domingo, 2 de noviembre de 2014

2010 Intervencion inicio 6º Conferencia del PVP.

Entre hoy y mañana culminaremos la sexta Conferencia del Partido por la Victoria del Pueblo, una instancia de discusión política. En estas instancias nos faltara la palabra, la reflexión provocativa que solía ofrecernos los aportes de las intervenciones del compañero Hugo Cores.
           
            Por esa razón, antes de dar comienzo a la misma, quisimos en esta breve introducción de bienvenida, realizar también un humilde homenajea Hugo Cores y todos los compañeros que a lo largo de nuestros 35 años de vida política como PVP fueron factores imprescindibles de uno de los atributos de una organización política revolucionaria: su continuidad.

            Lo extrañaremos en estas reflexiones que realizaremos, de la misma forma que sentimos sus ausencias en cada una de las labores políticas diarias que hacemos quienes nos autoproclamamos militantes de izquierda. Pero al igual que lo hacemos siempre, sin duda, que nos imaginaremos que estarán ahí, para ayudarnos a desentrañar los desafíos que implica para una fuerza política asegurar su continuidad.

            Hugo cultivaba y desarrollaba con inigualable persistencia y tesón, arte de la discusión política. Un arte que lamentablemente parece ir muriendo en la izquierda, muy lentamente. El arte de discutir para definir rumbos, para poner en limpio nuestras ideas, puede ser un ritual intimo de una fuerza política, pero no alcanza con ello. Es necesario confrontar con otras visiones para, como decía Hugo, no cocinarnos en nuestra propia salsa.

            Una buena discusión para Hugo, era un espejo en el que podíamos encontrar en ella, las mejores armas para hacer realidad las aspiraciones de libertad, de justicia e igualdad que ya debíamos llevar dentro de nuestros corazones. Una síntesis, un material aprobado, era una guía para la acción, al que debíamos poner mucha cabeza y mucha, mucha alma. Por eso, el loco Duarte repetía que construiríamos un mundo nuevo, porque llevábamos un mundo nuevo en nuestros corazones.

            Sospechamos que esos son bienes cada día más escasos, en un mundo donde el pragmatismo y la improvisación amenazan de instalarse como la Biblia de la acción política.

            Hugo tenía muy claro que los resultados de la acción política improvisada, no debía ser atributo de un partido revolucionario que se precie de tal. También tenia muy claro que no debemos creer que los dirigentes, son una suerte de décimo de la lotería, que están ahí para hacer realidad nuestras ilusiones.

            En las próximas horas, deberemos definir algunos aspectos que orienten nuestra acción política, para que esta no sea improvisación pura, y definiremos que compañeros integraran los organismos de conducción y representación del colectivo PVP.

            Para no cocinarnos en nuestra propia salsa y para cultivar ese arte de la discusión y el intercambio político, hemos invitado a los compañeros que integraran la mesa de debate de hoy sábado.

            Hugo tenía una especial preocupación sobre los destinos de la izquierda a partir de la acentuación por parte de la acción de la derecha de lo que él caracterizaba como “los aspectos persuasivos de la dominación, el componente ideológico orientado a mantener la resignación e incorporar a la izquierda, castrándola, al sistema político”. En ese marco alertaba que en la izquierda seguía sobreviviendo las expectativas en el mensaje moderado, “que no asuste a nadie” y en las posibilidades de “concertación” con algunas fracciones de los partidos tradicionales para realizar “cambios en paz”. Y en ese marco afirmaba en 1989, hace 21 años que “La realidad política muestra, entonces, que hay una especie de crisis de representación en el sentido de que el malestar popular no encuentra canalización adecuada en el conglomerado de izquierda. Esto tiene como resultado lamentable una creciente indiferencia hacia la actividad política, una baja de la militancia y una pérdida del entusiasmo que caracterizaron al FA en otros periodos históricos”.


            Seguramente, el espectro político que expondrá a continuación, nos ayudara e interpretar el desafió que hoy en el 2010 sigue teniendo planteada la izquierda.

domingo, 19 de octubre de 2014

"JUICIOS AL TERRORISMO DE ESTADO.DIÁLOGOS ENTRE EL DERECHO, LA PSICOLOGÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES"

INTERVENCIÓN EN LA JORNADA
"JUICIOS AL TERRORISMO DE ESTADO.DIÁLOGOS ENTRE EL DERECHO, LA PSICOLOGÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES"
DE RAÚL OLIVERA (Observatorio Luz Ibarburu)
 8 de octubre de 2014 Facultad de Derecho

            Hemos elegido como titulo para esta intervención del Observatorio Luz Ibarburu, una interrogante provocativa:¿Para qué sirve la Justicia?, que tomamos de los fundamentos con que la jueza penal de 10 turno concluyó los fundamentos de un dictamen relativo a la prescripción de los delitos del terrorismo de Estado.
            Esperemos que sea lo suficiente provocativo para desafiar las inclemencias del clima electoral y en los que este tema aparece muy poco o casi nada.
            Replantear esa pregunta desde la sociedad civil a los distintos operadores del Derecho apunta a que sea un disparador pertinente para este intercambio, puesto que su respuesta hace a la dimensión de la vida democrática de un país.
            No vamos a incursionar en el análisis jurídico, sin embargo queremos realizar esta anotación. En el Uruguay no ha existido una adecuada relación, ni con la lógica ni con los valores jurídicos que se encuentran en la Declaración de los derechos humanos y la jurisprudencia generada a partir de ella. Los dilemas vividos en el pasado y que aun se manifiestan aunque de manera distinta en el presente para resolver los delitos de lesa humanidad, son una clara muestra de ello.
            En la década de los 80 cuando el Uruguay consideró la constitucionalidad de la ley de caducidad, no encontramos - ni en aquellos que como los entonces Ministros Jacinta Balbela y Garcia Otero la cuestionaron brillantemente, una mención a la normativa internacional ya existente en aquellos años. Ni que hablar en aquellos que sus comportamientos jurídicos los pusieron al servicio de los dictados de la mayoría del sistema político que avasallo sin ningún escrúpulo, la división de poderes.
            Y si como bien dice la jueza de 10º Turno Dra Dolores Sanchez, en las normas del derechos internacional se encuentran los elementos que hacen valer y le dan sentido al derecho, esa relación poco o nada adecuada que padece el Uruguay con las normas del derecho internacional, nos lleva a concluir que durante mucho tiempo la justicia no a estado plenamente y sin matices al servicio del hombre en algo tan esencial como son los derechos humanos.

            Luego de este breve introito, vayamos a otros aspectos sobre los que nos corresponde hablar.
            En la lucha contra la impunidad se torna imprescindible hacer valer aquellas normas del derecho que fueron creadas con el esfuerzo de la sociedad civil, en todos esos años, justamente para impedir su perpetuación. En ese marco y con ese horizonte hemos desarrollado desde la sociedad civil diversas estrategias a nivel político y judicial de acuerdo a los escenarios existentes en los largos años que lleva esta lucha contra la impunidad.
            Cuando la Corte IDH dictó la sentencias del caso Velazquez Rodriguez en 1988, en el caso Blake en 1998, en la Cantuta en 1999, en Barros Altos en 2001 y en el caso de la guerrilla de Araguaia en 2010, intuíamos desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos que se estaban producendo avances sustanciales en América que finalmente deberían producir efectos aquí en el Río de la Plata. Y finalmente cuando se produjo la sentencia del Caso Gelman el 24 de febrero de 2010, eso que intuíamos en aquellos años anteriores, se transformó en la esperanza de que se cerraba en el Uruguay una etapa y abría otra con nuevos desafíos pero con posibilidades ciertas de que se ponía fin a la impunidad consagrada por la ley de caducidad.
            Es a partir de esa situación nueva, que desde la sociedad civil se empezó a articular un nuevo esfuerzo para conjuntar esfuerzos colectivos que permitieran darle continuidad a esa nueva etapa en la que debía transitar el Estado uruguayo. Por eso nos juntamos diversas organizaciones de derechos humanos, con un doble propósito: asegurar que las obligaciones impuestas por la Corte IDH se cumplieran, y al mismo tiempo consolidar un esfuerzo de unidad permanente de aquellos actores sociales que deberíamos tener un rol fundamental en el proceso de justicia que se reabría sobre los hechos del llamado pasado reciente.
            Ese esfuerzo en sus comienzos se artículo sobre la necesidad de impulsar a nivel parlamentario una norma que complementara las obligaciones emergentes de aquella sentencia de la Corte IDH, acotara la posibilidad de su no cumplimiento en forma eficaz, habida cuenta de que visualizábamos la existencia de algunas dificultades jurídicas. Dicho de otra manera, había que dotar al Poder Judicial de una norma que claramente evitara el no cabal acatamiento que Uruguay debía dar a la mencionada sentencia de la CIDH.
La promulgación por el parlamento de esa norma legal - que pese a las innumerables gestiones realizadas desde la soviedad civil -no se concreto de la forma que impulsábamos. Luego de un intento fallido por el no voto de un diputado oficialista (Victor Semproni), se aprobó la ley 18.831 que actualmente la mayoría de la SCJ viene catalogando, parte de ella, de inconstitucional. Pese a que esa norma y la posición mayoritaria de la SCJ sobre ella, pauta aspectos importantes referidos a los actuales dilemas jurídicos e institucionales que debe resolver el Uruguay para no desacatar sus obligaciones internacionales, no nos extenderemos sobre eso que seguramente será encarado por otros panelistas. No obstante queremos recordarles que las organizaciones de derechos humanos ante la promulgación de la ley 18.831 expresamos públicamente que su contenido era de exclusiva responsabilidad del sistema político, y que la formula que habíamos impulsado creíamos que era la más adecuada. No obstante, expresamos que abrigábamos la firme esperanza que la ley que finalmente se aprobó, fuera realmente efectiva para erradicar definitivamente la impunidad. Su no aplicación por la inmensa mayoría de los jueces de primera instancia, empezó posteriormente, a darnos la razón.
            Posteriormente se inicia un lento y titubeante accionar del Estado para cumplir la Sentencia de la Corte IDH, en el que debimos desde la sociedad civil intervenir: para que el Poder Ejecutivo notificara formalmente, por ejemplo, a la Fiscalía de Corte el contenido de la misma.
            Con esa norma y la Resolución del Poder Ejecutivo que dispuso dejar sin efectos los Actos Administrativos de los gobiernos anteriores, podría interpretarse, de que de ahí en más, el sistema judicial era el encargado  exclusivo de completar la tarea (desarchivar causas, investigar los hechos y sancionar a los responsables), obligación que si bien es deber para el Estado en su conjunto, el sistema de división de poderes las fragmenta. En esa situación, la finalización de la tarea de llevar adelante de manera eficaz y en un plazo razonable las investigaciones y el juzgamiento de los responsables, quedó exclusivamente en manos del sistema judicial.
            Resumiendo, el nuevo desafío de esa etapa incorporó activamente al sistema judicial tanto por el desarchivo de antiguas causas y la presentación de nuevas denuncias. Ese escenario ponía en evidencia un problema nuevo, ya no de carácter jurídico, sino de la incapacidad (material y de herramientas institucionales y administrativas) para que el proceso de justicia fuera eficaz.
            En ese escenario, fue que apareció como imprescindible realizar un seguimiento de ese proceso, para que ello nos permitiera detectar las dificultades e impulsar las medidas que fueran necesarias. El PIT/CNT, resuelve en marzo del 2012, facultar a su Secretaria de Derechos Humanos, a crear un Observatorio de las causas judiciales y de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Se apuntaba contribuir a mejorarlas o perfeccionarlas las políticas públicas de manera que garanticen el pleno acceso a la justicia. Era una forma de coperar también, con los distintos operadores  del  sistema  judicial.
            Esa iniciativa de un Observatorio, fue asumida y perfeccionada con el aporte de las organizaciones sociales que actualmente lo componen, de abogados, de las gremiales de magistrados y de fiscales y el asesoramiento de otros observatorios existentes en América (Argentina, Perú y Chile).
            Con algunas informaciones rescatadas de los juzgados y las fiscalías y la existente en la sociedad civil, se conformó una base de datos inicial, que fue puesta en un sitio web de libre acceso (observatorioluzibarburu.org).
            ¿Qué detectamos allí? Que había 24 causas registradas como de DD.HH, que no habían sido desarchivadas a partir de la Resolución del Poder Ejecutivo. Lo denunciamos a la SCJ y esta lo traslado a las Sedes penales. De esas 24, sólo sabemos que 3 fueron ubicadas y desarchivadas.
            Comprobamos nuevamente, que la investigación, el aporte de información, testimonio y el impulso procesal continuba dependiendo casi exclusivamente en los denunciantes y las organizaciones de la sociedad civil, como lo avala el informe del relator especial de ONU Pablo de Greiff.
            La actuación de la sociedad civil al día de hoy es la que sigue asumiendo un rol que le corresponde al Estado. La sociedad civil sigue siendo el principal auxiliar de la justicia.
            Para tratar que el Estado asumiera en parte ese rol, durante más de un año el Observatorio recorrió los despachos de Ministros, de la Secretaria de la Presidencia de la República y de todos aquellos que tienen responsabilidades especificas en estos temas en el Estado, planteando ese problema e impulsando la creación de un Equipo Especial-auxiliar de la Justicia en crímenes de terrorismo de Estado, para que colaborara en forma directa con los operadores jurídicos del Poder Judicial, en todos los casos relacionados con la investigación de crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado
            Finalmente a mediados del año pasado creo dicha Unidad especial, que aun presenta dificultades en su accionar por falta de medios y un uso adecuado por parte del sistema judicial, como también lo expresó recientemente el Relator especial de ONU.
            La estrategia unificada de los abogados de los Centros militares llevando a cabo múltiples acciones de dilación de los procesos, la posición de la mayoría de la SCJ con relación a la ley 18 831 y a la validez general de la sentencia de la Corte IDH, y un porcentaje muy amplio de causas sin abogados de los denunciantes, ponía en evidencia que nos encontrábamos dando una verdadera batalla contra el tiempo. Fallecían los victimarios, las victimas y los testigos. En el caso de los victimarios, eso interrumpía inexorablemente el proceso, y en los otros casos, producían dificultades para el esclarecimiento de los hechos y sus responsables.
            Luego de dos hechos importantes: el traslado de la Dra Mota y los recursos de inconstitucionalidad dictados por la mayoría de la Suprema Corte y algunas posiciones sustentadas por algún fiscal y un par de jueces, se entró en una étapa en que se juntaba una impunidad fáctica por un lado, y la amenaza de otra de carácter jurídico. Eso es evidente: no se han producido avances sustanciales (procesamientos) en algunos casos que ameritan a ello y se han producido sobreseimiento y archivos por prescripción en otros.
            Comn ese panorama, a comienzos de este año, el Observatorio resolvió incorporar a sus objetivos iníciales otro rol: el de asumir un papel activo en las causas.
            Para eso se abocó a la tarea de instrumentar un equipo jurídico que asumiera el patrocinio en aquellas causas que no tenían abogado y coordinara con los pocos abogados que aun actuaban en ese campo.
            Para ese rol, no se podía seguir pensando en el trabajo honorario de profesionales, y en razón de ello el PIT/CNT resuelve aumentar los aportes de sus afiliados para financiar el contrato del Dr. Pablo Chargoñia, para sea el coordinador de un futuro equipo más amplio del Observatorio a partir de que se logren los recursos para ello.
            El 1º de agosto con un plan de trabajo que ustedes podrán encontrar en la carpeta que les hemos entregado y con las limitaciones de la no conformación aún del equipo indispensable para esa tarea, estamos trabajando para conocer en tiempo y forma el contenido y la situación de la totalidad de las causas. Se trata de un universo que originariamente comprendía unas 250 causas aproximadamente, que incluye las causas “no activas” que se encuentran archivadas o en ejecución de sentencia. La razón de listar también esas causas, radica en que en ellas existe información que es relevante a la hora de analizar delitos cometidos por un solo actor, el Estado y por lo tanto insumo importante para la investigación global de las responsabilidades globales del Estado terrorista.
            No exsiste una sistematización de esa información, el Poder Judicial no sabe cuántas causas existen y cual es su situación lo que indica la ausencia de interés de monitorear el cumplimiento o no de las sentencia de la Corte IDH.
            A nivel de la Fiscalia de Corte, la situación es algo distinta, allí se elabora aunque con mucho atraso listados de las causas que tienen los distintos fiscales. El observatorio incorporo un listado de Junio del 2012 y en estos últimos días recibió el último listado completo data de setiembre de 2013. Es interesante anotar que al incorporar esa nueva información a la base de datos, surgen 66 causas al parecer archivadas, ya que no aparecen “activas” en la nómina, ignorándose la razón. Debemos reconocer que días atrás el Fiscal de Corte dispuso a nuestra solicitud una perentoria actualización de esa información y en parte ya la estaremos incorporando.  
            Tambien hace pocos días, gestionamos y logramos un compromiso del Dr. Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia,para logar información de qué causas se encuentran en la SCJ por recursos de Inconstitucionalidad y cuáles han sido resueltas.
            Un ejemplo de la que puede implicar no tener información actualizada, lo vivimos con relación a la causa del asesinato de Roslik radicada en Fray Bentos, que a través de la prensa supimos de su archivo definitivo. Es decir que a partir del mismo, empezaron a correr los plazos para una eventual acción ante la Comisión Interamericana. Y si no se tiene aún los fundamentos y las resoluciones al respecto, resulta difícil articular un accionamiento ante la CIDH.            Este aspecto de tener una información actualizada y útil para el proceso de justicia, es una responsabilidad del Estado, que ha tenido que ser asumida desde la sociedad civil a través del Observatorio Luz Ibarburu.
            Otro objetivo que tenemos planteado, está centrado en conocer las causas que carecen de representación legal. Si como dijimos anteriormente y lo destaco el relator Especial de ONU, las causas han descansado en los esfuerzos principalmente de la sociedad civil, una causa en esa situación es poco lo que avanza. Un relevamiento provisorio de las causas en esa situación y que actualmente están activas, nos indica que el porcentaje es muy alto. Esta información la tendremos sistematizada en los próximos días.
            A partir del trabajo conjunto con el Dr, Pablo Chargoñia actualmente el Observatorio asumió la representación legal de un número importante de causas, realiza el  acompañando a los denunciantes y testigos en las audiencias e impulsa procesalmente las mismas cuando corresponde.
            Otro aspecto es la omisión del Estado en tomar medidas administrativas y/o legislativas que permitan mejorar el tratamiento de las causas. La ya creada Unidad Especial del Ministerio del Interior, esta a nuestro entender desaprovechada, por desconocimiento de su rol y de las posibilidades que puede desarrollar como auxiliar de la justicia.
            Por otro lado, el Estado se comprometió ante la Corte IDH a instalar unidades de apoyos a las fiscalías, sin embargo al día de hoy una iniciativa elevada al Ministerio de Cultura por el Fiscal de Corte para darle el marco legal correspondiente, no ha tenido curso aún y no sabemos la razón. Otro tanto sucede con el tratamiento de los exhortos solicitados a la justicia Argentina, que pese a los acuerdos de cooperación, sufren un tratamiento inadecuado.
            Otro tanto debemos decir del acceso a la información en manos del Estado, existe una política de secretismo hacia las organizaciones de la sociedad civil que poco o nada contribuye a colaborar con el proceso de justicia.
            Resumiendo el Observatorio Luz Ibarburu en la medida que recoge y sistematiza la información sobre las causas por terrorismo de Estado, es algo más que su narrativa , da una interpretación y comprensión de los hechos que ocurren en el proceso de justicia. El resultado no es bueno ni alentador y ello es también parte de la batalla por la verdad de las complicidades y/o omisiones del Estado.    Contrariamente a otras situaciones vividas en la lucha contra la impunidad, la reacción de la sociedad que en parte se materializa en la creación del Observatorio Luz Ibarburu, no es contra una situación desfavorable imperante como cuando se impidió la actuación del sistema judicial, sino de consolidación de un cambio favorable que se manifiesta en la importancia que ha tomado la normativa internacional y la eliminación parcial y aun en debate de las trabas a ese proceso.
            Resolver estos aspectos, es darle una respuesta justa a la interrogante de ¿para que existe la justicia?

Muchas gracias.

lunes, 18 de agosto de 2014

JORNADAS DE TRABAJO: DIALOGO ENTRE LOS ACTORES DE LA REPARACION INTEGRAL.

PONENCIA DE RAUL OLIVERA EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE DD.HH DEL PIT/CNT EN LAS “JORNADAS DE TRABAJO: DIALOGO ENTRE LOS ACTORES DE LA REPARACION INTEGRAL.
4 de Octubre de 2012.

Nos han pedido que respondiéramos a tres preguntas. Previamente queremos realizar unas pequeñas consideraciones.
En nuestro país con relación a acciones efectivas de reparación, por iniciativa propia del Estado – o dicho de otra manera, iniciativas de quien produjo los daños que hay que reparar -, podría afirmarse que es poco lo que se ha realizado en función de la profundidad del daño que el Estado terrorista causo. Poca iniciativa, tarde y a muchas veces a desgana.
Tan tajante afirmación, no impide reconocer que en los últimos años, se han hecho cosas. Se han tomado por parte del Estado, - por lo general obligado por condenas internacionales o por la persistencia de las organizaciones sociales-, algunas medidas tendientes a la Reparación de los efectos de las políticas delictivas que se llevaron a cabo apartándose de las normas del derecho nacional e internacional. Esas políticas, es importante anotar se llevaron a cabo durante el período pre-dictatorial, dictatorial cometiendo aberrantes violaciones a los derechos humanos, y pos-dictatorial llevando a cabo o permitiendo la impunidad.
Sobre la primera pregunta: ¿Qué está intentando hacer hoy en materia de Reparación el movimiento sindical?
Dos cosas a la vez. Tratando de establecer una  articulación entre la resolución de determinados desafíos coyunturales y al mismo momento, reparar y fortalecer el tejido social, la sociedad civil, el movimiento popular.
En ese marco, lo que estamos tratando de hacer con el resto de las organizaciones de la sociedad civil, está íntimamente relacionado con lo que hicimos en la etapa anterior.
Nos referimos a los esfuerzos realizados para lograr que el parlamento dictara una norma legal que otorgara al sistema judicial herramientas eficaces para terminar con la impunidad.
Hoy tenemos planteado el gran desafío de evitar que superada la impunidad jurídica, no terminemos sumergidos en la impunidad fáctica.
Nunca dudamos, y hoy menos que nunca, que sin un movimiento popular fuertemente organizado y comprometido con una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos en su mas amplio espectro, mas allá de que estén reconocidos en las constituciones, convenios y tratados internacionales, esos derechos son letra muerta.
Con ese norte, a partir de esa concepción estratégica fue que en oportunidad del fracaso del primer intento de dictar una norma que permitiera cumplir con la sentencia de la Corte IDH, pusimos nuestros esfuerzos para que el Poder Ejecutivo definiera la forma de dejar sin efecto las resoluciones administrativas que en el pasado comprendieron a las denuncias en la ley de caducidad; se realizaran las comunicaciones oficiales y formales a todos los poderes del Estado de la sentencia del caso Gelman y por ultimo lograr que la fuerza de gobierno, luego de la experiencia del fracaso de la ley interpretativa volviera a asumir la responsabilidad que les correspondía dictando una norma que asegurara la acción de la justicia.
En ese escenario fue de fundamental importancia, el lograr agrupar a las organizaciones sociales en un posicionamiento unificado de la sociedad civil. A partir de ahí, tuvimos los dos elementos imprescindibles de todo proceso de lucha: un programa que se expresó en un proyecto de ley, y un núcleo de fuerzas sociales atrás de él.
Sin embargo – y esa es una de las dificultades a superar -, no existió en los hechos una evaluación colectiva de cómo el Programa que levantamos en la etapa anterior se materializaba en hechos concretos de avances sustanciales en la erradicación de la impunidad.. Lo interesante de batallas como esta, es no solo contar con las fuerzas de uno, sino saber recoger y potenciar aquellas que existen en el escenario político, social y académico
Estamos convencidos que nuestra acción contribuyó a que el rumbo que finalmente tomó el cumplimiento de la Sentencia de la CIDH.
Hoy a partir de un nuevo escenario nos encontramos en los tramos finales de materializar un Observatorio de seguimiento de las causas judiciales de derechos humanos en la que estaremos la inmensa mayoría de las organizaciones de la sociedad civil.
Los acuerdos que nos permiten hoy pensar y sostener que la construcción del Observatorio, es una herramienta que puede y debe contribuir a empezar a erradicar los reductos aun existentes de la impunidad, se construyeron a partir de desentrañar los desafíos actuales en el campo de la lucha contra la impunidad, y llegar a la conclusión de que  era necesario realizar un detenido y atento recorrido por algunos de los elementos que constituyen la actual coyuntura.
Un elemento, de esa coyuntura, es sin duda la Sentencia, que condenó al Estado uruguayo a investigar y el juzgar las violaciones del terrorismo de Estado. Para que eso fuera una realidad, no alcanza que de hayan desarchivado causas, que se hayan removido los obstáculos jurídicos que obstaculizaban la actuación del sistema judicial. Es fundamental, que esa acción del sistema judicial pueda ser llevada a cabo de manera eficaz y en plazos razonables.
Hace pocos días, la consultora FACTUM dio a conocer una encuesta de opinión, en la cual se revelaba un cierto estado de una supuesta “opinión pública”. Entre otros aspectos, con respecto al juzgamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos.
Sabemos que los estados de opinión pública, son muchas veces el resultado de una suerte de manipulación de los medios masivos de comunicación pública, a la que no es ajena la influencia desde los centros de poder político. Y por supuesto, sabemos también, que las conductas políticas, los posicionamientos de la ciudadanía, son en parte una consecuencia de esa suerte de  ese “estado de la opinión pública”.
También es cierto, que la importancia que algún tema tiene en los escenarios políticos, no siempre se corresponde a la importancia que le atribuye esa “opinión pública”. Dicho de otra manera, pese a la manipulación mancomunada de los medios de comunicación pública y de los centros de poder político, algunos temas “escapan” a las intenciones y los pronósticos de los analistas políticos.
Muchas veces el tema de las “violaciones a los derechos humanos”, se diagnostico laudado, cerrado. Otras tantas, se afirmo que ningún militar iría preso por esos hechos. Sin embargo, ese tema ordeno en los últimos treinta años, la agenda política del país y muchos militares violadores de los derechos humanos, han sido procesados y condenados.
Realizadas estas anotaciones previas, pasemos a lo que nos interesaba destacar, en el marco de la identificación de las dificultades que se nos presentan.
Según la mencionada encuesta el tema del juzgamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos, a juicio de la “población” no es uno de los problemas que tiene el Uruguay. Está en el último lugar. Solo un 2% de la población, piensa que ese es uno de los problemas principales que padece nuestro país.
Otra “información” que nos da la mencionada encuesta, es que a partir de un análisis de cómo la población evalúa el desempeño del actual gobierno con relación al juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos, ese tema esta en segundo lugar entre los mejores evaluados (un 58%).
El sentido común, podría llevarnos a pensar, que hay una relación de causa-efecto entre una y otra opinión. Dicho de otra manera, el tema no es un problema del país, porque el gobierno lo esta resolviendo bien.
Pero no hay peor respuesta que aquella a una mala pregunta. ¿El juzgamiento a los violadores a los derechos humanos, es un problema del gobierno? ¿Cuándo a un ciudadano lo interrogan para sacar estas conclusiones, le aclaran que el juzgamiento es una responsabilidad del Estado?
Sin duda que el papel determinante – pero no exclusivo-, de responsabilidad de las políticas de impunidad que imperaron en el Uruguay durante casi 30 años, del Poder Ejecutivo comprendiendo en la ley de caducidad todas y cada una de las denuncias que llegaban al Poder Judicial, le otorga hoy un papel relevante al cambio operado en la administración de Tabaré Vázquez y en otra dimensión al de José Mújica.
Sin embargo, ese reconocimiento – positivo, sin duda-, no debe opacar una realidad. Que la obligación legal de juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos es una obligación global del Estado, y por lo tanto es indispensable una acción proactiva de todos los poderes del Estado. Cosa que percibimos, no existe con suficiente claridad y contundencia.
Dicho de otra manera, no alcanza con que haya desaparecido el impedimento de una norma que obstaculizaba la acción del sistema judicial, si desde esferas del Poder Ejecutivo se ponen trabas, no se accede a los archivos militares o se menoscaba la acción de los jueces cuando ponen ingentes esfuerzos por arrojar luz sobre hechos ocurridos hace tantos años y sobre los que nunca se había hecho nada.
O que el Parlamento sancione leyes, que posteriormente el Ejecutivo no reglamente y sean un simple progreso manuscrito. Tal es el caso de la ley 18.435 que creo el Archivo Nacional de la Memoria en diciembre de 2008, y que al no haber sido reglamentado, es letra muerta.
Sin duda que la materialización en estos próximos días del Observatorio del estado de las causas judiciales sobre violaciones a los derechos humanos por el terrorismo de Estado, permitirá, además, de un conocimiento más acabado por parte de la ciudadanía de los problemas que aún subsisten en torno a la impunidad, las responsabilidades que le caben a cada poder del Estado. Y sobre todo logar que se articulen soluciones adecuadas y eficaces para ellos.
En la medida que nos encontramos en un taller de trabajo, vamos a dar a cuenta de algunas informaciones que ampliaremos en esta misma sala el próximo miércoles 10, con la palabra de Lorena baladini investigadora del CELS de Argentina y el juez de la Corte IDH Alberto Pérez Pérez.
La Sentencia de la Corte IDH ordenó al Uruguay, que investigara las violaciones de derechos humanos, eficazmente, en un plazo razonable, castigando a los responsables y que se quitara todo aquello que lo obstaculizara. Dicho de otra manera que se garantizara el pleno acceso a la justicia.
El inicio del cumplimiento de lo dispuesto por la Corte IDH, ha provocado la  reactivación de antiguas causas que se encontraban archivadas y la  presentación de nuevas denuncias.
Ante el escenario que eso creó, las organizaciones de Derechos Humanos, en el marco de un acuerdo entre el PIT/CNT con el CELS (Argentina) y la Universidad George Mason (EE.UU) en colaboración con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, hemos estado trabajando en la conformación un Observatorio sobre el estado de las causas judiciales por violaciones a los DD.HH radicadas ante el Poder Judicial uruguayo.
¿Con que objetivo? El de realizar el seguimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos, con la finalidad de mejorar o perfeccionar su eficacia con relación a garantizar el pleno acceso de las victimas a una justicia efectiva y el juzgamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
El OBSERVATORIO, intenta ser para las organizaciones de derechos humanos y la sociedad y el sistema judicial, una herramienta para interactuar, en el nuevo escenario que se instalo recientemente en el Uruguay con la sentencia de la Corte IDH. Un nuevo escenario que debe resolverse adecuadamente, terminando con las políticas de impunidad. La existencia de esas políticas, instaladas en el Uruguay a partir de que nuestro sistema político, no quiso o no supo enfrentar hechos muy dolorosos y traumáticos de nuestro pasado reciente, con las herramientas construidas por el derecho internacional, le ocasionaron mucho daño al tejido social y a la institucionalidad democrática. Esas conductas, aun hoy se manifiestan en la ausencia de políticas claras en algunos niveles del Estado. Esos resabios, que aún subsisten, nos planean un desafío jurídico, político y ético, que tiene que ser resuelto adecuadamente. Los más de 30 años que abarcan el periodo analizado en el Observatorio (1981 – 2012), nos brindan  ciertos “datos” que dan cuenta de un largo reclamo de sectores importantes de nuestra sociedad buscando pacifica y sostenidamente restablecer el principio democrático de que todos debemos ser iguales ante la ley. Esos “datos” de una realidad presente, tendrán la responsabilidad de graficar aspectos sustanciales de un prolongado desafió que aun tiene la sociedad uruguaya y frente a los cuales distintos actores estatales y sociales, deberán asumir la responsabilidad de actuar en consecuencia.
Unas ultimas palabras. La palabra observatorio, suele darnos la idea de un lugar desde donde se mira. Para que no sea solo eso, sino un ámbito de propuestas y lucha, le hemos puesto un nombre a ese observatorio, para que no nos olvidemos de que es eso. Lo hemos denominado Luz IBARBURU en homenaje a quien fue ejemplo de lucha.


domingo, 17 de agosto de 2014

Palabras en acto dce homenaje a Hugo Cores- Fundación Vivían Trias-

         Antes que nada quiero agradecer a José Díaz, a la Fundación Vivían Trias, a Luis Vignolo , Roberto Saban, al PIT/CNT por recibirnos en nuestra casa, a Ivonne Trías y Universindo Rodríquez por haber registrado en un valiosos libro la trayectoria y la vida de Hugo Cores que nos a resultado un invalorable aporte.

         Nos pareció que era importante a partir de esta interesante iniciativa de la Fundación Vivían Trias que nos propone reflexionar sobre la actuación y el pensamiento de Hugo Cores, anotar que ella es posible realizarla desde múltiples líneas de análisis. Entre ellas hay dos que nos parecen de fundament importancia

         Una de ellas es la relación de la trayectoria de Hugo Cores y su tiempo. Es decir, las distintas etapas históricas en que trascurrió su vida en sus múltiples facetas de militante libertario, su evolución hacia el marxismo libertario, su condición original de militante estudiantil y posteriormente del movimiento sindical y la de su permanente organicidad en una vertiente política que confluyó en la formación y el desarrollo del Partido por la Victoria del Pueblo.

         En ese sentido, además de lo que desarrolló Sara y Constanza, quiero empezar recordando lo que Constanza escribió en el prologo del libro “Hugo Cores La memoria Combatiente” al respeto:Hugo Cores vivió esta parte de la historia, y reflexionó sobre ella en sus últimos escritos, así como desde su práctica política. Pero estas reflexiones están enmarcadas en un análisis más estructural y de más largo aliento sobre la sociedad uruguaya”.

         La otra línea de análisis, muy necesaria para el qué hacer de hoy, es transitar por algunos de los problemas y desafíos políticos a los que Cores le prestó especial atención.
        
         Cuando decimos que le prestó especial atención - en el caso de una personalidad como la de él-, debemos entender que sobre ellos reflexionó intelectualmente y qué también actuó. En torno a algunos de esos desafíos, han ocurrido en estos pocos años trascurridos desde su temprana muerte, algunas cosas importantes que son una suerte de prueba del nueve para su pensamiento.

         Una lectura de las resoluciones de todos los Congresos del Frente Amplio, de sus plataformas electorales y medidas de gobierno, es posible contactar que la importancia de los derechos humanos articulados sobre los desafíos democráticos y la identidad de la izquierda en torno a ellos, últimamente han tomado un papel preponderante y fuera de discución.

         Eso, salvo en los primeros años de la restauración democratica, era un trabajoso y muchas veces infructuoso esfuerzo.

         Mientras que la línea de análisis que desarrolló Sara (y también Constanza), es fundamental para entender y explicar el desarrollo y la evolución de su pensamiento, esta otra vertiente que intentaremos desarrollar nosotros, es importante para evaluar lo hecho por los dos gobiernos de la izquierda y tener una agenda de lo más rigurosa posible sobre los desafíos que quedaron pendientes.

         Es cierto, que realizar cualquiera de esas dos opciones en profundidad, supera las posibilidades de este conversatorio.
        
         Permítanme decirles que para nosotros, intentar rescatar las claves de su pensamiento y de  su acción política es en primera instancia sentir la profundidad de su ausencia. Lo dijimos ya en otras oportunidades que debimos referirnos a él, que esa reflexión no puede ser un inofensivo e incontaminado ejercicio puramente intelectual. Nace de nuestras perplejidades políticas, de nuestros transitorios desalientos y la necesidad de continuar luchando por las utopías.

Cores al inicio de su libro El 68 uruguayo, trascribe de Prosper Olivier Lissagarat el autor de la “Historia de la Comuna de Paris” esta reflexión.
“Quién entrega al pueblo falsas leyendas revolucionarias, quién lo entretiene con historias melodiosas, es tan criminal como el geógrafo que levantara mapas mendaces para los navegantes”.
         En el libro sobre el 68 uruguayo, Cores analiza los cambios producidos en el Uruguay en el gobierno semi-dictatorial de Pacheco, expresando que esos cambios “constituían un corte profundo en la historia del Estado y de la sociedad uruguaya” que “marcaban definitivamente en fin de una época caracterizada por determinados equilibrios y contradicciones”.
         Es sobre ese corte profundo, desde donde Hugo construyó una línea de acción y reflexión política con algunas características que importa destacar. Cores reflexiona sobre esa encrucijada de los años 60, aclarando que como todo acontecimiento histórico aquel era irrepetible en su contingencia y en su singularidad, pero que sin embargo la acción que en ellas desarrollaron los distintos protagonistas, debian ser valorados en sus aciertos y errores, porque, atrás de ellos existían puntos de referencia teóricos, de concepción política, que era interesante examinar.

En razón de eso que aconsejaba Cores, el preguntarnos hoy ¿qué pensaría él? ,¿Cuál sería su acción política en los desafíos actuales?, puede ser un ejercicio interesante si tenemos en cuenta esa reflexión de alguien que no era solamente un intelectual orgánico, sino también un hombre de acción. Él, los caminos que señalaba, los recorría estando en la primera línea de acción. Por eso el desafío para quienes pretendemos desarrollar una acción de política transformadora de la realidad, es tener en cuenta las herramientas teóricas que nos dejó y con ellas pensar y resolver desde su contingencia y su singularidad, las dilemas actuales.

Para el pensamiento siempre provocador de Cores, la izquierda había empobrece su pensamiento al caer muchas veces en la tentación fácil que le ofrecen ciertos moldes teóricos intocables, fuera de todo cuestionamiento. Esas prácticas, sostenía, conducen indefectiblemente a que cuando la realidad no entra en ellos, en vez de cuestionar esas estructuras de pensamiento, se imagine la realidad política que más le conviene a esos moldes teóricos.

         Cores además de ser un hombre de partido y de un partido que había pagado muy caro algunos de sus errores, sentía la imperiosa necesidad de captar la individualidad de cada uno de los desafíos.
         Hablar de Cores, es entonces rescatar esa preocupación y ese accionar en el marco de una herramienta política, el partido que él contribuyo a fundar y darle continuidad.
A riesgo de ser esquemáticos pero con la intención de no hacer muy extensa nuestra intervención nos referiremos a algunos hechos y los miremos a partir de su pensamiento, de sus preocupaciones políticas.
        
En ese marco se planteaba constantemente la pregunta sobre cuáles eran los objetivos que tenía la izquierda, tanto en su lucha contra la dictadura, a partir de su derrota y de la conquista del gobierno. En torno a esas preocupaciones estuvo siempre presente la importancia que debía jugar la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad.

Desarrollo una intensa actividad en ese sentido, muchas veces contra otros pensamientos y otras prioridades dominantes en la izquierda.
        
Ese aspecto no menor en la trayectoria de Cores y en el aporte conceptual sobre el tema es interesante de profundizar. Para ello en algún momento habrá que  detenerse en el desarrollo, la trayectoria, el perfil histórico que este tema adquirió para el PVP y para las distintos vertientes  de la izquierda uruguaya. Los debates del Congreso Alfredo Zitarrosa, son una muestra de ese problema.

         En una entrevista que le realizaron en el 2006, Hugo relata su llegada a Francia, su denuncia ante el Tribunal Russel en enero de 1976: Allí consigan un aspecto importante y que tiene que ver con ese aspecto a los que él contribuyo. Él consigna que en aquellos momentos La tortura era la principal preocupación que tenían, no se había aún tomado conciencia de que se estaba empezando a emplear la desaparición sistemática de personas. Relata que a partir de una estrecha relación con juristas franceses, italianos, holandeses, belgas y españoles,que tenían que ver con la movida democrática en España, se fue configurando algo que para él fue muy importante, una estrecha relación  con esa gente que sabía de los fundamentos humanistas, ideológicos y jurídicos de la lucha contra el terrorismo de Estado. Cores pone el acento en dos de ellos especialmente, en Lois Joinet un magistrado y Presidente  de la asociación de magistrados de Francia y Jean Luis Weill un abogado de los sindicatos franceses. En ese testimonio dice que esos juristas y especialmente esos dos, fueron los que le ayudaron a él y al PVP a entender  lo que eran los terrorismos de Estado, cómo operaban, etc. Dice que esa relación les había permitido empezar un ciclo de denuncias de denuncias que contribuyó a el aislamiento de la dictadura, al mismo momento que se iban familiarizando acerca de cómo compatibilizar lo que era entonces sus visiones socialistas, libertarias y marxistas con una formulación humanitaria que era una línea de pensamiento de otra , que era otra vertiente de pensamiento. Esa parte del pensamiento que aprendieron en Europa, de Joinet y de Weill venía de un pensamiento de izquierda. Esos juristas no eran, dice Cores, abogados que vinieran de la ideología, del pensamiento burgués, no era un humanismo burgués, era otro humanismo que tenía una raíz libertaria y sindical. Era un pensamiento que tenía mucho que ver con el sindicalismo combativo francés de aquellos años. Eso, sostenía Cores, les había permitido ir elaborando  un discurso que fue desarrollándose después, logrando una coherencia mayor.

         Denunciar todo lo que implicaba el terrorismo de Estado en el Uruguay, que con las primeras denuncias de Enrique Rodríguez Larreta y Washington Pérez, se desnudó como la dictadura había puesto todos los mecanismos del Estado para cometer el secuestro de decenas de integrantes del PVP, y vincularlo a ese desarrollo de aquel pensamiento, contribuyo sin duda a ir aislado a la dictadura y construir un pensamiento, una línea de razonamiento que desde posiciones de izquierda vincula la lucha por los derechos humanos con los desafíos de la lucha democrática. Esa batalla de ideas, hoy ha ido avanzando, pero con dificultades en el terreno político y en el terreno judicial.
         Muchos aspectos de aquella operación criminal del estado terrorista, aun esperan justicia, porqué aún cuesta aceptar por muchos de los que imparten justicia que esa concepción jurídica, ética y política de los derechos humanos se ha internalizado en el mundo.
Se sigue ignorando que en aquellos hechos criminales estaba la marina, el ejército, la aviación, los funcionarios de los aeropuertos, la justicia militar y los servicios de prensa movilizados para darle cobertura a los secuestros, las desapariciones, los traslados clandestino y la tortura.

         Permítanme recordar algo importante para nosotros y seguramente para muchos de los aquí presentes que no podemos omitir al hablar de Hugo Cores. Dentro de dos días, el 26 de julio, se cumplen 39 años de la fundación de la organización política a la que Hugo entrego sus mejores esfuerzos. En aquel 26 de julio de 1975 culminaba un esfuerzo político importante de un grupo de gente, que lejos del país, de sus familias, con decenas de sus compañeros en las cárceles de la dictadura. Se trataba de un esfuerzo pensando para derrotar a una dictadura.
         De ese grupo de entrañables compañeros, Hugo decía que era un grupo humano que tenía influencias ideológicas matizadas y solidaridad personal, incorporándole al juicio político un aspecto que nunca debemos olvidar: eran personas, seres humanos con valores.

         Esa dimensión de lo humano estaba muy presente en el pensamiento de Hugo. Lo estuvo cuando se refería a la influencia determinante que a fines de los años 50 les produjo a él, a Gerardo y otros compañeros la revolución cubana y la presencia en Uruguay de Fidel Castro. Cuando cuenta el acto en la Explanada donde escucharon por primera vez a Fidel, dice que sintieron un impacto profundo, que había sido un acontecimiento impactante desde el punto de vista emocional, y renglón seguido, de la reflexión desde los sentimientos, la la reflexión política cuando dice que en la revolución cubana había una visión distinta a la embotellada por la Union Soviética y que valía la pena seguir pensando sobre eso. En ese  marxismo de la primera etapa de la revolución cubana vimos un marxismo distinto al stalinismo y al pasteurizado de la socialdemocracia europea.

Aun cuando intenta explicar las razones por las que en las condiciones extremas que se vivían en la Argentina, la inmensa mayoría del PVP permaneció en la Argentina hasta su exterminio, Hugo incorporaba el factor humano de esa decisión: Dice que quienes siguieron allí, estaban animados por el impulso emocional  de los compañeros torturados y asesinados y que en ese contexto la carga emocional era muy fuerte y la perentoriedad era actuar, continuar la lucha desde allí.

         Recordar hoy esa fecha, implica para nosotros siempre recordar a los compañeros que no están porque la patota criminal de la dictadura, creyó que eliminando su presencia física tan cargada de significados, instalaba en aquellos momentos y los del futuro, el miedo y la derrota.

         Sin embargo están presentes con ese ejemplo de vida y de muerte, tan necesario tener en cuenta en estas épocas, a veces, poco propicias para abordar en su justo término el pesado pasado de nuestra historia.

         Evocar a los compañeros que cayeron en ese compromiso que no tuvo más límites que su entrega total, era para Hugo una obligación que siempre le causaba un hondo y profundo dolor. Y porque no tuvo límites, Hugo siempre los tenía presente. Presentes en la renovación del compromiso que siempre mantuvo en cada una de los desafíos que debió enfrentar en su luchan por un mundo nuevo,

         Este modesto pero importante acto de juntarnos para reflexionar o recordar juntos, o simplemente para sentirnos juntos a la figura de Hugo Cores, debe ser un acto de comunión que siempre es imprescindible establecer con nuestra mejor historia.

         El hablar, el poder mirarnos a la cara, el no renunciar, el mantener la mira en alto y el soñar con la utopía, siempre fue para Hugo y debe ser para nosotros el más íntimo y sentido homenaje que podemos brindarle a él y a todos los compañeros- que nos precedieron y nos dejaron una bandera bajo la cual ondear nuestras esperanzas.

         Hugo perdió muchas batallas, la de la asamblea constituyente y la ruptura democrática de la salida de la dictadura, la de la oposición al Pacto del Club Naval y otras.

         Pero también gano otras muy importantes, entre ellas contribuyó a que la operación  para que no se revisara el pasado fracasa.

         Desde la organización política de la que fue durante muchos años, hasta su temprana muerte, su secretario general, quiso seguir mirando el pasado, porque quería ver el presente y poder pensar el futuro de victoria.

         Esas son aún hoy las dimensiones de sus luchas y su pensamiento. Esas son las banderas que siguió levantando con dignidad y con argumentos, aún en periodos- a veces más largos que los deseados y recomendados para la salud democrática  en el Uruguay.


         Siempre, cual profunda e incontenible corriente subterránea, el ejemplo de Hugo será uno de los modestos cauces por donde irrumpirá e inundara a la sociedad los anhelos más profundos de justicia.

EL CIPRES Y EL JAZMIN JAPONES.

EL CIPRES Y EL JAZMIN JAPONES.

               

Seguramente en busca del sol o simplemente para alcanzar los 6 metros que puede llegar a crecer, el Jazmín japonés trepó por el el ciprés. Quien mira de lejos, se asombrara que un ciprés este poblado de flores amarillas. Si el espectador es un carbonero, seguramente atribuirá el fenómeno a la goleada del último fin de semana.
                Mientras duren las flores del jazmín, será un lindo espectáculo que se extenderá con mucha suerte, desde fines de abril hasta los últimos días de mayo. Casi que, cuando tengan lugar las elecciones internas de los partidos en el Uruguay, aunque ya algo marchitas, se podrá apreciar ese espectáculo multicolor.
                El lector, adelantándose a mi intención, podrá pensar que es una alusión a la disputa entre Tabaré y Constanza en esas internas, y seguramente identificará al ciprés-Tabaré y el jazmín-Constanza.
                Lamento desilusionarlos, pero no es ese el rumbo de mis elucubraciones político-florales.
                Si fuéramos agentes inmobiliarios y pretendiéramos vender el predio donde conviven tan armoniosamente el ciprés y el jazmín, diciendo que el primero florece, seguramente estaríamos pretendiendo engañar a algún promitente comprador y mereceríamos el calificativo de estafador.
                O, si invocáramos falsos conocimientos de botánica, atribuyéramos al jazmín y al ciprés una suerte de particular y exclusiva simbiosis, los otros que han trepado por los ficus y hasta por los pinos, nos desmentirían sin levante.
                Dejemos ahora a los jazmines y los cipreses y vayamos a otro tipo de simbiosis, aquella que debería manifestarse claramente en los acuerdos político-electorales. Si en la ciencia botánica, una simbiosis es la interacción, la relación estrecha y persistente entre organismos de distintas especies en la que los participantes salen beneficiados, los acuerdos electorales son también en política, una suerte de simbiosis entre distintas propuestas políticas en las que los participantes también salen beneficiados.
                Teniendo en cuenta, que un acuerdo político-electoral, es en última instancia  una suerte de dirección que se termina dando al voto del ciudadano, debería ser muy claro para ellos a donde va y para qué. Quienes no participan del armado de los mecanismos electorales, al menos para la salud de la democracia, deberían eso: qué los cipreses no dan las flores del jazmín.

                De no ser así, seguramente el descreimiento en la política se potenciará, sobre todo en quienes buscaron en la izquierda otra forma de hacerla.

ANTE LA CONSIDERACION DEL “ASUNTO SINDICAL” POR EL C.C DEL PVP.

ANTE LA CONSIDERACION DEL “ASUNTO SINDICAL” POR EL C.C DEL PVP.

Consideraciones previas.

1.- Estas opiniones tienen una limitación importante: no son el producto de una reflexión colectiva como hubiera sido deseable. Sin embargo pueden tener algunas ventajas: no están condicionadas por ciertas lógicas propias de la vida cotidiana de un sindicato en particular (no se emiten desde una representación sindical), y provienen de un área de la actividad del PIT/CNT , la Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales. Dicho de itra manera, no se emiten estas opiniones, desde una representación sindical (ni siquiera de una agrupación gremial) que puede - en algunos casos -, implicar la existencia de determinaciones de organismos o colectivos organizados en torno a un sindicato o federación.

¿Qué implicó en el pasado para  una organización política la consideración del “asunto sindical”?

3.-”. En los años 60 y 70, las estrategias, las tácticas, los métodos, las formas, y el poder sindical que se tenía o aspiraba tener para llevarlas a cabo, estaban estrechamente vinculadas a las formas en que las organizaciones políticas de izquierda pensaba e intentaba resolver cómo llegar al poder. Es a partir de esa lógica que principalmente se construyeron y se legitimaron las corrientes sindicales

4.- En una de las corrientes sindicales con las cuales en el pasado manteníamos estrechos vínculos de pertenencia según el papel que le atribuían a las “masas” (o al papel de la clase obrera), se expresaron en su interior matices diferenciadores importantes (recordemos la frase del “loco”, de que la clase obrera no será furgón de cola en los años previos a la dictadura y las discusiones  del Encuentro de la Tendencia Combativa de la CNT en el Exterior de enero de 1979 en Paris).

5.-En los años 60 y 70, existió una clara y esquemática línea divisoria que ubicaba a los sectores políticos en dos campos: los llamados revolucionarios y los reformistas (o en una de sus vertientes “oportunistas” o “revisionistas”. Mientras que los primeros apostaban y trabajaban articulando tácticas y estrategias de asalto al poder mediante la acción revolucionaria, los segundos centraban sus expectativas y por ende desarrollaban estrategias y tácticas, fundamentalmente en el avance y el triunfo electoral.

6.- El triunfo de la vía electoral en Chile, atenuó de forma importante el impacto dinamizador que la revolución cubana había producido en importantes sectores de la izquierda no vinculada e la Unión Soviética.

7.-En correspondencia con esas orientaciones político-partidarias, el movimiento sindical estuvo constantemente problematizado en torno a las tensiones que una y otra estrategia producían en su interior. En la visión de las corrientes con las que nos identificábamos, los sectores revolucionarios, eran sindicalmente los más combativos y los reformistas, los “conciliadores”, los patrinqueros. Desde el otro lado, los combativos éramos los “aventureros irresponsables” y ellos los “responsables”. Concluir a partir de esas visiones, quienes eran los custodios de la “unidad”, no fue una tarea que ofreciera dificultad.

8.-Durante esos años, el campo del llamado “reformismo”, era ocupado en exclusividad por una sola corriente político-sindical (la llevada a cabo por el PCU). El otro campo estuvo poblado por distintas opciones político-sindicales, que resolvían su diversidad a partir de tener un adversario común muy fuerte. Eso explica el llamado “TOCOCO”(todos contra los comunistas).

9.-Hasta la aparición en el escenario político del Frente Amplio, en el que se articulaba un complejo proceso de unidad de la inmensa mayoría de la izquierda, las tensiones dentro de la llamada Tendencia habían sido bien administradas.

10.- Una inflexión en ese mapa, se produce a partir de la irrupción del Frente Amplio. El sector combativo se fractura, y la tendencia ve disminuida su fuerza a partir de la creación de la “Corriente”. Esa separación o marginación de aquellos sectores – como la ROE-, que no se sumaron a la propuesta del Frente Amplio, no implico, una ruptura tal que atenuara profundamente la histórica confrontación con el reformismo de cuño soviético.

11.- ¿Cuál era esquemáticamente el “producto” que pretendía generar una y otra estrategia en el seno del movimiento sindical? Por un lado más votantes, y por otro, mas “combatientes”. Mientras que la primera tenía su “vidriera” en la institucionalidad del Estado representada por el Parlamento, el segundo, lo tenía en aspectos extra Estatales (la acción de la guerrilla).

12.-La instalación de la dictadura, atenuó y oculto durante mucho tiempo, los efectos que en el campo sindical produjo la derrota de la estrategia foquista del MLN. Estos si se produjeron, con moderados efectos, en las divisiones del propio MLN (Nuevo Tiempo, grupo Proletario, etc); y posteriormente la aparición del seispuntismo).

13.-Sin embargo, uno y otro campo de las corrientes sindicales, estaba atravesado por una mayor o menor incidencia de aspectos más propiamente “sindicales”, como le son la autonomía relativa de los sindicatos del partido, las formas democráticas de decisión, la participación, etc.

14.-En lo que no es particular, el acercamiento primero y la adhesión posterior al Frente Amplio, nos llevó necesariamente a un acercamiento a una línea sindical y política que nos alejo resueltamente de sectores extrafrentistas y ex compañeros muy fuertemente anclados en visiones anarcosindicalistas. Estos, por otra parte en los primeros años de la restauración democrática, eran casi insignificantes.

15.- De lo expuesto debemos concluir que las corrientes sindicales actuales poco o nada tienen que ver con estrategias de toma del poder como en el pasado, por lo que es casi imposible articular acuerdos con sectores o estrategias extrafrentistas.

¿Qué implicó hoy para  una organización política la consideración del “asunto sindical”?

16.- En la actualidad a partir de que la izquierda llegó al gobierno y parece alejada la posibilidad de pensar resolver el tema del poder con una revolución armada, el papel de la acción sindical pensada desde la organización política que integra el gobierno, debe ser analizada desde otros parámetros.

17.-Responder a: ¿Qué es lo que explica la existencia de corrientes sindicales hoy?, es un punto ineludible de una reflexión sobre la cuestión sindical desde una organización política.

18.-Otro aspecto ineludible lo constituye el tener una respuesta a : ¿Cuál es el papel político del sindicalismo con un gobierno de izquierda o progresista?

Una mirada retrospectiva sobre nuestro pasado para definir nuestra actualidad.

                19.-El proceso de unificación sindical de setiembre de 1964, fue posible a partir del reconocimiento de la autonomía de cada sindicato y el compromiso de cumplir los acuerdos logrados, con un compromiso de coordinación, con garantías para todas las organizaciones y con una representación en los cargos permanentes de todas las tendencias.

                20.- Una perversión de esos principios, llevó actualmente a mi entender a que la representación de las distintas tendencias - combinada con una mala entendida autonomía de los sindicatos en su actuación en el PIT/CNT -, a que las aéreas de trabajo del PiT/CNT se hayan transformado en centros de poder autistas.

                21.-No esta en discusión la autonomía de cada sindicato en lo relativo a su política sindical y la representación de las distintas corrientes, lo que si hay que combatir es la autonomía de la acción de los distintos frentes de trabajo del PIT/CNT para realizar las políticas del mismo, porque ello afecta un aspecto escencial de toda política: la unidad de acción.

                22.- En sus orígenes la cristalización del proceso de unificación debió superar dos obstáculos importantes: Una visión que ubicada a el PCU fuera del campo popular y por ende al margen de toda posibilidad de acuerdos con ellos; y por otro lado concepciones  equivocadas a cerca del papel  real de las organizaciones sindicales que le atribuían definiciones políticas e ideológicas restrictivas. Esas concepciones estaban en el campo de nuestra influencia( la Tendencia). Mientras que en el campo del PCU, la tentación siempre presente en el pasado, y algo atenuada en nuestros días, de que una acción sindical que propendía a una influencia directa y hegemónica del partido.

                23:- Ni su existencia en el pasado, ni los resabios y las tentaciones de esos elementos en el presente, invalidan que para nosotros sigue siendo una concepción irrenunciable que la lucha unitaria de los trabajadores constituye una necesidad de carácter estratégica.

                24.-En el pasado nuestro punto de partida estaba en la necesidad de desarrollar en el seno del movimiento obrero una prédica que confrontara las distintas concepciones y puntos de vista en torno a los caminos  que debía recorrer ese movimiento en el marco de un proceso revolucionario. Por eso propendíamos a la concreción de coordinaciones con sectores que compartían la necesidad  de un política y una metodología  que no subordinada  el papel del movimiento sindical en las expectativas puestas en una práctica fundamentalmente parlamentaria y legal. Por otro lado la percepción correcta de lo que se venía - una ofensiva reaccionaria  que caracterizábamos de “dictadura constitucional”-, nos llevaba a concluir que el movimiento obrero debía prepararse para combatirla. Cabe preguntarse si lo que hoy esta en cuestión ¿son los caminos, las vías de un proceso revolucionario? Lo que esta en cuestión es ¿una ofensiva reaccionaria?

                25.- La respuesta a esas interrogantes hace 46 años, fue la que dio origen a la ROE. ¿Cuáles son las respuestas hoy?

                26.- No pretendimos con estos apuntes, dar una receta, sino ubicar algunos de los problemas e interrogantes que deberían estár planteadas.

Raúl Olivera