerzos contra reloj del Juez Alejandro Recarey, y mas recientemente las campañas contra Guianze, Ana Maria Telecha y Mariana Mota.
Lo cierto es que la lucha del hombre contra el poder, es la lucha de la memoria contra el olvido. Por eso este modesto intento de recordar algunos episodios de nuestro pasado reciente. Para rescatar a los que estuvieron a la altura de las circunstancias y los que prefirieron los halagos del poder.
Raúl Olivera Alfaro
Asesor de la Secrtaria de DD.HH y Politicas Sociales del PIT/CNT
martes, 3 de enero de 2012
EL ASESINATO DEL MAESTRO JULIO CASTRO: EL PESO DE LA REALIDAD
EL ASESINATO DEL MAESTRO JULIO CASTRO: EL PESO DE LA REALIDAD..
Publicado l 10-12-2011 en Semanario AREQUITA de Minas
“Para demostrar también, trémula pero inextinguible esperanza, que la justicia llega, aunque las más de las veces, su camino se haga a través de las tumbas y las ruinas”.
CARLOS QUIJANO.
Seguramente cuando Carlos Quijano escribió esta frase, no creyó que ella iba a ser de justa aplicación en hechos que se vincularían, muchos años después, con su amigo y compañero Julio Castro.
Muchas cosas denunciadas hasta el cansancio por las víctimas y las organizaciones de derechos humanos ante la justicia y la opinión pública, necesitaron de la materialización del horror que surge de una tumba, para demostrar que nada de lo que se ha denunciado era una mentira o una exageración. A partir de ahí, solo quedan las ruinas de una versión de nuestro pasado reciente, tozuda y cómplice, sostenida hasta hoy por las fuerzas armadas, y una parte de nuestro sistema político.
El hallazgo de los restos del Maestro y Periodista Julio Castro en un predio de las Fuerzas Armadas y la forma en que fue ejecutado, instalo un nuevo escenario en la larga lucha contra la impunidad en el Uruguay. La contundencia que el hallazgo produjo a todos los niveles de la sociedad, la generalizada condena y el dolor, no deben opacar algunos hechos importantes con relación a las formas en que en nuestro país se han ubicado los distintos actores gubernamentales, políticos y sociales en torno a nuestro pasado reciente. Una vez más, la materialización del horror se hace imprescindible para arrinconar las visiones que desde la teoría de los dos demonios, intentaron instalar en el Uruguay una verdad histórica complaciente y funcional a la impunidad. Una vez más, es desde esa saludable y valiente mezcla de educador, divulgador y luchador social, que Julio Castro nos interroga como sociedad, sobre qué debemos aún hacer para esclarecer todos los detalles de las desapariciones, asesinatos, violaciones y torturas e identificar a los responsables. Como ha dicho el maestro Miguel Soler, hay que restituir a la comunidad nacional desde las entrañas de la tierra y de los archivos d la dictadura, agregamos nosotros, lo que en ella mantienen oculto los criminales. Saber más, acerca del proceso que originó su secuestro, a la torturas de que fue objeto y a su ejecución atado de pies y manos, es el desafió que tienen los poderes del Estado. Desmontar las mentiras y las falsedades, es una obligación ética que nos involucra a todos.
La estrategia de encubrimiento que hasta ahora se desarrollo en el país respecto a los crímenes de la dictadura y sus responsables, a partir de conocerse que Julio Castro, detenido en 1977 en un operativo del Servicio de Información de Defensa (SID), sufrió "apremios físicos" y murió por un disparo en la cabeza, sufrió un duro revés entró en un callejón de dificil salida ;.
En ese escenario, más allá de matices o de intenciones, se deben explicar las aparentes unanimidades de diversos actores políticos, sociales e institucionales en torno al tema. Difícilmente podría plantearse, otra alternativa.
Entre ellas se encuentran las vertidas el 5 de diciembre por el jefe de la fuerza de tierra, general Pedro Aguerre. En dicha oportunidad, el jerarca militar manifestó que estaba abocado a manifestar un punto de inflexión, por el peso de la realidad. Podemos otorgarle a un individuo – en este caso al Jefe del Ejército-, el beneficio de la duda sobre el efecto que le pudo producir la confirmación de lo que desde hace muchos años se viene denunciando sobre la actuación de la dictadura. Pero no es admisible para una institución como el Ejército que hasta hoy a operado con una inflexible política de respaldo y reivindicación de su actuación.
Dijo el Jefe del Ejército, que el cuerpo que él comanda no es una horda, malón o algo similar. Queremos creer que para el Gral. Aguerre, ese Ejercito que cometió los delitos por los cuales algunos de sus autores materiales están presos, fue una horda, malón o algo similar. Por eso resulta llamativa la adhesión que los centros sociales que agrupan a quienes integraron esa horda o malón, expresaron a las manifestaciones de Aguerre.
El Ejército Nacional hasta hoy aceptó, toleró, y encubrió a homicidas o delincuentes en sus filas, por esa razón es de recibo aceptar que existe un punto de inflexión, si eso deja de ser así. Los hechos serán, una vez más lo que probaran la veracidad y consecuencia de los dichos que hubiera sido saludable que hubieran existido hace muchos años atrás.
La comunidad educativa nacional y latinoamericana, los periodistas, sin duda tendrán un papel muy importante a la hora de saldar cuentas, tanto con respecto a lo que Julio Castro representó en esas tres actividades de su vida: maestro, periodista, luchador social y político contra la dictadura. Muchos uruguayos deben sentirse al igual que lo dice el también maestro Miguel Soler “deudor de sus múltiples enseñanzas”.
HUGO CORES, EL LEGADO DE SU ACCIÓN.
HUGO CORES, EL LEGADO DE SU ACCIÓN.
Publicado en sparata de cuadernos de Copmpañero. dic 2011.
UNO.
Por estos días se cumplieron 5 años del fallecimiento de Hugo Cores. En estos 5 años han ocurrido – entre otros -, dos hechos importantes para la vida política del país. A que esos dos hechos ocurrieran, Hugo sumó sus esfuerzos de militante político, en tanto que ambos son el resultado de un largo proceso colectivo de acumulación.
Nos referimos al hecho de que el Frente Amplio por segunda vez desarrolla su gestión al frente del gobierno nacional; y a que recientemente el Frente Amplio tomo la decisión – largamente postergada -, de empezar a poner fin definitivamente mediante la aprobación de una iniciativa parlamentaria, a una cultura de impunidad impuesta por la existencia de la ley de caducidad.
La importancia de ambos hechos – la continuidad de un gobierno de izquierda y la eliminación de los efectos de la ley de caducidad -, fueron objeto de múltiples artículos de Cores.
Rescatar su pensamiento en torno a estos dos aspectos, de quien fuera durante la mayor parte de la vida política del Partido por la Victoria del Pueblo, su principal figura, hace necesario usar sus propias herramientas teóricas. No se trata de imaginar lo que Hugo pensaría hoy sobre estos temas, sino de pensarlos nosotros, a partir de las herramientas que su legado nos dejo. No como moldes en los que meter la realidad, sino estructuras de pensamiento para captar la individualidad de cada desafío.
Desde esa perspectiva, rescatar el accionar de una herramienta política como lo es un partido, implica una reflexión que para ser sería, no puede dejar de plantearse una serie de cuestiones. En primer lugar, hay que plantearse un problema de definiciones: ¿Cuales fueron los objetivos que se plante la izquierda cuando se plantea la conquista del gobierno? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea con relación a la lucha contra la impunidad, cuando lleva a cabo – desde donde pudo hacerlo mucho antes -, una iniciativa que lo ubica donde hasta hace muy poco no quería estar?
En segundo lugar, hay que planearse un aspecto que tiene que ver, con el desarrollo, la trayectoria, el perfil histórico que ambos temas habían adquirido para los distintos niveles presentes en la fuerza política (personal de gobierno, militantes, adherentes o simples votantes ocasionales).
En tercer lugar, hay una cuestión estrictamente política, que podría sintetizarse en esta interrogante ¿Qué interés político tiene para una fuerza política como el PVP, una reflexión sobre estos aspectos? ¿Hay enseñanzas que nos pueden servir para resolver con menos traumas, las políticas de acuerdos, las alianzas o los simples acuerdos electorales?
DOS.
El problema de las definiciones, adquiere fundamental trascendencia habida cuenta, que la conquista del gobierno y lucha contra la impunidad fueron presentadas en los debates ntre distintas concepciones, como aspectos excluyentes, sobre este aspecto, los debates del Congreso Alfredo Zitarrosa, son una muestra. Y sobre todo, porque el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, obliga a la izquierda, a asumir un rol no querido por sectores mayoritarios del Frente Amplio.
No es un hecho a no tener en cuenta en este aspecto, las manifestaciones de importantes figuras del primer gobierno de la izquierda qu aseguraban “que ningun militar iba a ir preso”.
El segundo aspecto que se refiere al perfil histórico que adquirió esa supuesta contradicción entre ganar el gobierno y afectar intereses poderosos alineados en las distintas variantes de las políticas de impunidad que transitó el Uruguay, se demostró como parte de una política que no supo incorporar la totalidad de los elementos del escenario político, para adecuar sus comportamientos políticos en torno a él.
Y finalmente, la posibilidad de desarrollar una política de acumulación que sin duda fue eficaz, es nada se vio menguada o disminuida por los acuerdos electorales que el PVP habían establecido. Es más, hasta podría afirmarse sin temeridad, que sin esos acuerdos que en estos temas generaban y generan dudas y dificultades, la eficacia del resultado final tendría otros acentos y dimensiones.
TRES.
Un partido que se precie como tal, tiene la obligación de hacer que sus militantes no vivan la política en términos tales que ella implique una aversión a las alianzas, a la construcción de programas a corto, mediano o largo plazo, en el que puedan confluir otros.
En unas reflexiones autocríticas sobre nuestra actividad en los años 70, Hugo marcaba la dificultad para un partido como lo es el PVP, el no estar “lo suficientemente activos para tender lazos de unidad con gente que estaba en posiciones muy parecidas a las nuestras”, y el no tomar “la iniciativa para gestar procesos de unidad”, cuando “había condiciones para gestar niveles de unidad”.
Sin duda, que el largo proceso de acumulación que implico el ir avanzando en un terreno cargado de dificultades y visiones políticas, muchas veces muy enfrentadas. Hizo imprescindible tener en cuenta esas visiones en torno a los procesos de acumulación vinculados estrechamente con la gestación de procesos dinámicos de unidad de acción.
Hugo perteneció a una organización política con una historia que sin duda, nos marcara para siempre. Sin embargo, no fue ni es el PVP, el partido de los desaparecidos. Al respecto, Hugo tenía claro cual era nuestro atributo, nuestro acervo. El pasado, la historia de su organización política, no se originaba en una victoria, “sino algo muy parecido a una victoria; que era una derrota. Una derrota en términos extremos, cuando aspiraste a todo, hiciste un análisis del conjunto de la situación nacional y regional, organizaste un partido y le diste una línea de acción, y te derrotaron, te mataron a los principales dirigentes, a buena parte de los cuadros”.
Para Hugo, esa historia trágica y dolorosa dejo un saldo. Citando a Hobsbawm Hugo decía “que muy a menudo las visiones de los derrotados se aproximan más al análisis verdadero del curso de los hechos que el análisis de los vencedores. Porque los vencedores tienden a minimizar sus errores; en cambio los derrotados sienten la necesidad de sacarle el mayor partido en materia de enseñanzas a sus errores”.
Esta comunidad política, como solía denominar al PVP, que tenía un mismo programa y una misma línea de acción táctica, debía ser también “una comunidad afectiva nacida del sentimiento de injusticia que significó el asesinato casi masivo de los compañeros”.
Que así sea.
UN BALANCE PROVISORIO.
Derechos Humanos:UN BALANCE PROVISORIO.
Publicado en Trabajo y Utopia de diciembre de 2011.
La sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman Vs Uruguay, determinó en febrero de este año, que se debían eliminar los obstáculos interpuestos por la ley de caducidad, que impedían la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos. A partir de ello, el Estado debió entender y actuar en consecuencia para que los resultados o efectos de la aplicación de la ley de caducidad fueran nulos, y carecieran de efectos jurídicos.
A la luz de los comportamientos políticos e institucionales ocurridos hasta la reciente aprobación de la ley 18.831 del 27 de octubre de 2011, eso pareció que costara ser valorado en su justo término por gran parte del sistema político. Dicho de otro modo, no todos los órganos del Estado uruguayo tuvieron una actitud activa y diligente para acatar y aplicar esa inapelable y obligatoria sentencia.
A pesar de que puede ser de recibo el argumento de que la contundencia y claridad de la sentencia de la Corte IDH, hacia innecesario que el parlamento determinara que la ley de caducidad era nula o carecía de efectos jurídicos, porque eso ya lo determinada la Corte Interamericana, en realidad la omisión de actuar del Poder Legislativo, respondía a otras razones. Falta de voluntad política para recorrer un camino que replanteara el debate en los términos que hicieron abortar la iniciativa de la ley interpretativa. Sin entender que todos los debates y dilemas sobre nuestro pasado reciente, estuvieron pautados entre las disyuntivas entre impunidad o justicia.
La discusión del proyecto de ley interpretativa, que sin duda de haber sido aprobada, nos hubiera dejado en mejores condiciones jurídicas y políticas para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, instalo a partir de su fracaso, un escenario que pese a algunos contados esfuerzos desde dentro de la fuerza de gobierno, contaba con no pocas dificultades para ser revertido.
Hubo quienes congelaron ese escenario y definieron no hacer nada; quienes no creyeron en la posibilidad de revertirlo y se paralizaron en el desanimo, y muy pocos que no se resignaron.
La sociedad civil, organizada tras una iniciativa del PIT/CNT, opero sobre ese escenario negativo y desfavorable, intentando y por momentos lográndolo, instalar otros ejes del debate. Es decir ubicar la disyuntiva sobre la voluntad política para cumplir la sentencia de la Corte IDH y lo que debían hacer TODOS para ello Desde esa predica, le recordó al sistema político y a las instituciones del Estado, que lo que sí había ordenado hacer la Corte a todo el Estado era que se debía asegurar que los efectos originados por la aplicación ilegítima de la ley de caducidad, no podía seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos y el castigo de los responsables (Prescripción, cosa juzgada, irretroactividad de la ley penal, etc.).
Esta situación instalada formalmente en Uruguay, a partir de febrero, no debió sorprender al Estado y al sistema político. La Corte Interamericana ya había sentado jurisprudencia en otros casos similares ( Perú, Chile y Brasil). Y en uno de ellos, (el caso Barrios Altos), el gobierno de Fujimori en un intento de no aplicar lo ordenado por la Corte IDH, solicito ante la Corte Interamericana una interpretación de la misma y esta le respondió que "La promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convención constituye una violación de ésta y genera responsabilidad internacional del Estado”. En consecuencia, la Corte consideraba que, dada la naturaleza de la violación constituida por las leyes de amnistía dictadas por el Perú, “lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generales."
De lo expresado, debería haber sido entendido, como que contrariamente a las posibilidades que tiene la máxima autoridad de Justicia del Uruguay (SCJ), de determinar que en un caso concreto que la ley es inconstitucional y por lo tanto carece de efectos jurídicos, la Corte Interamericana si puede determinar su carencia de efectos jurídicos en términos generales. Por lo cual debío entenderse que la Sentencia de la Corte IDH, tenía efectos generales. En conclusión, a partir de la notificación al Estado uruguayo de la citada sentencia, los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley de caducidad, carecían de efectos jurídicos y era nula .
Y por su lado, también la SC de J de Uruguay había llegado a la misma conclusión, aunque no pudo hacerlo con efectos generales, sino en cada caso en particular ( lo hizo ya en más de una veintena de casos).
Ubicadas en torno a la acción del Poder Judicial, la posibilidad de que existan diversas interpretaciones de las obligaciones internacionales del Uruguay, era importante la existencia de una norma que contribuyera con eficacia a homogenizar esos comportamientos a la hora de cumplir con los deberes que en forma perentoria debía encarar y resolver el país.
Eran cada vez más evidentes las dificultades y demoras existentes a todos los niveles, en disponer las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Sentencia.
El Ejecutivo no definía la forma de dejar sin efecto las resoluciones administrativas que en el pasado comprendieron denuncias en la ley de caducidad. No se habían realizado las comunicaciones formales a todos los poderes del Estado y por lo tanto ni los parlamentarios, ni los jueces, ni los fiscales tenían conocimiento de la misma y actuaban en consecuencia a lo que ella obligaba. La fuerza de gobierno, luego de la experiencia del fracaso de la ley interpretativa omitía realizar cualquier iniciativa a nivel parlamentario, si no se contaba con el aval previo del Presidente de la República. Las declaraciones desde el Poder Ejecutivo no alentaban un encare serio y eficaz con relación al cumplimiento de la Sentencia. Y por último se producían pronunciamientos de tribunales que ponían en cuestionamiento qué posición se asumiría a partir del vencimiento de los plazos de prescripción de los homicidas especialmente agravados.
En ese escenario se transformó en un aspecto de fundamental importancia, el agrupamiento de organizaciones sociales expresando un posicionamiento unificado de la sociedad civil . La elaboración de un borrador de proyecto de ley , sustentado en ese agrupamiento, se constituyo en un Programa de acción que fue acumulando fuerzas y produciendo efectos a todos los niveles.
El dar la batalla para lograr el objetivo de esta etapa - cumplimiento cabal de la sentencia de la CIDH, como parte de la lucha contra la impunidad-, implicaba modificar una correlación de fuerzas dentro de la propia fuerza de gobierno, A los esfuerzos que sin duda desarrollaban sectores hasta ese momento minoritarios dentro de la fuerza de gobierno, se sumo la acción de la sociedad civil que fue dotándose de dos elementos importantes y decisivos: un programa que se expresaba en el proyecto de ley, y un núcleo de fuerzas sociales atrás de él, que se acrecentaron a partir de posicionamientos de actores políticos, institucionales, de medios de prensa, de operadores del sistema judicial, de opinión pública.
Pero el resultado final, con los apresuramientos de último momento se jugó en la cancha política (FA) y en lo institucional (gobierno). Si bien es cierto que la eficacia de una lucha como esta, necesariamente implicaba tener en cuenta todos los escenarios y tratar de incidir en ellos, también es cierto que esa interacción tiene sus límites. Algunos de las propios de las características de los actores (fuerzas sociales unas y fuerzas políticos otros); y otros de las barreras y limitaciones que se imponen por acción u omisión .
Si bien es cierto - que la forma en que se entabló el reracionamiento entre la sociedad civil y las distintas fuerzas políticas, evito que los debates y las discusiones previas al debate parlamentario, se escaparan de los objetivos de las mismas: es decir el cumplimiento de la sentencia y lo que se debería hacer para cumplirla-, también es cierto que la forma y el contenido que finalmente oriento la aprobación de la ley 18. 831, constituyo en ese sentido un claro retroceso.
Evaluar como el Programa inicial por el que se salió a luchar se materializó, hace necesario incorporar los condicionamientos estrictamente políticos y los condicionamientos estrictamente jurídicos. Dicho de otra forma, como las definiciones del sistema político, se transforman en herramientas efectivas y eficaces para erradicar la impunidad. Ese es el resultado que esperábamos y que no admitiría dudas si se hubiera aprobado una ley que pusiera en acento en el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH.
Estamos convencidos que un conjunto de acciones contribuyeron a que el rumbo que finalmente tomó el cumplimiento de la Sentencia de la CIDH, no fuera una simple declaración del parlamento. Si bien es cierto que no hay formulas mágicas, los resultados y la eficacia del camino finalmente elegido, harán necesarios nuevos esfuerzos a todos los niveles. Lo interesante de batallas como esta, es no solo contar con las fuerzas de uno, sino saber recoger y potenciar aquellas que existen en el escenario político, social y académico. Los debates que se debieron dar, obligo a algunos niveles del sistema político y gubernamental, a incorporar el discurso de los derechos humanos y las normas del derecho internacional y so es muy importante. Eso no es poca cosa, en comparación de la situación en que se vivías anteriormente.
Por esa razón, a esta altura de los acontecimientos en la que aun no sabemos la eficacia de esta iniciativa legislativa transformada en ley, debemos estar convencidos que no sería el mismo si no hubiéramos estado y actuado. Habida cuenta de las incomprensiones y timoratos conductas de nuestro sistema político, no es poca cosa haber contribuido sustancialmente a estar en la situación en que estamos.
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